La ‘guerra fría’ por las cortes de Guatemala llega hasta Ginebra

Ante ello, varios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han solicitado, a través de una carta, la intervención del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dr. Diego García Sayán, para que haga un llamado de carácter “urgente” para que la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, los diputados del Congreso de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respeten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, así como los estándares internacionales en materia de independencia de jueces y abogados.

De acuerdo con los solicitantes, la inobservancia del Relator de la ONU podría conllevar a graves responsabilidades internacionales para Guatemala. Además, consideran indispensable que en dicho llamamiento se le pida a la Fiscal General del MP “ser coherente con sus propias decisiones”. 

“De manera insólita dicha funcionaria está intentando iniciar acciones penales contra una decisión que la ampara a ella misma. La base de su petición es absolutamente espuria, ya que conforme a la Ley de Amparo y Constitucionalidad – y la jurisprudencia correspondiente – como garantía del principio de independencia judicial, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las opiniones o las decisiones que ellos adoptan en legítimo ejercicio de su cargo”, indican en la misiva. 

Asimismo, los ciudadanos e instituciones de la sociedad civil que firman ese documento hacen la petición al Relator de viajar al país, “a fin de que usted pueda tener mejores elementos de juicio en el informe a la Alta Comisionada y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, afirman. 

Algunos de los firmantes de la solicitud al Relator de la ONU son: 

Jorge Mario García Laguardia, ex Procurador de Derechos Humanos, ex Presidente Corte Constitucionalidad

Helen Mack, abogada, defensora de los derechos humanos

Hugo Maúl Figueroa, ex presidente Corte Suprema de Justicia, ex magistrado Tribunal Supremo Electoral

Rodolfo Rohrmoser, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, ex embajador

Claudia Escobar, ex magistrada Corte de Apelaciones, especialista legal en anti corrupción

Manfredo Marroquín, Presidente Emérito de Acción Ciudadana, experto en anti-corrupción

Gabriel Orellana Rojas, ex Canciller, profesor de derecho constitucional

Fernando Carrera, ex Canciller, ex embajador

Alfonso Cabrera Hidalgo, ex Presidente del Congreso, ex Canciller

Edgar Gutierrez, ex Canciller, analista político, columnista

Ana Isabel Prera, ex Secretaria General Corte Suprema de Justicia, ex Ministra de Cultura, ex embajadora

Anamaría Diéguez, ex vice canciller, ex embajadora

Francisco Villagrán de León, ex embajador, Profesor Universidad George Washington

Fernando González Davison, escritor, ex embajador, miembro Consejo Consultivo de IRIPAZ

Karen Slowing Umaña, médica salubrista, ex Secretaria General Secretaría de Planificación Económica

Marta Elena Casaús, vice presidenta Fundación MAG, investigadora social, Profesora U. de Madrid

Irma Alicia Velásquez Nimatuj, Profesora de Antropología, columnista

Jonathan Menkos, Economista, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

Carolina Escobar Sarti, columnista, investigadora y defensora derechos humanos

Jorge Morales Toj, abogado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas

Gustavo Berganza, sociólogo

Dante Liano, Premio nacional de literatura

Ana Maria Rodas, Premio Nacional de literatura

Ramón Cadena, defensor de derechos humanos, Comisión Internacional de Juristas

Frank La Rue, asesor legal Fundamedios, ex Relator de ONU para la Libertad de Expresión

Mauricio Chaulón Velez, investigador, profesor Universidad de San Carlos

Edelberto Torres Escobar, investigador social

Alejandra Colom, Antropóloga, Profesora Universidad del Valle

Trudy Mercadal, investigadora en ciencias sociales

Avanzan antejuicios 

El pasado 26 de agosto se conoció que el Juez Noveno de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer las solicitudes de retiro de inmunidad en contra de seis magistrados de la CC, por lo que dichas peticiones fueron trasladadas a la Corte Suprema de Justicia. 

Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Cristina Fernández, Mynor Par Usen y Neftalí Aldana fueron los togados denunciados por el MP como parte del trámite a una denuncia. 

Los magistrados de la CC son señalados por otorgar un amparo con el que detuvieron el trámite de otro antejuicio planteado en su contra. Ese amparo se basó en que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones expresadas en un fallo judicial.

Dicha acción se derivó de una solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC por otorgar un amparo al MP que ordenó al Congreso de la República cumplir con los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para elegir a los nuevos integrantes de la CSJ y Cortes de Apelaciones.