En medio del proceso para elección de magistrados y jueces, la FECI lanzó una bomba que explotó pero no hizo ruido. Gustavo Alejos fue sorprendido en reuniones clandestinas con personas involucradas en la actual elección de jueces y magistrados. A pesar del escándalo, no hay intención política en el Congreso de detener un proceso que perdió toda su legitimidad.
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Los comisionados y grupos de sociedad civil vigilantes del proceso están indignados por la manera en que, una vez más, la elección de jueces cayó en manos de operadores y grupos espurios. A pesar de eso, están dispuestos a continuar con el procedimiento establecido por la ley.
Estas son las preguntas y respuestas para entender qué viene ahora en la elección de jueces y magistrados:
1. Las nóminas ya están listas a pesar de los hallazgos que ponen en duda la legitimidad del proceso, ¿qué pasará ahora?
Los jueces y magistrados debieron ser nombrados antes del 13 de octubre del año pasado. Pero una serie de recursos legales hizo retroceder el proceso. Desde entonces han transcurrido 130 días, que son días extra en el cargo para los actuales magistrados.
El Congreso ya tiene en sus manos las nóminas de finalistas para la Corte Suprema de Justicia y para las Salas de apelaciones. La postuladora para las Salas de apelaciones entregó el listado final de 270 personas la noche del 14 de febrero. Y la noche del miércoles 19 de febrero, la postuladora de la CSJ envió los expedientes y nombres de los 26 finalistas.
Según la Ley de Comisiones de Postulación, una vez se conforme el listado de finalistas, estos nombres deben ser publicados en el diario oficial y a partir de esa publicación corre un plazo de 72 horas para que se presenten impugnaciones contra los aspirantes. Y en otras próximas 72 horas, los comisionados deben conocerlas y resolverlas.
Después de que la FECI presentó fotografías de los comisionados Romeo Monterrosa y Dennis Herrera, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) preparó una impugnación en contra de Monterrosa, quien fue seleccionado como candidato finalista para salas de apelaciones.
La nómina de la CSJ aún no ha sido publicada. Aún existe la posibilidad de que la postuladora reciba impugnaciones que modifiquen el listado final. En el caso de la elección de cortes, este jueves 20 de febrero es el último día para recibir impugnaciones.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, advirtió que el plazo para las impugnaciones será el momento en que la sociedad civil pueda accionar contra aquellos aspirantes que fueron seleccionados pero que figuraron en los hallazgos revelados por la FECI. Por ejemplo, Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien según la Fiscalía, se reunió con Gustavo Alejos pero fue incluido en la nómina de la CSJ.
Ante el retraso en el proceso, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció los plazos para agilizar la elección. El 20 de febrero se cumplió el plazo para que la postuladora de la CSJ entregara el listado final. En cambio el Congreso no tiene una fecha límite para realizar esa votación.
Según Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el tiempo que el Congreso se tome depende de los acuerdos a los que lleguen en la instancia de jefes de bloque.
Hasta ahora, el Congreso no ha anunciado la fecha en la que se realizarán ambas votaciones. Los candidatos deben ser electos con más de 80 votos. Esta semana, los diputados anunciaron que se concretarán en hacer grabaciones de video a los 270 aspirantes a salas de apelaciones para conocer sus ideas y propuestas.
Les compartimos el proceso para la grabación de entrevistas de los 270 aspirantes a salas de Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría.
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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 20, 2020
Incluso, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró que no tienen ninguna prisa para hacer la elección y que se tomarán su tiempo para conocer a los más de 300 candidatos.
2. Con el antecedente de la aprobación de las reformas a las oenegés, ¿cómo quedan las alianzas del Congreso en el tema de las cortes?
Un día después de tomar posesión en sus cargos, los diputados del Congreso dejaron ver las dos grandes alianzas que se conformaron para la elección de una nueva Junta Directiva.
Por un lado, una dominada por el oficialismo de Vamos y la otra por el grupo de la UNE que le declaró la guerra a Sandra Torres.
El partido que logró más escaños dentro del hemiciclo es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Con 52 diputados electos es la bancada más grande y, de no ser por sus divisiones internas, estaría a 30 votos de dominar las votaciones para elegir a los futuros jueces y magistrados.
El problema es que el martes de esta semana 20 de ellos se confirmaron como aliados de Sandra Torres, quien opera junto a Gustavo Alejos para elegir las nuevas cortes. El otro grupo de la UNE está liderado por Orlando Blanco, Carlos Barreda y Mario Taracena.
La fragmentación obligó a la UNE a buscar alianzas con partidos pequeños, desde la elección de la Junta Directiva del Congreso. Las bancadas Semilla (7 votos), Creo (6), Viva (1), Podemos (1), Urng (3), Winaq (4) se aliaron con la UNE en la votación del 15 de enero, para elegir a la nueva directiva del Legislativo y podrían concretar una nueva negociación.
La segunda alianza es la que está liderada por Vamos, la bancada oficial conformada por 17 diputados. Desde el día uno de trabajo, Vamos mostró estar en sintonía con la UCN (12 diputados), Valor (9), Todos (7), FCN (7), Humanista (6), Unionista (3) y Prosperidad Ciudadana (3). Además, lograron acuerdos con 6 diputados de la UNE, liderados por Estuardo Vargas. Pero ahora ese número podría haber aumentado a 20.
En la reciente y polémica votación del Congreso, para aprobar una ley que criminaliza a las oenegés, se confirmaron alianzas entre los partidos más cuestionados.
Todos, Vamos, Podemos, Prosperidad Ciudadana, Unionista, Viva, UCN, FCN, Humanista y Valor fueron las bancadas que apoyaron la propuesta de Felipe Alejos para revivir una iniciativa que pone en riesgo a organizaciones civiles.
Los partidos en contra fueron Winaq, Semilla, URNG, MLP y Creo se opusieron. Mientras tanto la UNE y algunos de los partidos más pequeños siguen dividiendo sus votos.
Esto configura un panorama de cómo podrían realizarse las alianzas para elegir las próximas cortes.
3. ¿Qué puede detener la elección de jueces?
Un día después de que la FECI mostrara fotografías de cómo Gustavo Alejos se reunió, apenas 5 días atrás, con actores implicados en la decisión de quiénes integrarán las cortes y salas, la legitimidad del proceso quedó en duda.
Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Projusticia, sostiene que legalmente el proceso debe seguir como hasta ahora. Especialmente cuando hay una resolución de la CC en la que ordena plazos específicos para estas elecciones.
—Además, no hay ninguna acción, ni legal, ni de amparo que frene los procesos. Pero, por supuesto, se confirma que es una podredumbre y que es asqueante lo que sucede en el contexto de las postulaciones, por supuesto que sí—, agrega. .
Es decir, aunque el proceso haya perdido toda legitimidad y haya evidencia para sospechar de varios actores involucrados en él, la elección debe seguir su marcha.
—Mientras la FECI no judicialice esto es simplemente una investigación que apenas está empezando, que afecta la legitimidad de los procesos, por supuesto, pero no hay ninguna fuerza legal que frene este proceso. Es más, tal cual están las cosas, la comisión tiene que terminar pronto para terminar el listado y entregarlo al Congreso en el plazo establecido que se vence mañana—, sostiene Ibarra.
Helen Mack también considera que, a pesar de las acusaciones, por el momento no es pertinente ni probable repetir todo el proceso. Hasta ahora tampoco se han presentado recursos para intervenir en la elección.
—Es mejor seguir y exigir que continúe la depuración y hacer presión para que el Congreso retire a los candidatos que pudieron colarse y que, de alguna forma, fueron señalados por la FECI. Pero no tiene sentido repetir el proceso porque el sistema es el mismo y los involucrados ya saben cómo burlar ese sistema—,opinó.
En un comunicado, el movimiento Projusticia volcó la presión hacia la nueva legislatura del Congreso, que tiene en sus manos la posibilidad de debatir las nóminas ya que “tendrán frente a sí listados de candidatos determinados por negociaciones espurias y redes criminales”.
Pero, ¿podría existir una depuración desde el Congreso?
Samuel Pérez, diputado de Semilla, no tiene un panorama tan optimista.
—Es complicado porque no vemos mucha voluntad de hacer una depuración. A largo plazo la opción sería buscar cambios en lo estructural, cambiar el modelo hacia reforma al sector justicia, explicó.
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