Los 7 consejeros que retrasaron la elección de jueces y magistrados

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Hace 23 días, la Corte de Constitucionalidad (CC) corrigió la plana a dos procesos: la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la de Salas de Apelaciones. Mediante una resolución pidió que suspendieran los avances y ordenó que, en ambos casos, se repitiera casi todo el trabajo. El argumento fue que no se habían realizado con apego al procedimiento establecido por la ley.

En vano fue el esfuerzo de los comisionados en acelerar el paso para analizar los expedientes y enviar las nóminas al Congreso antes del 23 de septiembre pues ambas elecciones dieron marcha atrás para enmendar un error grave: no tomar en cuenta las evaluaciones de todos los jueces y magistrados que el Consejo de la Carrera Judicial, por ley, debería presentar a ambas comisiones.

A inicio del proceso, los integrantes de las comisiones de postulación tenían que recibir una nómina con todos los expedientes de jueces y magistrados aspirantes con documentos adjuntos sobre sus años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, detalles sobre su especialización y una calificación —satisfactoria o sobresaliente— del desempeño profesional. Con esa documentación los comisionados tendrían información suficiente para entender el perfil de cada uno de los participantes.

Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Nadie evalúa el desempeño en el OJ

En uno de sus primeros artículos, la Ley de la Carrera Judicial establece que una de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) —un órgano rector— es la siguiente:

“Evaluar el desempeño de jueces y magistrados, de conformidad con un sistema idóneo que se establezca para el efecto”.
Con estas cortas líneas, la ley le da potestad a siete profesionales que integran el CCJ para regular el ingreso, permanencia, promoción, ascenso y capacitación de jueces y magistrados. Para ejecutar esa función deberían, primero, elaborar un reglamento que establezca el mecanismo de evaluación.

El problema es que después de casi dos años de haber sido nombrados y juramentados, los siete consejeros no han emitido ningún reglamento y, por lo tanto, nadie ha sido evaluado hasta la fecha. Por esa razón, los integrantes de las comisiones de postulación nunca recibieron expedientes de los aspirantes a jueces y magistrados, pues hasta la fecha no hay un mecanismo para hacer esas evaluaciones y documentar el desempeño de estos juristas.

Básicamente, la ley ha sido incumplida.

Eso motivó a la Fundación Myrna Mack a presentar una petición ante la CSJ para pedir la remoción de los siete integrantes del Consejo, por negligencia y por no cumplir con sus funciones.

La Fundación Myrna Mack presentó una solicitud para que se remueva a los siete integrantes titulares del Consejo de la Carrera Judicial indicando que han incumplido en la emisión del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial. pic.twitter.com/LrD6bUzK7n

— Diario La Hora (@lahoragt) October 9, 2019

“Denunciamos una situación que está colocando al país en un estado anárquico toda vez que la obligación de evaluar a jueces está en la Ley de la carrera y no se ha llevado a cabo una adecuada evaluación porque no hay reglamento y el reglamento es responsabilidad de los consejeros. A mí me llama la atención que habiendo transcurrido un tiempo razonable no se haya hecho esa evaluación si están clarísimas cuáles son las atribuciones de estos consejeros. Lo que veo es negligencia y una manifiesta incapacidad”, cuestionó Andy Javalois, representante de la Fundación Myrna Mack.

Las evaluaciones: un filtro en la elección de jueces y magistrados

Aunque las evaluaciones a los abogados que ocupan altos cargos dentro del Organismo Judicial parezcan un simple trámite, su razón de ser es clara.

—La evaluación del desempeño por parte de los magistrados tiene varios objetivos, quizás los más importantes son determinar que efectivamente el usuario final —la ciudadanía— está recibiendo un servicio de calidad en la administración de justicia, es un servicio esencial a la población que no puede suspenderse y que debe de ser de calidad para garantizar un estado de derecho.

Así explica José González, coordinador de Impunity Watch, la importancia de que exista un mecanismo de rendición de cuentas de este tipo.

Estar bajo el constante escrutinio y vigilancia garantiza que, por ejemplo, un buen magistrado o un buen juez tengan la seguridad de que un trabajo honorable y destacado será compensado. Y, por el contrario, que quienes no han tenido un desempeño satisfactorio no puedan continuar. Es un sistema pensado para asegurar a los mejores juristas.

La politóloga Stephanie Rodríguez comparte esa idea:

—Las evaluaciones a jueces y magistrados son importantes, más en medio de un proceso de comisiones de postulación porque a partir de ese mecanismo (que aún no existe) se sabrá quién tiene los mejores atributos para ser magistrado de Sala o de CSJ. Y tiene que ser un mecanismo de altos estándares académicos, profesionales y éticos.

Pero a algunos representantes de la sociedad civil, la negligencia de los miembros del Consejo no solo genera molestias, también sospechas.

Álvaro Montenegro, integrante de Justicia Ya, destaca que la petición de la Fundación es válida porque hay evidencia sólida para señalar que los consejeros han incumplido con sus obligaciones y, además de eso, han afectado el proceso de comisiones de postulación.

—Cómo te explicas que después de pasar dos años sin hacer un reglamento, elaboren una propuesta en uno o dos días (cuando se acercaba el proceso de comisiones). Esto deja ver que hubo una mala fe en no hacer el reglamento durante dos años. Hay que entender que las evaluaciones permiten hacer una ponderación objetiva de los aspirantes y con este contexto parece que buscan favorecer a ciertas personas al negarse a hacer las evaluaciones, asegura Montenegro.

Tres intentos fallidos

En una entrevista a Prensa Libre, Carlos Guerra, el presidente del CCJ, intentó explicar que el atraso en la creación de ese reglamento se debía a situaciones ajenas a los consejeros.

Acá una de las preguntas:

—¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron para hacer el reglamento de evaluación?
—El 26 de noviembre del 2016 entra en vigencia la Ley de la Carrera Judicial y el consejo que ya trabajaba pasa a ser de transición mientras se elegían a los nuevos consejeros. El 9 de enero del 2017 la CC emite una respuesta a la opinión consultiva en la que pide al Congreso modificar ciertos artículos sobre todo a la integración del consejo, para ese entonces ya había transcurrido un año que tenía la Corte Suprema de Justicia para emitir el reglamento de la Carrera Judicial.

Guerra dijo que la aprobación de un reglamento dependía la buena voluntad de los magistrados de la CSJ. No obstante, la Corte tiene otra percepción.

Desde enero a la fecha, en tres ocasiones el Consejo de la Carrera Judicial ha intentado que la CSJ apruebe su propuesta de reglamento pero el documento ha sido rechazado.

La última versión la enviaron el 19 de septiembre y fue rechazada por inconsistencias jurídicas. Ante las dudas, la CSJ explicó sus argumentos en un comunicado:

• Contiene errores de forma, evidencia negligencia, falta de objetividad e imparcialidad en su elaboración.
• No cumple con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Carrera judicial, referente a los instrumentos y técnicas objetivamente diseñados y certificados, de conformidad con estándares nacionales e internacionales.
• Contraviene normativas vigentes y por lo tanto podrían dar origen a hallazgos por parte de la entidad fiscalizadora del Estado.

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La CSJ conoció en la sesión del jueves 10 de octubre la petición de la Fundación Myrna Mack y decidió: referir la solicitud al MP para que determine si se cometió algún delito y también referirlo a la gerencia de recursos humanos del OJ para que los hechos denunciados sean investigados.

Mientras tanto, el proceso de comisiones avanza a paso acelerado desde el Congreso de la República y esta semana la Corte de Constitucionalidad advirtió que si para el 12 de octubre todavía no se han definido a los nuevos magistrados de la CSJ y de salas de apelaciones, los que ocupan esos cargos actualmente deberán continuar en sus funciones.