La USAC y su intento por acabar con la toma de instalaciones y la protesta estudiantil

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Organizaciones estudiantiles y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) están preocupadas porque el Consejo Superior Universitario discutió la “necesidad” de aprobar un protocolo para no permitir la toma de instalaciones universitarias.

A finales de julio de este año, el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) lideró la toma de varios edificios de la USAC, como una medida de rechazo y protesta a la gestión del rector Murphy Paiz.

Entre otras cosas, los estudiantes denunciaban una serie de medidas para privatizar los servicios de una institución pública, la politización de la Universidad y el retraso de una reforma universitaria.

La toma duró más de un mes y culminó en una victoria para los estudiantes. Las autoridades universitarias perdieron el pulso y se comprometieron a atender 18 demandas de estudiantes, catedráticos y trabajadores.

Tres meses después, la administración de la Universidad no ha cumplido la totalidad de los compromisos. Lo más probable es que no lo hagan, pues lejos de avanzar en el cumplimiento de las 18 peticiones, están por aprobar un protocolo para evitar que los estudiantes tomen las instalaciones al percatarse de que el pacto que interrumpió la toma se quedó solo en papel.

—Luego de una lucha legítima de meses atrás, pretenden aprobar un protocolo que deja a los y las estudiantes en condiciones de vulnerabilidad contra las arbitrariedades de las autoridades universitarias, manifestaron los representantes de la AEU, electa en octubre pasado.

El 14 de noviembre, el CSU discutió la propuesta de un protocolo estratégico para prevenir la ocupación de las instalaciones de la Universidad e incluso pensaron en cuáles podrían ser las motivaciones de los estudiantes para ocupar nuevamente los edificios:

• Incumplimiento de acuerdos en las mesas de diálogo
• Solicitudes de diferente índole no atendidas por las autoridades
• Inconformidad a gestiones realizadas por la administración central y centros universitarios
• Desacuerdos entre grupos estudiantiles.

Según la AEU, el punto 1 evidencia que el CSU pretende incumplir con los acuerdos alcanzados y esta normativa pretende evitar medidas de hecho.

• Leé este perfil: Murphy Paiz, el constructor ausente que dirige la USAC, por Kimberly López

¿Por qué es preocupante?

La propuesta de activar un protocolo estratégico para prevenir las ocupaciones de las instalaciones de la Universidad, suena bien si se interpreta como una forma de evitar que se detengan las actividades académicas de los estudiantes o para evitar actos delictivos.

Sin embargo, la manera en que está siendo planteada esta idea parece más una herramienta para intimidar a los grupos de estudiantes que intenten tomar acciones para manifestar resistencia contra los abusos de las autoridades.

Ante ese riesgo, las reacciones de los estudiantes fueron inmediatas.

El CEU, la agrupación que lideró la toma pasada, se manifestó a través de un comunicado.

“Exigimos depongan la creación del “protocolo” por su naturaleza polarizante y violadora de derechos. Asimismo, instamos a los miembros del CSU a ocupar su tiempo y atención en resolver los problemas de fondo de la Universidad y pronunciarse por los señalamientos que hacen a algunos de sus elementos más activos”.

En un pronunciamiento a través de redes sociales, los representantes de la AEU explicaron que su preocupación radica en que exista intención de callar las voces estudiantiles:

“La oposición a estas medidas no constituye un aval para actos delictivos que puedan darse por grupos ajenos al movimiento estudiantil, que, valiéndose de medidas de hecho, cometan actos en contra de la Universidad y de las y los estudiantes. La oposición radica en la defensa de los intereses del estudiantado, que contra los abusos de sus propias autoridades y como única medida que coloca en iguales condiciones estudiantes y autoridades, recurren a esta medida legítima para que sus voces sean escuchadas”.

¿En qué consiste el protocolo?

El protocolo contempla la necesidad de formar una comisión específica de mediación y negociación para prevenir los conflictos y de medidas de hecho, que deberá ser creada por el CSU.

Su función principal será buscar acercamientos y lograr la conformación de una mesa de diálogo para llegar a acuerdos con los representantes de las organizaciones de la USAC.

Sin embargo, en caso de que esa negociación no funcione y las instalaciones sean ocupadas, establece una serie de medidas. En principio, convocar al CSU para dialogar con la organización que tenga tomadas las instalaciones. Pero si eso funciona, las dependencias académicas y administrativas estarán autorizadas para tomar “las medidas necesarias a efecto de continuar con sus actividades, utilizando todos los medios a su alcance”.

En esa etapa es donde podrían existir represalias y medidas contra los estudiantes involucrados.

Finalmente, el protocolo ordena la integración de una comisión de verificación de las instalaciones.

La integrarían un profesional de la Dirección General de Administración, un profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos, un profesional de Auditoría Interna, un delegado del Instituto de Derechos Humanos de la USAC y un representante (si lo desea) de la organización que ocupa la Universidad.

“En caso de daños o hechos que se consideren constitutivos de delitos se harán las denuncias respectivas a los órganos competentes”, advierte el documento.

Estudiantes en las instalaciones del campus central.

• Gráfico: ¿Por qué protestaron los estudiantes de la USAC?, por Diego Orellana Xocop

¿Quiénes están detrás de esta propuesta?

El rostro detrás de esta propuesta es el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante el CSU: Juan Carlos Godínez Rodríguez, conocido en los círculos universitarios pero no precisamente por su honorabilidad.

En 2015, el periodista José Rubén Zamora, del diario elPeriódico, advirtió de sus intenciones por llegar a ser representante del CSU (el cargo que ocupa hoy):

“Hoy se realiza la segunda vuelta para elegir al representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Uno de los dos finalistas es el abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, miembro destacado del llamado “Grupo de Mixco”, una cofradía oscura de abogados especialistas en infiltrar y corromper instituciones públicas. Godínez fue secretario municipal del partido Victoria, propiedad de la familia Rivera en Mixco, y que en estas elecciones vuelven por sus fueros bajo la protección del partido Lider. Al dejar el cargo en esa Municipalidad, un extraño incendio desapareció toda la papelería que lo pudo haber implicado en actos de escandalosa corrupción. La CICIG lo ha descalificado en dos ocasiones, la última, el año pasado, por su impresentable trayectoria como abogado y casos demostrados de tráfico de influencias”, publicó en una columna de opinión.

Además, mientras avanzaba la elección de magistrados desde las Comisiones de postulación, Alianza por Reformas presentó varias tachas contra un grupo de aspirantes que fueron comisionados en el sospecho proceso de elección de cortes de 2014, entre ellos Juan Carlos Godínez Rodríguez.

Esa elección culminó en el caso “Comisiones Paralelas”, investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Godínez Rodríguez y cuatro integrantes del CSU fueron designados para integrar una comisión que trabajará en la propuesta final de ese protocolo.

Los otros miembros son: Waldemar Nufio Reyes, decano de la Facultad de Agronomía; Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Liliana Magaly Vides, representante del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala;

Javier Augusto Castro Vásquez, representante estudiantil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Víctor Hugo Mayen García, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

El decano Gustavo Bonilla fue acusado de haberse beneficiado de una plaza fantasma en el MP, durante la gestión de Thelma Aldana.

Víctor Hugo Mayen García es conocido por su cercanía con el partido TODOS y por haber participado como candidato a concejal para la corporación municipal, con ese partido. Desde 2016 figura como profesional contratado por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha ha recibido más de Q200 mil.

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El CSU se reúne en la Antigua Guatemala, lejos del campus universitario y de los grupos estudiantiles. En su agenda tienen contemplado conocer y aprobar la propuesta final de este protocolo. Ante ese riesgo, la petición de los estudiantes para el CSU es clara:

“Que se abstenga de aprobar medidas que perjudiquen las luchas legítimas, que son derecho de las y los estudiantes, que resisten contra los abusos de las autoridades universitarias que solo velan por los intereses propios y no de la comunidad universitaria”.