#CambioYa… Pero también en el sector privado organizado

Sin embargo, en este contexto de protesta, controversia e intriga, poco se habla de los atisbos del cambio que parecen aflorar al interior de otro actor cuyo papel preponderante en la actual crisis institucional es innegable. Me refiero al sector privado organizado en el CACIF. La responsabilidad de este actor no se circunscribe solamente al rol de algunos de sus miembros como clientes de la mafia de La Línea. Tiene una expresión más amplia y nefasta, y de mayor recorrido histórico, en el poder de influencia que tradicionalmente ha ejercido sobre el Estado. Tres características del sector privado organizado han condicionado su nocivo ascendiente: su ausencia de transparencia, falta de democracia interna y fragmentación de propuesta.

Su ausencia de transparencia se refleja principal, pero no exclusivamente, en sus negociaciones a puerta cerrada con el Estado. Produce el paradójico resultado de que, por un lado, el sector busca siempre posicionarse como uno de los principales interlocutores de la sociedad civil frente al “corrupto” poder político; pero por otro, es incapaz de rendir cuentas. Peor aún, sus opacas negociaciones con distintos actores estatales muchas veces engendran componendas que sacrifican el bien común a cambio de beneficios para algunos grandes grupos empresariales.

La falta de democracia interna es la segunda razón de peso por la cual la influencia sobre el Estado del sector privado organizado en el CACIF ha sido generalmente dañina. Un sector privado unificado, incluyente, modernizante y políticamente activo es necesario para el desarrollo económico del país. Sin embargo, la venia autoritaria de algunas de las grandes familias, sumada a la intransigencia de los grupos empresariales más conservadores, ha desbaratado cualquier intento de consensuar una agenda gremial modernizadora. En su lugar, las “propuestas” conjuntas del CACIF no son más que un ritual anual de copy-paste. Se mantienen inalterables a pesar de los enormes cambios económicos y demográficos que se han dado al interior del gremio, y sordas ante las exigencias e intereses de la gran mayoría de nuevos empresarios y emprendedores.

Por último, estas propuestas conjuntas no impiden que las cámaras y miembros individuales del CACIF busquen influenciar de manera independiente a los poderes del Estado.  Esta fragmentación es probablemente el principal veneno que el sector privado organizado le inyecta a la política pública. Es de amplio conocimiento que los partidos políticos son, en muchos casos, simples vehículos electoreros financiados por un par de familias pudientes. Y sus divergencias no sólo generan un clima de constante confrontación y ausencia de consensos. Absorben además a la clase política y burocrática que, en vez de liderar una necesaria transformación nacional, se ve obligada a tomar partido en las mezquinas rencillas y enemistades entre familias o cámaras empresariales.

No obstante, las últimas semanas nos han dado luces sobre algunos posibles cambios esperanzadores al interior de este actor tradicional. Por ejemplo, el CACIF y la Cámara de Comercio, la más grande e incluyente del país, se han reconciliado. Se la ha permitido además al presidente de esta cámara  tomar las riendas del CACIF, como le tocaba. Y este nuevo presidente ha manifestado, aunque tímidamente, que las investigaciones por el caso La Línea deben también incluir a los empresarios evasores.

¿Son estos hitos en la historia del sector privado organizado? ¿Estamos presenciando una necesaria regeneración de la organización empresarial? Sería prematuro ofrecer una respuesta definitiva. Los optimistas deben recordar que éste no sería el primer intento de reacomodamiento. Ya en el pasado, actores tan dispares como la AID de Estados Unidos y los azucareros guatemaltecos han intentado echar a andar proyectos de modernización del sector, con resultados mixtos.

Al mismo tiempo, la situación actual es, probablemente, más favorable que la de esos precedentes. Por un lado, los posibles atisbos de cambio representarían el colofón de un proceso de apertura más orgánico, que se viene gestando desde hace algunos años y que ha tenido entre sus principales capítulos el incremento del poder de nuevos miembros, como las cooperativas. Esto le da una mayor legitimidad y base de apoyo.

Por otro lado, el escándalo de corrupción de La Línea ha estremecido no solo los cimientos del Estado, sino también los del mismo sector privado organizado. Ha servido, sin duda, como catalizador de un reposicionamiento, forzando al sector privado organizado a adaptar el discurso, reconsiderar la tradicional defensa a capa y espada de todos sus miembros y, tal vez, acelerar los cambios internos. Queda por ver si este escándalo representará un punto de inflexión para la modernización tanto del Estado, como del sector privado organizado. Su éxito sería beneficioso no sólo para los mismos empresarios y emprendedores, sino también para el país.