¿Cómo se legalizaron futuras plazas fantasmas?

El miércoles 16 de julio, los diputados aprobaron las reformas a la Ley de Servicio Civil del Congreso. Con estas modificaciones se buscaba poner un freno a los abusos que se presentaban, con secretarias y conserjes que reciben hasta Q80 mil al mes. Ahora, cambiaron las reglas, pero no todo es para bien.

En el artículo 25 de la ley que contempla estas modificaciones, se habla directamente del uso de controles para comprobar la asistencia de los trabajadores permanentes, inscritos bajo el renglón 011. “Junta Directiva podrá aprobar la utilización de tarjetas de marcación para registrar cronológicamente los servicios prestados por el trabajador”, se lee en el apartado.

Pero las tarjetas de marcación no son el método de control asistencial más efectivo. No hay un control directo, ni indirecto. Un funcionario del Ministerio Público experto en casos de plazas fantasmas lo corroboró. Mediante estos comprobantes no se puede realmente registrar las horas de trabajo, ya que cada empleado se encarga de llenar y apuntar sus horarios de entrada y de salida.

Además no se ordena formular manuales, ni reglas para determinar qué empleados reciben este tipo de control de asistencia. Lo único que se específica en la nueva ley, es que debe ser autorizado por la Junta Directiva y será bajo responsabilidad del diputado que la solicite para sus empleados. Sin embargo, se permite en algunos casos el uso de tarjetas de marcación en lugar del sistema electrónico que contabiliza las horas y el tiempo que los trabajadores pasan en sus labores.

El funcionario del MP, dice que no tener un sistema confiable permite que los empleados no cumplan con los horarios, o peor aún, que ni siquiera se presenten aunque registren en las tarjetas que sí. Es en esto en lo que se basan los casos de las plazas fantasmas, en el nombramiento de personas que cobran sueldos por trabajos que no realizan. En este momento hay 6 diputados que enfrentan un posible retiro de su inmunidad por casos relacionados a la creación de plazas, que investiga la CICIG y el MP.

Los diputados actuales que podrían perder su inmunidad son: Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Marcelino García Chutá, Carlos López, y Christian Boussinot.

La CICIG explicó los casos así: “estableció que los integrantes de las juntas directivas del Congreso –en los años 2014 y 2015– efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades (...) una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas en el Legislativo”.

Un sistema de marcación poco riguroso y sin objetividad fomenta la inasistencia, y dificulta la fiscalización. Legaliza lo que antes era un delito.

Los otros goles de la reforma

Además de legalizar las tarjetas de marcación como método de asistencia, los diputados aumentaron el número de asesores que podrán contratar respecto de las reformas aprobadas en enero. Este año se había establecido que sólo se podía contar con 1 asesor por cada 4 diputados en los bloques legislativos. Ahora, pueden tener 1 por cada 3, lo que aumenta el número del personal.

Los diputados incluyeron dentro de las reformas a la Ley de Servicio Civil un artículo en el que se les permite solicitar a sus empleados apoyo en cualquier lugar de Guatemala. Lo que significa que pueden llevarlos con ellos para realizar lo que les soliciten.

El artículo explica que hay “personal asignado a trabajo específicos de carácter temporal y naturaleza transitoria para servicios determinados (…) que se extienden a los largo de todo el territorio nacional, en lo relativo a las funciones legislativas, de fiscalización, intermediación y las demás establecidas por la ley”. Esta reforma puede ser aprovechada por los diputados para recibir apoyo en sus campañas o en actividades que no tiene relación con su trabajo en el Congreso.

El caso de Judith del Rosario Ruiz, quien fue asistente de la exdiputada y exvicepresidente Roxana Baldetti es un ejemplo. Judith Ruiz declaró hace algunas semanas frente al juez Miguel Ángel Gálvez que sus labores como asistente de la entonces diputada no eran estrictamente “funciones legislativas, de fiscalización, intermediación”, etc. Ella explicó que tenía que estar pendiente de “la casa del Puerto, del mantenimiento de sus bicicletas, mulitas, cuando llegaban los fines de semana, teníamos que hacer el supermercado”. Además, de atender a los hijos de Baldetti, “me pedían comprar regalos para sus amigos, cotizaciones de boletos aéreos, hoteles, excursiones. Si querían un disfrazar, tenía que buscarlo”. Todo eso, entre otras cosas, como relata el medio Soy502.

Las explicaciones de Taracena

Los dos promotores de la ley fueron el presidente legislativo Mario Taracena y el diputado Manuel Conde (PAN). Taracena defiende las reformas a la Ley y explica que todo se hizo con una razón. “Las tarjetas de marcación lo hicimos como un caso especial y es más para puestos como el de los guardias parlamentarios que se tienen que ir a veces con sus diputados los fines de semana al lugar de donde son (sus distritos electorales), y así no pueden marcar”, argumenta con relación al artículo 25 de las reformas.

Al preguntarle por el resto de reformas que legalizan malas prácticas sin ningún control, dijo que no considera que estos artículos se presten para que los diputados abusen de ellos, aunque admite que es posible. “Puede pasar en determinado momento, pero es cada diputado el que se va a tener que hacer responsable de su personal. Son tres personas de confianza las que tiene cada uno, tiene que poder administrar bien”, dice Taracena.

Por su parte, Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, considera que la Ley de Servicio Civil debería de tener 35 artículos y no necesitaba de tantas reformas. “La participación de otros actores, como el Presidente del Congreso, hace que se le de connotación a otros aspectos que se pueden obviar”, según Montenegro.

Con relación a los posibles abusos a los que estas reformas legalizan, la diputada dice que hay se van a necesitar controles y que “hay que tener mucho cuidado, además de fortalecer el área de Recursos Humanos, así como las Direcciones”.

Tanto Nineth Montenegro como Taracena coinciden en que las leyes pueden usarse a conveniencia.

La reforma a la ley de servicio civil para el Congreso –que no es la misma que la que regirá a todos los empleados del Estado– logró eliminar muchos abusos para organizar mejor la casa. Pero no todos; dejó una puerta trasera para legalizar malas prácticas.