De vuelta al siglo XIX, por culpa de ciertos diputados

No quiero sonar como un típico “new atheist” que viene a pregonar las virtudes de la ciencia y el racionalismo. Sencillamente, soy de esas personas que están convencidas sobre la virtud de no imponer una ideología o pensamiento a otras personas utilizando la fuerza del Estado. En otras épocas, cuando la religión y su fuerza cohesionadora servían precisamente para instaurar un orden en el caos que se vivía –como sucedió en su tiempo con la República Romana y su religión cívica, así como con el Islam y las tribus árabes– la religión de Estado tuvo su razón de ser. Pero también, recordemos, servía de obstáculo para el descubrimiento científico. ¿Acaso no hubiese avanzado con mayor rapidez el conocimiento de la humanidad si la iglesia católica romana no hubiese sancionado determinados conocimientos como “herejes” por no ceñirse a su interpretación bíblica? Menos mal no vamos a retroceder a esos buenos tiempos, ¿o sí?

Guatemala tuvo la buena fortuna de pasar por un proceso de secularización a partir de la Reforma Liberal de 1871. Se quitó el poder del clero sobre la educación, se fundaron los primeros institutos de educación laica, basados en el modelo francés, y se removió buena parte de las tierras al clero. Sin embargo, como es típico de estos terruños bananeros, las tierras se las repartieron entre los amiguetes, y no se prestó la suficiente importancia en llevar la educación hacia los poblados más alejados. Efectivamente, seguíamos siendo un país profundamente católico y tradicional, sólo que con la ventaja de tener “libertad de culto”. Esto último incidió en que llegaran misioneros de otras denominaciones cristianas a convertir a la población en el interior. Este proceso de evangelización se aceleró en la segunda mitad del siglo pasado, resultando en que exista un fuerte componente protestante evangélico en la sociedad guatemalteca. Indirectamente, la Reforma Liberal sirvió para sustituir un culto por otro.

Según el reportaje Las religiones en tiempos del Papa Francisco de Corporación Latinobarómetro, Guatemala cuenta con un 47% de población católica, sumada a un 40% de evangélicos. Esto hace que un 87% de la población se suscriba a ambas religiones. Según el mismo estudio, un 9% de la población es atea, agnóstica o irreligiosa. Claro, no es seguro que este 87% de la población sostenga la creencia que el Estado debe promover la religión. Pero la falta de reacción de las iglesias, tanto católica como evangélicas, hacia las presentes iniciativas de ley, dice mucho sobre el deseo de la religión organizada de valerse del Estado para promover su culto.

Hasta qué punto las personas comunes y corrientes gustan que el Estado sea quien le imponga su sistema de valores, no lo sé. Ciertamente, son pocos grupos organizados que han presentado resistencia hacia este tipo de iniciativa, siendo los más notables la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares. Pese a no compartir del todo algunas de las opiniones vociferadas por miembros del colectivo, principalmente la superioridad y auto-importancia que percibo que sienten por el hecho de ser humanistas seculares –cuestión que se asemeja mucho a ciertas religiones organizadas–, me parece de suma importancia que exista un grupo que abogue por la libertad de creencia y la no interferencia de la religión organizada en la creación de políticas de Estado. Me gusta que el país pueda, aunque sea, fingir que está en el siglo XXI.

Y heme aquí, abogando por una causa que parece perdida en esta esquina de la tierra, donde es tan común escuchar la vieja y falaz expresión de que “sin Dios no existe moral”. Vayan ustedes a leer el Eutifrón, de Platón, para ver cómo Sócrates le deshizo ese argumento al pobre Eutifrón. Y no, no es que abogue por que las personas sean ateas. Es, sencillamente, que la religión y las creencias son profundamente personales; no deben ser impuestas por el Estado. Tampoco debe conducirse el Estado al amparo de los preceptos religiosos de una secta o persona. Sencillamente, deben separarse y respetar su ámbito de acción, uno en lo público y el otro en lo privado, para buscar el bien común de los demás y promover la tolerancia y diversidad entre comunidades religiosas e irreligiosas. No es una cuestión muy difícil de comprender.

Me enojaría de sobremanera ver que, nuevamente, los diputados al Congreso de la República presenten iniciativas como las anteriormente mencionadas. Por lo menos esas suelen fracasar en su aprobación. Pero puede que otros intentos sí se aprueben. Y ese día, cuando resulte que sus hijos tengan que aprender la lectura bíblica con base en una tradición eclesiástica a la que no se suscribe, o bien, suceda que no pueda expresarse libremente por violar preceptos religiosos, se acordarán ustedes que valía la pena eso de separar a la iglesia del Estado.