El ejemplo de la ilegalidad: el ejército y sus vallas que no pagan impuestos ni respetan reglas

Todos conocen el tránsito vehicular que se genera en los alrededores del Estadio del Ejército y la publicidad colocada en las afueras: un espacio prime. Lo que no todos saben es que el arrendamiento de este espacio es un negocio que genera miles de quetzales al mes para sus administradores. Y que viola la ley, de distintas maneras.

Nómada hizo el cálculo según los datos proporcionados por el Ministerio de la Defensa y preguntando cuánto costaban los anuncios a las empresas, y se estima que cada mes se recaudan al menos Q90,560, lo que representa un aproximado de Q1,086,715 anuales.

Esta cantidad no paga ningún tipo de impuesto, debido a que el espacio es subarrendado por el Club La Aurora, un equipo de fútbol profesional de los militares, que entrega recibos a las empresas que utilizan sus servicios. Y tampoco paga ningún tipo de arbitrio municipal (como lo manda la ley), ya que no están instaladas de manera legal.

El Estadio del Ejército, ubicado en la calle Mariscal Cruz y 12 avenida de la zona 5, es considerado un foco de contaminación visual por la Municipalidad de Guatemala. De acuerdo con la directora de Control Territorial, Anajoyce Oliva, la publicidad colocada en el sector es ilegal por dos razones: No cuenta con los permisos necesarios, ni cumple con los requisitos legales. El artículo 17 de la Ley de Anuncios en Vías Públicas, prohíbe colocar una valla a menos de 50 metros de la anterior.

Con aproximadamente 250 metros de largo y 100 de ancho, la fachada compartida por el estadio y el Club de Tenis La Aurora tiene 44 vallas publicitarias alrededor de su estructura. Solo sobre la 12 avenida hay 37 anuncios. La publicidad colocada varía con estructuras tipo unipolares, que sobresalen por la posición, su tamaño y altura, y con gigantografías perimetrales colocadas al nivel de la calle, sobre la pared. Sin embargo, dadas las dimensiones del lugar, el espacio debería limitarse a no más de 5 rótulos, en cada lado.

El arbitrio municipal que todas las instituciones, sin excepción alguna, deben de retribuir es de Q50 por metro cuadrado de valla. De manera que un letrero de 6 x 15 metros, pagaría un arbitrio de Q4,500 al año. Lo cual representa (con la cantidad de publicidad actual) un total aproximado de Q51,960 al año, que no se está pagando.

La falta de permiso municipal también deja a un lado los requisitos que se necesitan para la instalación correcta de un anuncio. Oliva, de la Municipalidad, afirma que una de las mayores inquietudes por el Estadio del Ejército es que algunas estructuras “vuelan sobre la vía pública… más de la mitad de la lámina está sobre la calle”, lo que las hace inseguras. “Nos preocupa que la estabilidad falle, tras conocer casos de vallas que fallan por completo desde la base”, afirma, al recordar el caso de un vehículo que circulaba en Villa Nueva. El automóvil que llevaba a dos personas, fue aplastado por un anuncio que se derrumbó a causa de un fuerte viento, y envió a los pasajeros a un centro asistencial. La ley en ningún momento obliga a los propietarios de las carteleras a contar con algún seguro contra accidentes.

Carlos Sandoval, vocero de la alcaldía, explica que “para instalar una valla se necesita un permiso de la Municipalidad de Guatemala, para poder verificar el uso de suelo, la estructura y la maquinaria que se va a utilizar” al momento de colocar un rótulo. Este tipo de infracciones a la ley, de acuerdo con Sandoval, han sido denunciadas y llevadas al Juzgado de Asuntos Municipales para que sean resueltas por el Juez Municipal.

A pesar de los distintos casos que existen en contra de los anuncios ubicados en este sector, la publicidad continúa en el lugar. “Hay procesos que se han culminado exitosamente para la Municipalidad, pero tras quitar un valla viene la colocación de una nueva y es otro proceso nuevo por iniciar”, asegura Sandoval. A lo que Anajoyce Oliva agrega, “sólo podemos demandar al Estadio del Ejército, al Estado, cuando en realidad, al Juzgado (de asuntos municipales) le gustaría llamar como tercero al dueño de la valla”. Ninguna de las empresas publicitarias con espacio en el lugar quiso dar declaraciones al respecto de las estructuras colocadas en este sector.

Las instituciones militares zafan bulto

El estadio se creería que pertenece al Ministerio de la Defensa, como todas las propiedades de militares. Pero casi. Cuando se acudió al Departamento de Prensa de dicha instancia, su vocero, Hugo Rodríguez, aseguró que todo lo relativo a la administración de esas instalaciones fue cedido y transferido al Instituto de Previsión Militar (IPM), en 2012, como forma de pago por deudas adquiridas. Así se especifica en el Acuerdo Gubernativo no. 149-2012, publicado el 12 de julio del primer año del gobierno de Otto Pérez Molina, ex general de brigada.

Las autoridades del Ministerio de la Defensa dicen que desconocen cómo es el manejo de los bienes del estadio militar. Eso sí, entregaron una copia de la Ley de Anuncios en Vías Públicas, y así demuestran que conocen los parámetros necesarios para instalar vallas de publicidad. En el IPM, el procedimiento no fue distinto. El coronel Alfredo Mena, subgerente de Operaciones, declaró no saber nada acerca del Estadio del Ejército, ni tampoco de su administración. Aseguró que el traspaso de bienes, publicado en 2012, no se ha realizado por supuestos trámites atrasados.

Así que todo lo relativo al uso de las instalaciones del estadio, afirman, es desconocido para ellos, Ministerio e Instituto. Sin embargo, el coronel Mena certificó que el actual administrador del Estadio del Ejército es el Departamento de Deportes y Recreación del Ministerio, y que sus oficinas se encuentran dentro del mismo espacio que se comparte con la directiva del Fútbol Club La Aurora.

El Aurora F.C. es un equipo nacional de primera división, cuya sede es el Estadio del Ejército. Y las oficinas que ocupa el Departamento de Deportes y Recreación no se distinguen del que usan los miembros del Aurora F.C. Con solo una secretaria para atender a las visitas, se les pide que esperen frente a una vitrina llena de antiguos trofeos de fútbol y de tenis, la mayoría entre 1960 y 1980; el retorno a la democracia desde 1986 tampoco parece haber sido a favor del equipo castrense.

Luego, se recibe a las personas en un comedor con una televisión con cable y una pequeña cocina con refrigerador y gabinetes cerrados por candados. En la pared hay fotos antiguas, tanto como los trofeos, de los equipos anteriores retratados en colores cálidos como el sepia. También se puede observar un par de rostros de miembros del ejército que en su momento fueron presidentes del club.

Una vez allí, el coronel Rubén Bonilla, director General del Departamento, no logra dar alguna respuesta. Como parte de una asesoría, el contador del Club que se presentó sólo como Fernando, aseguró no poder dar ninguna información. Sólo el nombre de una persona que trabaja para la empresa Abg Publicidad, una de las publicitarias con rótulos en el estadio.

Al continuar las preguntas acerca de la administración, el contador llama al coronel Menéndez, quien afirma no puede dar declaraciones sin autorización del Ministro de la Defensa. Sin embargo, dice que no están al tanto de haber violado ninguna ley en cuanto a la cantidad de vallas colocadas en la estructura. Y agrega que las mismas representan un ingreso significativo para el club, por lo que quitarlas no es algo que se encuentre en sus planes. Pero que cualquier información debe ser requerida a través de un oficio con el Ministerio de la Defensa.

Por lo que a pesar de haber llegado al Ministerio desde una semana antes, se tuvo que redactar una solicitud de acceso a la información. Y esperar 9 días más para obtener la resolución que explica cómo algunas empresas publicitarias pagan Q75 por metro cuadrado, mientras que otras pagan Q90 y Q100, al mes. De igual forma, en la Municipalidad de Guatemala, a pesar de que cumplieron la ley de libre acceso a información al principio, no entregaron el resto de información solicitada.

Las empresas que se anuncian son cómplices

La instalación y permanencia de los letreros en el estadio pertenece a un amplio grupo dentro de la ciudad, ya que “el 80 o más porcentaje de las vallas que están instaladas son ilegales”, asegura el vocero de la municipalidad. Y la directora del control territorial las califica de ser “un peligro para la ciudad, además de (estar) instaladas de forma ilegal”.

Se responsabiliza del delito tanto a las empresas, dueñas de las estructuras, quienes también generan dinero del espacio ilegal (con precios que oscilan entre los Q12,000 y Q71,000 al mes por anuncio), como a los comercios que pautan el espacio. “Las empresas privadas que se publicitan, también forman parte de la ilegalidad”, certifican las autoridades municipales, “en segunda instancia también son cómplices. Son tan cómplices por usar un espacio ilegal, como el que lo está comercializando y el que lo tiene en su estructura”. Y explican que las vallas permitidas cuentan con un código de barras que las diferencia de las ilegales. De esta manera, las empresas que rentan un espacio publicitario tienen la oportunidad de saber si está autorizado o no.

Una vez los procesos han sido iniciados o sentenciados, la Municipalidad hace visitas a los lugares en los que la publicidad fue retirada, pero “instalan los anuncios de nuevo en las noches y no se les puede detener”, explica Sandoval. Y aunque asegura realizan una batalla día a día contra este problema, no hay denuncias relacionadas en el Organismo Judicial. Por lo que los resultados son pocos palpables, y no hay ningún otro tipo de acción para combatir que esto siga ocurriendo. Así que, de momento, el ejército y las empresas seguirán en la ilegalidad y la impunidad.