El TSE pagó Q16 millones por deuda al partido de Jimmy, investigado y en proceso de cancelación

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Meses antes de que se hiciera la convocatoria a elecciones, la credibilidad del FCN empezó a venirse abajo cuando surgieron señalamientos en su contra por haber ocultado información sobre su financiamiento al TSE y porque el Ministerio Público inició una investigación en su contra por financiamiento ilícito.

La credibilidad del partido que llevó a Jimmy Morales al poder se quebró cuando el MP y la CICIG los señalaron de haber incurrido en lo que el comisionado Iván Velásquez ha llamado “el pecado original de la democracia”: el financiamiento electoral ilícito.

La acusación contra el FCN fue contundente: el partido ocultó al TSE la información sobre su financiamiento y no declaró recursos recibidos para la campaña y el pago de fiscales. El último señalamiento fue confirmado por los mega-empresarios que financiaron esa campaña y que además pidieron perdón.

“Reconocemos, con humildad, que, sin saberlo, se cometieron errores”, dijeron en una recorada conferencia de prensa.

A pesar de eso, los integrantes del partido y el propio presidente Morales negaron cualquier indicio de ilegalidades en los gastos de su campaña, incluso, puso las manos al fuego por la legalidad de su partido.

Cuando esta información llegó a oídos del TSE, fue inevitable hablar de la posibilidad de cancelar al partido oficial. El proceso empezó en junio de 2018 pero quedó en suspenso cuando dio inicio la campaña electoral y FCN aún pudo participar, con Estuardo Galdámez —también señalado en distintos eventos de corrupción y otros delitos— a la cabeza. Con los señalamientos encima y un proceso de cancelación detenido, el FCN se unió a la contienda, con todos los beneficios que eso les traía a sus integrantes: la inmunidad de los candidatos y la posibilidad de recibir financiamiento público para sostener al partido y su campaña.

Estuardo Galdámez y Betty Marroquín no revelaron quiénes fueron sus financistas, tema que ha sido polémico en el partido de gobierno.

De esta manera justificó su exigencia el FCN

La ley electoral establece que el Estado también debe entregar a los partidos políticos el equivalente de US$2 por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido más del 5% del total de sufragios válidos.

A cambio de eso, el partido se tiene que comprometer a gastarlo de la siguiente forma: 
• 30 por ciento a la formación  y capacitación de afiliados.
• 20 por ciento para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional.
• 50 pago de funcionamiento y otras actividades del partido en departamentos y municipios.

La normativa indica que ese pago se tiene que hacer en cuatro cuotas anuales e iguales, durante el mes de julio de cada año (excepto en año de elecciones).

Durante los años 2016, 2017 y 2018, el FCN no solicitó el pago de ese dinero sino hasta inicios de 2019. El partido solicitó ese pago acumulado y despertó un debate a lo interno del TSE, especialmente, por las condiciones en las que se encuentra el partido y la magnitud de señalamientos en su contra.

“Hasta el momento se nos adeuda más de Q16 millones y ya la magistrada (María Eugenia) Mijangos se pronunció en algún momento, que era ridículo que nosotros estuviéramos pidiendo y reclamando algo que ya habíamos ganado porque estábamos en un proceso de cancelación. Sin embargo, en este momento todos los procesos se pararon, no hay ningún proceso de cancelación”, declaró Javier Hernández, secretario general del partido, en febrero de este año.

Magistrados del TSE.

La decisión del pleno

El 30 de mayo de 2019, los cinco magistrados que conforman el pleno del TSE firmaron una resolución (un documento que el pleno no hizo público de manera voluntaria) en la que otorgaban a FCN el pago de Q12 millones 908 mil 218.72 por concepto de deuda política. El voto de la magistrada María Eugenia Mijangos fue distinto al de sus cuatro compañeros.

La magistrada Mijangos se opuso a la decisión del pleno por considerar que el FCN no estaba en condiciones de exigir este pago, especialmente, por hacerlo fuera de tiempo.

“Esta organización política dejó pasar el tiempo señalado para hacer el cobro, lo que deriva en una solicitud de cobro inusual que genera la incertidumbre del destino que le darán a esos fondos, si el tiempo, forma y modo de su uso conforme la ley ya no les es posible hacerlo”, argumentó la magistrada en un documento en el que razona su voto en contra de esa resolución.

Además, la magistrada sugirió que otorgar a FCN los Q12 millones, más Q4 millones que correspondían al pago de este año, colocaba al partido en una situación de privilegio, de abundancia de recursos en año electoral.  Sumado a eso, fue de conocimiento del TSE que el partido oficial podría estar recibiendo recursos del Estado para la campaña electoral, a través de artículos de propaganda que fueron entregados por el Ministerio de Agricultura.

El auditor del TSE, Virgilio Alonzo, también tuvo dudas al respecto y sugirió al pleno de magistrados considerar las circunstancias del partido oficial antes de autorizar el pago de esa deuda.

—El FCN tenía varias situaciones, una de esas es que está en proceso de cancelación y eso tenía que ser considerado por el pleno para que ellos evaluaran si corresponde o no efectuar el pago. La otra era la acumulación en un solo pago de los cuatro años. Esto hace que no se cumpla con la periodicidad de poder efectuar el cobro porque la ley establece que los cobros deben efectuarse en julio de cada año y nosotros interpretamos que al tener esa disposición a cobrarse en julio ese dinero sirve para los gastos operativos y administrativos que tiene la organización por el resto del año o para un año. La posibilidad de financiamiento ilícito, el proceso de cancelación y la periodicidad de los cobros son circunstancias que la hacían una situación especial, explicó Alonzo.

No obstante, la decisión de los magistrados fue efectuar el pago, pese a las circunstancias mencionadas por el auditor.

• Leé: La falta de transparencia amenaza con hundir FCN

Según el auditor Alonzo, el siguiente paso es realizar una auditoría a la forma en que el partido utilizará los recursos de ese financiamiento público, para que corresponda a la ley.

—Si usted cobra una cuota de 2017 y ese dinero no lo utilizó para gastos administrativos y operativos que corresponden a ese, sino que lo metió en la campaña 2019, eso sí va ser objetado porque la ley establece que se puede utilizar solo la cuota de último año para esos efectos. Si usted tiene cuotas anteriores que cobra hoy y lo mete a campaña, eso será objeto de reparos y hallazgos cuando la auditoría intervenga, advirtió.

Precisamente, eso es lo que teme la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, a cargo de Giovanni Rodríguez. Sospechan que el FCN requirió ese dinero para utilizar en su campaña y no de la  manera en que la ley lo establece.

Por esa razón, los ojos de los auditores están sobre los informes de gastos de financiamiento público de esa entidad.

—Tenemos que evaluar el riesgo de auditoría para cada partido. En el FCN hay riesgos por la cantidad de dinero que recibieron, en este caso específico tenemos que verificar cómo se gasta, es un riesgo de auditoría. Tenemos que ver que se cumpla con lo que establece la norma, no solo que se gaste, que no se simule una actividad administrativa o peor aún la calidad del gasto. Debemos verificar cómo en tan poco tiempo van a usar el dinero, explicó Rodríguez.

En los informes de enero a mayo de uso de financiamiento público, el FCN reportó gastos e ingresos a 0 en los primeros meses. En mayo reportó haber recibido Q4 millones 450 mil del TSE y haber gastado solamente Q54 mil en gastos de campaña y Q182 mil 600 en gastos permanentes.

Por ahora, el TSE mantiene a la expectativa de los informes que el partido entregará en los meses que restan de este año. Mediante esos documentos se determinará  si el partido oficial financió toda su campaña con Q16 millones que salieron de las arcas públicas.

Mientras tanto, el proceso de cancelación se mantiene en pausa mientras culmina la época electoral.