Los 5 personajes clave con los que Sandra Torres cooptó la justicia

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Se trata de cinco instancias que conforman casi toda la cadena del sistema de justicia. El Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad parecen haberse alineado para beneficiar a la candidata que aparece con mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta el 11 de agosto.

Sandra Torres se planteó llegar a la Presidencia probablemente desde que fundó junto a Álvaro Colom la UNE en 2001, como una escisión de la ANN, la alianza de la que formaba parte la exguerrilla de la URNG. Hubiera tenido más posibilidades de ganar, posiblemente, si hubiera participado en 2011 cuando se divorció de Colom intentando esquivar una prohibición constitucional que impide a cónyuges de presidentes participar en las elecciones mientras hacen gobierno. Pero los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le dijeron que no en un rotundo 7-0.

Así, en las siguientes elecciones en 2015 logró el 19% para pasar a segunda vuelta, pero perdió con un estrepitoso 67% a favor de su rival, Jimmy Morales.

Ocho años después de aquel primer intento, la mayoría de magistrados de esa Corte –y de todas las instancias de la justicia– han fallado de acuerdo a los intereses de Sandra Torres.

1. Consuelo, la fiscal que protegió a Sandra Torres

La CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público trabajaron durante meses en una investigación contra Sandra Torres. Descubrieron que tenía una cuenta paralela de casi Q20 millones (US$2.5 millones) de financiamiento electoral ilícito, según facturas, testimonios y llamadas interceptadas. Dos fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Nómada que tuvieron el caso listo desde el 11 de octubre de 2018. A pesar de que el caso ya estaba estructurado, la fiscal Consuelo Porras propuso presentarlo hasta el 5 de diciembre de 2018.

Según estas dos fuentes, en la reunión en la que Consuelo Porras conoció el caso de la UNE, la fiscal general parecía estar concentrada en hacer una defensa oficiosa del partido y sus miembros involucrados en la investigación. Las acusaciones en contra de Sandra Torres —entonces primer lugar en las encuestas— no solo sorprendieron a la fiscal general, sino que la incomodaron.

Después de conocer el caso y advertir que se presentaría en diciembre, algo hizo cambiar de opinión a la fiscal, quien sin mayores argumentos volvió a retrasar el caso hasta el 5 de febrero de 2019. Fue recordada que para entonces Sandra Torres podría contar con la inmunidad como candidata, a sabiendas de que para entonces lo más probable era que Sandra Torres ya gozaría de inmunidad y eso dificultaría las diligencias e investigaciones. La fiscal Consuelo Porras ninguneó la advertencia.

Consuelo Porras.

La fiscal general argumentó en un comunicado de febrero de 2019 que los retrasos se debieron a asuntos exclusivamente técnicos: “Es importante aclarar que, desde que ingresa un caso al despacho superior, se tienen diversos procedimientos internos para su estudio y análisis técnico-jurídico para determinar la procedencia o no de su judicialización. (…) En cuanto al proceso de referencia —financiamiento a la UNE—, se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos con el consentimiento del licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, para asegurar cada uno de los elementos sustanciales de la imputación con la adecuada ubicación de los hechos, evidencias y elementos jurídicos”.

Cuando la FECI solicitó el retiro de inmunidad de Torres y otros integrantes del partido, un día después de que la candidata adquiriera el derecho de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia rechazó el requerimiento e insinuó que existían motivaciones políticas espurias de parte de la CICIG, en la investigación contra el partido UNE.

La CICIG rechazó estos señalamientos por medio de un comunicado: “La demora hasta después del 5 de febrero de 2019, cuando ocurrió su inscripción como candidata presidencial, no fue una triquiñuela política de la CICIG, como la Corte lo hace ver en su resolución; menos cuando esa tardanza, que no le puede ser atribuida, no jugó en su contra sino a su favor, procurándole un derecho de antejuicio que no tenía. El Ministerio Público define los tiempos de presentación de sus casos. Entonces, ¿cuáles motivaciones políticas? Desde la CICIG es la evidencia la que fija el rumbo de las cosas”.

A partir del 2016, la Ley Orgánica del MP prácticamente eliminó la posibilidad de que el Presidente pueda remover a la máxima autoridad del Ministerio Público. A pesar de esa reforma, una fuente cercana al MP considera que la complicidad de Consuelo Porras con Sandra Torres pudo surgir por el deseo de permanecer en el cargo, toda vez que ante la amenaza del control de la justicia por parte de la UNE existen altas posibilidades de que la candidata de la UNE llegue a la presidencia con un alto control sobre los organismos de justicia.

2. Mencos, el contralor favorito y ahora diputado electo de la UNE

Mientras aseguraba su participación presidencial, la UNE también trabajaba para impedir la participación de su principal competidora, la exfiscal Thelma Aldana. La encuesta CID-Gallup mostraba que en febrero de 2019, Torres y Aldana eran las candidatas con la mayor intención de voto. Torres ocupaba la primera posición con un 17% de la intención del voto. En segunda lugar estaba Thelma Aldana con un 10%.

Carlos Mencos estaba al frente de la Contraloría (entre los años 2006 y 2010; y después entre los años 2014 y 2018, electo por PP-Líder) y se sabía de sus intenciones de convertirse en diputado cuando dejó la Contraloría en octubre del año pasado. Dejó la Contraloría, pero mantuvo la designación de su sucesor, Fernando Fernández, pues la UNE bloqueó en el Congreso la elección de un nuevo contralor. Y parece haberlo logrado con otra coincidencia favorable para Sandra Torres.

Hubo dos coincidencias.

En septiembre de 2018, medio año después de dejar el MP, Thelma Aldana obtuvo su finiquito de parte de la Contraloría, sin ningún problema. El documento tendría una validez de seis meses, lo que le daba el tiempo suficiente para inscribirse como candidata y participar en el proceso electoral. Sin embargo, desde el Congreso inició la jugada para, en principio, presentar denuncias penales en su contra y luego, presionar para que la Contraloría cuestionara la validez de ese finiquito.

– Lo que tiene Thelma Aldana es un papelito viejo que no tiene vigencia porque la Contraloría le presentó una denuncia en diciembre, argumentaba Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE.

Y las palabras de la UNE eran palabras mayores dentro de la Contraloría.

El 30 de noviembre se oficializó la candidatura de Carlos Mencos a diputado por Escuintla con la UNE.

Menos de dos semanas después, el 12 de diciembre de 2018, se conoció públicamente que dos auditores y supervisores de la Contraloría presentaron una denuncia penal por un contrato de servicios que el MP suscribió en el período en que Thelma Aldana era fiscal. Se trató de una contratación a José Carlos Marroquín como consultor desde Washington, para elaborar un informe llamado Compendio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal estratégica. Los diputados de la UNE y otras bancadas señalaron que esta fue una plaza fantasma. Sin embargo, Nómada corroboró que el trabajo sí se realizó, que no hubo plaza fantasma, aunque era cuestionable el alto costo del servicio frente a la calidad del trabajo entregado.

Carlos Enrique Mencos Morales, exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.

Esa denuncia pesó lo suficiente para restarle validez al finiquito de Thelma Aldana y darle un argumento al Tribunal Supremo Electoral y a las Cortes para impedir la participación de Thelma Aldana, como finalmente ocurrió.

La independencia de la Contraloría es una quimera.

La denuncia presentada contra Thelma Aldana surgió a partir de una auditoría de nómina. Al igual que el resto de auditorias, esta pasó por las manos de César Elías, quien fue nombrado por Roxana Baldetti como subcontralor.

Además, la Contraloría se respaldó con la opinión del departamento jurídico. En ese tiempo, quien estaba a cargo de esa área era Jackeline España. Ella fue candidata a magistrada de la CSJ en 2009 y además cuestionada por la CICIG en los tiempos de Carlos Castresana. El año pasado, Nómada cuestionó a España por haber obstaculizado, desde su cargo en la Contraloría, una denuncia en contra de la hija de la magistrada Dina Ochoa, fiel al presidente Jimmy Morales.

Los auditores de la Contraloría identificaron un fraude por Q739 mil en el manejo del programa “Jóvenes Protagonistas”, el cual estaba a cargo de Dina Bosch Ochoa (hija de la magistrada). En esa ocasión, España reconoció que existe una amistad con Dina Ochoa, pues presidieron la Asociación de jueces, pero la magistrada Ochoa lo negó.

A pesar de la amistad, la directora España asegura que la magistrada Ochoa nunca le pediría un favor de esa categoría porque ella “no se va a prestar para resolver a favor de nadie”.

Esta falta de independencia no fue considerada por el TSE, ni la Corte Suprema, ni la Corte de Constitucionalidad.

Según el politólogo Edgar Ortiz, aunque los auditores gocen de autonomía para realizar su trabajo y presentar denuncias, existe una estructura y una jerarquía en la que deben existir el visto bueno y la aprobación de cargos que reciben instrucciones desde arriba.

3. Los magistrados del TSE

En esta estrategia de la UNE, la cooptación de las instancias les sirvió para permitir su propia participación e impedir la participación de su principal rival.

Parte 1:

El 14 de julio de 2017, la UNE salió bien librada de posibles sanciones o de someterse a un proceso de cancelación por haber ocultado información en sus informes de financiamiento. El Registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, anunció que las anomalías encontradas en los informes de auditoría de la campaña de 2015 —por la que la CICIG la denunció en febrero de 2018—, habían sido totalmente desvanecidas.

Pero el criterio del Registrador no había sido siempre igual. En marzo de 2018, la UNE no tomó de buena forma el hecho de que el Registrador les diera un plazo de 30 días para pronunciarse sobre irregularidades en sus informes, causales de cancelación por incumplimiento de normas de financiamiento. Respondieron a la solicitud de información, pero también con una acción de amparo en contra de Leopoldo Guerra. El Registrador decidió no cancelar al partido y tampoco imponerle ninguna multa, como sí lo hizo con el partido FCN. Doce días después, la UNE desistió de esa acción de amparo.

Nómada cuestionó al Registrador.

–La UNE interpuso una acción de amparo en su contra, cuando el partido estaba en posibilidades de ser cancelado, y luego desistieron cuando usted anunció que el partido había desvanecido los hallazgos de las auditorías. ¿Esta fue una forma de coaccionar su resolución?
—No es una presión, es un procedimiento normal y todos los partidos tienen derecho a tomar medidas. El partido logró desvanecer los hallazgos, en su momento, respondió Leopoldo Guerra.

El perdón de Leopoldo Guerra a la UNE causó críticas que llegaron a oídos de los magistrados del TSE. En el pleno del 18 de julio, María Eugenia Mijangos propuso analizar la resolución del director desde un punto de vista jurídico y político, para poder emitir una postura como Tribunal.

A partir de ese análisis, en octubre de 2017, el pleno de magistrados votó a favor de solicitar un informe de carácter urgente que comprendiera los hallazgos de la auditoría del 2015 realizada al partido. Dos magistrados se opusieron: Rudy Marlon Pineda y Jorge Mario Valenzuela, electos a propuesta de los partidos LIDER y PP en 2014.

En el acta de ese día quedó constancia de los argumentos de ambos magistrados:

“Practicar una nueva auditoría a las organizaciones interferirá con las investigaciones del MP en contra de ellas, toda vez que los resultados de otra revisión son indeterminados y no precisamente como regla general una contra revisión agrava o atenúa los reparos analizados y esto generaría conjeturas en el actuar de la dirección del registro y la auditoría”.

A ellos dos se les sumó Mario Aguilar Elizardi, quien había sido electo por la UNE y que terminó con su tradición de independencia entre 2014 y 2018. Los tres magistrados se opusieron a realizar una nueva auditoría a la UNE.

Ese día la UNE celebró esa victoria y en el pleno del TSE no se volvió a tocar el tema.

Leopoldo Guerra.

Parte 2:

En otro momento clave de la contienda electoral, el TSE contribuyó a despejar el camino de Sandra Torres al obstaculizar la participación de la segunda candidata con mayor intención de voto.

El 1 de abril, el pleno de magistrados rechazó la inscripción de Thelma Aldana, como candidata presidencial del Movimiento Semilla, con un 4-1. Con esa resolución quedó fuera temporalmente de la contienda.

Según la resolución, consideraron la denuncia de la Contraloría. Una resolución distinta habría otorgado inmunidad a la exfiscal, le habría permitido regresar al país a pesar de tener una orden de captura en su contra y habría participado en la contienda.

La única disidente en el TSE fue María Eugenia Mijangos, quien razonó su voto para marcar distancia de la decisión tomada por sus colegas. La magistrada expuso, entre otras razones, que la inscripción era procedente en vista de que existía una evidente intención de bloquear la participación de Aldana: “Es un hecho más que notorio, la serie sistemática de acciones que han pretendido impedir la inscripción y la participación política de Thelma Aldana, siendo incluso el Registrador de Ciudadanos del TSE, víctima de presiones, amenazas y chantajes, como lo denunció públicamente ante los medios de comunicación. Lo anterior, es evidente que resulta como represalia por el desempeño realizado por la candidata Aldana durante su gestión como Jefa del Ministerio Público, misma que fue reconocida nacional e internacionalmente por su lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Entre los casos que llevó Thelma Aldana estaba uno contra la UNE.

4. Una Corte Suprema con mayoría complaciente y coqueta para la reelección

La cooptación del sistema de justicia, o recolección de simpatías por parte de Sandra Torres, es larga. Este es el penúltimo eslabón de la cadena.

Parte 1:

Luego del conveniente retraso que tuvo el expediente contra Sandra Torres en el despacho de la fiscal Consuelo Porras, la ruta legal del Ministerio Público era solicitar el retiro de inmunidad de la candidata y otros cuatro diputados a la Corte Suprema de Justicia.

Con una CSJ que había sido electa por la alianza entre los extintos Partido Patriota y Líder; y ansiosa por ser reelecta en un Congreso en el que la UNE tiene un peso especial con más de 30 diputados, para Consuelo Porras y la UNE era fácil imaginar cuál sería la decisión de los magistrados cuando recibieran esta solicitud: protegerla.

A pesar de que los antejuicios promovidos por la FECI y CICIG en contra de Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Julio Ixcamey, Karina Paz y Jorge Vargas, la Corte Suprema de Justicia encontró argumentos para rechazar in limine la solicitud, en febrero de 2019. In límine quiere decir: sin siquiera conocer el fondo de la acusación.

El Ministerio Público presentó, como pruebas, interceptaciones telefónicas que comprometían a Sandra Torres y a los diputados en acuerdos con financistas que no fueron reportados al TSE, declaraciones testimoniales de Roberto Rosales, Byron Argueta y Per Michael Erichsen, personas involucradas en las negociaciones.

Sin embargo, los magistrados Néster Vásquez, Silvia Patricia Valdés, Nery Medina, Vitalina Orellana, Felipe Baquiax, Sergio Pineda, José Pineda Barales, Rafael Rojas y Manuel Duarte restaron valor a las evidencias y concluyeron que el antejuicio se había promovido “por motivos espurios, ilegítimos y políticos”.

Dos las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales dieron crédito a los señalamientos del MP, pero perdieron el puso frente a los diez magistrados que salvaron a Sandra Torres y una magistrada, Silvia García, que se opuso parcialmente.

La resolución de la CSJ favoreció a la UNE e impidió que la CICIG y la FECI la capturaran. Al jefe de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, no le sorprendió la decisión de los magistrados y en respuesta interpuso una acción legal ante la CC para revertir el fallo.

También CICIG se manifestó al respecto.

En la solicitud de amparo la CICIG aclaró que la solicitud presentada no escondía motivaciones espurias ni maliciosas, sino todo lo contrario. Además, negaron que existieran motivaciones políticas.

La CICIG no es un partido ni organización política, regida por intereses sectoriales, partidistas o de poder electoral. Es una entidad que ejecuta la función de acompañamiento técnico al Ministerio Público en la investigación, denuncia y tramitación de casos, argumentaron.

Según la activista Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, si bien es cierto que la UNE no tiene control absoluto sobre la CSJ, los magistrados que la integran sí se han inclinado a favor de Sandra Torres, a través de sus resoluciones.

– Más que afines a la UNE, estas son cortes que se formaron dentro del Partido Patriota, pero ahora es un bloque que responde al pacto de corruptos. Eso no quiere decir que no quieran quedar bien con el partido, porque saben que tienen muchas posibilidades de ser la próxima bancada mayoritaria y por eso se portan complacientes, comenta.

Magistrados de la CSJ.

Parte 2:

La CSJ también participó en el complot para impedir la inscripción de Thelma Aldana. En abril de este año, por mayoría, los magistrados decidieron no amparar al Movimiento Semilla, que recurrió a ese órgano para revertir la anulación de la inscripción de su candidata presidencial.

El fallo de la Corte no les sorprendió a los representantes del partido, quienes, en ese momento, denunciaron la parcialidad de la CSJ al involucrarse en la jugada para obstaculizar la candidatura de la exfiscal del Ministerio Público.

El secretario de Movimiento Semilla, Samuel Pérez, publicó: “A pesar de un amparo magistral ante un TSE mediocre parece que CSJ no quiso inscribir a Thelma y no nos extraña. La misma CSJ que protege a Felipao (Felipe Alejos) después de retrasar su proceso cuando quiso, que protege a Sandrita (Sandra Torres) a pesar de los audios y que inscribe a Zury (Ríos)”.

5. Gloria Porras, el alfil dentro de la CC

La cooptación, o las simpatías, llegaron hasta el lugar menos probable, la Corte de Constitucionalidad.

Parte 1:

La Corte de Constitucionalidad, liderada por Gloria Porras, fue una pieza indispensable para la lucha contra la corrupción e impunidad entre 2015 y 2018. Se plantó al Gobierno de Jimmy Morales y se plantó al CACIF y la industria de minas, tres de los actores políticos de mayor peso en el país.

Por esto parecía que el caso de la CICIG contra Sandra Torres, y la inscripción de su rival Thelma Aldana, tendrían en la Corte de Constitucionalidad al árbitro final en donde se enterraría la estrategia de la UNE.

Pero Gloria Porras parece tener un punto flaco: su afinidad por Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco.

Orlando Blanco fue clave en la elección de Gloria Porras como magistrada ante la Corte de Constitucionalidad, tanto en 2011 como en 2016.

Una fuente cercana al expresidente Álvaro Colom —quien la designó en 2011— asegura que inicialmente ni su exesposa Sandra Torres ni su exsecretario Gustavo Alejos se inclinaban por Gloria Porras. Pero fue Orlando Blanco quien se la habría propuesto. En 2016, Orlando Blanco era el jefe de bancada de la UNE, entonces la bancada con más influencia en el Congreso, quien la designó como magistrada nuevamente para el período 2016-2020.

Gloria Porras parece haber respondido a quienes la designaron.

El 15 de mayo, cuando conocieron el caso de la candidatura presidencial de Thelma Aldana, Gloria Porras intercedió para que su alianza en la Corte –de los magistrados Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Mynor Par– se uniera a los magistrados que en los últimos tres años han defendido a Jimmy Morales, y le dieran peso al argumento de la Contraloría de la UNE y la denuncia falsa sobre una plaza fantasma. Así, bloquearon la candidatura con un 6-1, con la excepción del magistrado Neftalí Aldana.

El argumento coincidió con el que había prefabricado la UNE: sin finiquito de la Contraloría, Thelma Aldana no puede participar.

No obstante, ese mismo día sí admitieron la participación de otro candidato que no contaba con finiquito en otra venganza de la Contraloría. El exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano, podría competir por la alcaldía municipal a pesar de no contar con finiquito.

— ¿No tomaron en cuenta que existen elementos externos que se han ¿confabulado para algún tipo de complot en contra de Thelma Aldana?—, cuestionó una periodista.

—No, yo diría que no porque eso no entra en un análisis de elementos puramente jurídicos. La CC, como tribunal jurisdiccional, no toma en cuenta esos elementos—, respondió.

Dos días después, el 17 de mayo, la CC le dio otro espaldarazo a la UNE, con una resolución que parecía una estrategia para ganar tiempo a favor de Sandra Torres y de los cuatro diputados antejuiciados. Dejaron en suspenso una resolución de la CSJ de rechazar la solicitud de antejuicio presentada por CICIG y MP, contra Torres y otros cuatro diputados.

En febrero, los magistrados de la CSJ decidieron rechazar, sin siquiera conocerla, una solicitud de retiro de inmunidad para Sandra Torres y cuatro diputados. Ante esta tajante resolución, el MP y la CICIG interpusieron un amparo ante la CC para dejar sin efecto esa decisión.

Los magistrados de la CC tardaron casi tres meses en resolver y el resultado fue confuso. La CC ordenó suspender la resolución de la CSJ pero no dieron ninguna instrucción para que conocieran el expediente del caso de forma inmediata, como lo requerían los entes investigadores. Es decir, el caso quedaba en suspenso.

Mientras el expediente quedaba retenido con esa solución, Sandra Torres y sus cuatro diputados se mantenían con inmunidad y avanzaban en la contienda electoral.

“El fallo de la CC no tiene ningún efecto en materia electoral, ni constituye un veredicto sobre el asunto en revisión, por lo que la candidatura de Sandra Torres se mantiene firme como lo ha sido desde el principio del presente proceso”, dijo el partido a través de un comunicado.

Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Parte 2:

No es la primera vez que la magistrada Gloria Porras falla de acuerdo a los intereses del diputado Orlando Blanco Lapola y la UNE.

En marzo del 2012, la CICIG y el MP de Claudia Paz y Paz destaparon un caso de ejecuciones extrajudiciales contra Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y hermana del diputado Orlando Blanco. La exfuncionaria fue acusada de liderar una organización criminal que se dedicaba a localizar y asesinar a personas sospechosas de extorsionar a empresarios del transporte urbano, una acusación de ‘limpieza social’ parecida a la que se hizo contra funcionarios del Gobierno de Óscar Berger que la UNE tanto criticaba.

El proceso judicial contra Blanco Lapola se prolongó luego de una serie de acciones que retrasaron la audiencia para ligar a proceso a la exdirectora. En octubre de 2014, la acusada obtuvo una medida sustitutiva que la dejó en libertad. El MP acudió a la CSJ para revocar esos beneficios. A inicios de 2015, la CSJ amparó al Ministerio Público pero Blanco Lapola apeló esa resolución y quedó en suspenso, a la espera de una resolución de la CC.

Un año después, en enero de 2016 se llevó a cabo una vista pública en la que los magistrados de la CC escucharon los argumentos de Marlene Blanco Lapola y del Ministerio Público, pero fue hasta septiembre de 2017, casi tres años después, que resolvieron esa discusión a favor del MP.

A partir de abril de 2015, Gloria Porras fue presidenta de la CC y en 2016 fue la única reelecta para ese cargo. Según el exmagistrado Roberto Molina Barreto, en el tiempo durante el cual Gloria Porras fue presidenta, retrasó intencionalmente la resolución de la acción presentada por Marlene Blanco Lapola.

–Recuerdo que esto fue en ese periodo en que ella fue presidenta y hubo muchas veces que se retiró esa discusión del pleno. Cuando llegó el momento de discutir esa ponencia ya había 4 votos de 7, a favor de no mantener las medidas sustitutivas. Sin embargo, Porras no dejó que continuará la discusión, relató Molina.

Acta donde se evidencia el retiro de la ponencia sobre Marlene Blanco Lapola.

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Así, el círculo de la justicia se cerró a favor de Sandra Torres y la UNE, y en contra de sus rivales políticos.