La caída del “alfil de la impunidad” en la CC

Una inconstitucionalidad y un amparo fueron presentados en contra de Manuel Duarte. Congelaron su regreso por la puerta grande a la CC, llevaba dos años fuera. Dos acciones legales denuncian que el nombramiento se hizo de una forma privilegiada, se obvió la convocatoria pública para que cualquier interesado pudiera aplicar al puesto, el decreto legislativo del proceso aún no ha sido publicado en diario oficial y que, además, el abogado electo tenía dos plazas al mismo tiempo en el gobierno patriota.

Según el trámite, ambos recursos están un paso de finalizar su proceso. La inconstitucionalidad solo espera sentencia y de ser favorable, el abogado que la interpuso Carlos Rodríguez-Cerna conseguiría anular la elección que los diputados hicieron el 2 de junio. Mientras que el amparo provisional está por ser ratificado y entonces al quedar en firme, Hellen Mack conseguirá anular en definitiva la toma de posesión del 3 de junio.

Esto evidencia las presiones políticas que rodean las decisiones jurídicas del máximo organismo judicial, donde no hay una mayoría definida. Solo se distinguen dos liderazgos: el del magistrado Roberto Molina Barreto –conservador de cepa y cercano a los intereses empresariales y presidenciales- y el de la presidenta Gloria Porras –progresista y con una carrera en investigación penal y en la CICIG-.

La ley no especifica cuál de las dos acciones debe ser resuelta primero en la CC.

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Por el momento, Duarte está suspendido de sus funciones desde el 2 de septiembre. Cumplía tres meses en la titularidad que solía ocupar el ahora presidente Alejandro Maldonado. Ese día en la agenda del pleno estaba la solicitud de Mack y fue otorgada de forma provisional. Duarte se inhibió y no participó en la sesión, en su lugar estuvo la magistrada María de los Ángeles Araujo.

Ella junto a Gloria Porras y Mauro Chacón votaron a favor de que el abogado dejara de ser magistrado temporalmente. La votación quedó 3 a 2. Los disidentes fueron Roberto Molina Barreto y Héctor Pérez Aguilera. Ambos razonaron su voto en la misma línea y argumentaron que no se podía admitir tal recurso porque son juez y parte del caso. Pero no hay una institución por encima de la misma CC. Duarte pasó entonces a ser un tercero interesado en el proceso. Su futuro ahora pende de sus colegas.

En esa reunión, los magistrados descubrieron la otra plaza que tenía Manuel Duarte. Tardó más de dos meses en renunciar al Congreso. Desde enero 2014, trabajaba como subdirector de asuntos jurídicos. Pese a ser nombrado el 2 junio su carta de renuncia tiene como fecha hasta el 17 de agosto. El abogado no debió haber dejado pasar más de 15 días para esto. El artículo 160 de la Ley de Amparos  ordena que de no hacerlo en ese plazo de tiempo se interprete como un rechazo al nuevo cargo y quede sin efecto. La lógica es que así se guarda la credibilidad e independencia.

Nadie verificó cuándo se presentó la renuncia. No existe alguna norma que obligue a las instituciones a hacerlo.

En lugar de la renunciar el 2 de junio, Duarte pidió a la comisión permanente (que funciona en el período extraordinario del Congreso) una licencia sin goce de salario que estaba vigente hasta el 30 de abril de 2016. El único que protestó fue el primer secretario y diputado César Fajardo, quien dijo que por ser de carácter temporal la comisión no podía conceder la licencia y además que el período máximo que se concede es de dos meses. Votó en contra y lo dejó por escrito.

Este hecho se suma a una serie que ahora es evaluada por la Corte, por eso pidió un informe circunstanciado al Congreso.

Duarte fue postulado para la CC el mismo día que pidió la licencia. Ocurrió en una sesión extraordinaria que condujo el presidente Luis Rabbé. La moción privilegiada la presentó Rolando Pérez Bethancourt, diputado independiente (expatriota) de Sacatepéquez. Esto sorprendió a todos porque habían sido convocados con otro objetivo: conocer la renuncia de Baudilio Hichos a la presidencia de la pesquisidora y la elección de su sustituto. Todo para que la comisión quedara integrada y pudiera conocer el primer antejuicio en contra el ex presidente Otto Pérez Molina.

Cual aplanadora, impusieron su parecer los diputados del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el Partido Patriota (PP) y sus aliados. El abogado se convirtió entonces en magistrado con 89 votos a favor y 46 en contra. Más de una docena de opositores ahogaron su inconformidad en gritos, votos razonados. Entre ellos, Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): “Presidente (Rabbé) no se preste a cochinadas. (Duarte) es el alfil de la impunidad. La alianza Líder–PP quiere instaurar la corte de impunidad”.

“¡Ojalá! La población se prepare para tragarse este trago de toronja. Rojo por dentro y naranja por fuera”, dijo Héctor Lira, diputado de Encuentro por Guatemala (EG). “¡Estoy harto, esto es una atrocidad!”, dijo Mynor Cappa de Todos. Los reclamos duraron casi una hora y luego quedó ratificada con la aprobación del decreto 6-2015. Mientras tanto Duarte aguardaba pacientemente en la presidencia del Congreso, que queda a unos metros del hemiciclo. Como si estuviera todo planeado, el abogado salió presto para ser juramentado.

Ante la falta de una convocatoria pública que hubiera permitido conocer otros candidatos, realizar la selección respectiva como lo manda la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en lugar de una moción privilegiada, y porque el decreto que valida la elección aún no ha sido divulgada en el diario oficial, el abogado Carlos Rodríguez-Cerna presentó una inconstitucionalidad (un documento de 56 páginas). La acción está pendiente de conocer.

Duarte tiene 19 años de ejercicio profesional. Acumuló más de 13 años de experiencia en la CC, con tres períodos diferentes. Trabajó como notificador, oficial de secretaría general y oficial específico (de 1987 a 1991). Fue abogado externo compilador de jurisprudencia (en 1997 y 1998), es decir que reunía sentencias emitidas por otras instancias como juzgados para que la CC emitiera opinión, todo según se lo solicitaran.

De 2004 a 2006, trabajó fuera de la Corte. Participó dos años como negociador del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos en el Ministerio de Economía. Luego fue Registrador de la Propiedad durante el gobierno del expresidente Óscar Berger y hasta encabezó al grupo de asesores de la presidencia.

En 2006, Duarte regresó como abogado coordinador de magistratura, donde trabajó hasta el 11 de junio de 2013. Prefirió presentar su renuncia antes de ser despedido. Discutió con la magistrada y ahora presidenta Gloria Porras. “Deseo hacer patente mi recíproco aprecio y admiración y mis votos por la seguridad que continuarán con su inagotable esfuerzo en mantener a la Corte de Constitucionalidad como la institución pública de mayor respeto y credibilidad en el país”, escribió en su carta.

En 2014, fue candidato a la Corte Suprema de Justicia pero no consiguió el apoyo necesario. Ahora su magistratura pende de un hilo. Su salida representaría la caída del ungido del Legislativo, cuya misión era balancear los poderes internos a su favor de la alianza Líder-PP, como denunciaron varios diputados desde que fue electo Duarte.