Otto Pérez Molina aporta evidencia en su contra

El juez Miguel Ángel Gálvez lo espera en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Deberá comunicarle a Otto Pérez Molina, los tres delitos de los que se le acusa (asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera, los mismos por los que ahora está en prisión Roxana Baldetti) y dictar prisión preventiva. Cuando eso suceda, el general dejará de ser Presidente. Pues si bien OPM ya dimitió al cargo, su carta de renuncia aún no ha sido conocida el Congreso.

El juez Gálvez también fijará este día la fecha para la primera audiencia, que podría ser este viernes o el lunes. Cuando eso suceda, Otto Perez Molina deberá escuchar las evidencias que  presente el MP-CICIG, y entre ella figurará un documento que él mismo aportó. Lo usó para defensa sin saber que con ello se disparaba al pie.

Pérez Molina negó dos veces sus vínculos con Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, considerado el jefe externo de la estructura criminal “La Línea”. Primero en un mensaje a la nación y luego en el informe que entregó a la Comisión Pesquisidora del Congreso. Pero ese documento que presentó y firmó con su puño y letra fue su ruina. Ahora, ese memorándum también forma parte de la investigación.

En tres días

El 31 de agosto, cuando reiteró que no renunciaba, con una voz firme, sin titubear y la mirada clavada en los lentes de las cámaras, Otto Pérez Molina habló entre otras cosas de un memorándum. Una hoja donde aparece su cargo y nombre completo, y que está guardada en la computadora personal de Salvador Estuardo González Álvarez,  la cual le fue incautada.

“Me cuestionan de un informe que no conocía, que como pueden ver no está sellado de haber sido recibido por alguna de las instituciones de gobierno. Solo que el encabezado está dirigido al Presidente. Eso lo puede hacer cualquier persona”, dijo.

Con estas palabras sembró varias dudas, ¿Será verdadero el informe de González? ¿Llegó a manos del presidente la hoja? Nómada recordó entonces que tres días antes del mensaje a la nación, Pérez Molina había respondido a sus propios cuestionamientos. Y reforzó los aspectos que había advertido Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), cuando anunció la solicitud de antejuicio.

El 29 de agosto,  en el informe escrito que entregó para no acudir a la citación de la Comisión Pesquisidora del Congreso, el gobernante mencionó el contenido, propósito y uso que tendría la información de González. Sin embargo, ahora el documento forma parte del expediente del caso que está en manos del Organismo Judicial.

En este, Pérez Molina reconoce la existencia del reporte con fecha del 13 de abril de 2015. “Contiene un diagnóstico de debilidades de recaudación de los tributos aduaneros”, escribió. Además, justifica todo en aras de mejorar la situación en los puertos, “a efecto de que se reconocieran los esfuerzos del Gobierno para alcanzar las metas de recaudación, y poder inclusive rebasarlas”.

La Línea ya estaba bajo investigación desde hacía ocho meses por la CICIG y faltaba un mes para las primeras capturas. El presidente resume que “de ninguna manera (el memorándum) puede constituir una coadministración de la labor de recaudación, toda vez que constituía un diagnóstico más no una administración,  (lo que denota) la mala fe del Ministerio Público y la CICIG en cuanto extraer fragmentos fuera de su contexto”.

Pérez Molina sabía que González elaboró un reporte, cuando todavía no se había hecho público el caso. La contradicción entre su discurso y el informe escrito es evidente. Justo unas semanas antes del memorándum, Pérez Molina y González se reunieron en una casa de la 16 calle de la zona 10. Fue el 26 de marzo 2015.

El encuentro entre ambos quedó grabado en una conversación telefónica de Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, a “Manolito”, un empleado de la Boutique Emilio propiedad de Luis Mendizábal, prófugo  y que también es otro líder de la estructura externa de la Línea.

Cuando González fue capturado por ser cabecilla de La Línea, Ortiz actuó como intermediario para auxiliarlo. Negoció medidas sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling. Eco recuperó por un tiempo su libertad a cambio de una fianza de Q200 mil, pero regresó a prisión y fue ligado a un segundo proceso conocido como el “bufete de la impunidad”, otro caso de sobornos.

Antes que todo esto pasara, González estaba fuera del ámbito público. Era conocido como el presidente de Corporación de Noticias, la empresa que edita Siglo 21 y Al Día. Llegó al cargo formalmente en mayo 2013, cuando un grupo de inversionistas representado por él negoció la compra del 58 por ciento de las acciones.

A dos meses de haber asumido el puesto, González recibió la visita del presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente Roxana Baldetti (también ligada a proceso de La Línea). Visitaron las instalaciones de los diarios en julio de 2013. El hecho reforzó el rumor que González era un testaferro y trabajaba para el binomio patriota, algo que aún no se comprueba y que está bajo análisis del MP y la CICIG.

“Yo digo con toda la certeza que es totalmente falso que Salvador González se reunía conmigo cada semana. Si estuvo fue para pedir servicios de control, para una sociedad de manejo de empresas. Pero de ahí, no tengo ningún tipo de relación con él. Es totalmente falso. No es cierto que me daba reportes de aduanas”, dijo Perez Molina el 31 de agosto.

En esa misma intervención pública, el presidente arremetió contra Thelma Aldana, fiscal General, Iván Velásquez, jefe de CICIG, al sector empresarial y las manifestaciones pacíficas.

El 1 de septiembre fue despojado de la inmunidad. Por unanimidad 132 diputados votaron por quitarle el derecho de antejuicio. El 2 de septiembre el Ministerio Público solicitó su orden de captura por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera (los mismos por los que ahora está en prisión Roxana Baldetti). El 2 de septiembre renunció al cargo. Su futuro ahora depende del juez encargado del caso La Línea, Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal Primero de Mayor Riesgo B.

*Para este artículo contribuyó Diego Padilla.