Mack: Cómo hacemos para vivir en un Estado de legalidad, moral y humanidad en Guatemala

De esa pregunta, ¿en qué estado quisiéramos vivir?, derivan muchas respuestas que más bien nos internan en desvelar uno de los dramas más profundos que sufre nuestra sociedad, que son el impacto de la injusticia, de la opresión y del abuso. Por otro lado, esa pregunta nos sirve para intentar arrancar a los cínicos las máscaras de hipocresía y una oportunidad para sacudir, de nuestras mentes y conciencias, los miedos atávicos inexistentes y explotados por los criminales para neutralizar las posibilidades de sanear nuestro país. La pregunta también debe servir, por supuesto, para descubrir las complejidades de esa lucha.

Para cumplir con parte de ese objetivo, que, sin ser exhaustiva, la abordaré desde la perspectiva de la ética social:

Hemos escuchado con asombro a algunos políticos que han dicho que no existe relación entre el comportamiento moral y el jurídico o legal. Esa idea es aún más generalizada en la ciudadanía cuando opinan que la moral y la política se repelen. La primera idea resulta, un pretexto para minimizar la persecución de sus crímenes. La segunda es el resultado de las frustraciones de los ciudadanos por las experiencias vividas; no obstante, sabemos que no existe vida humana sin vida social y esta no es posible sin vida política.

Una gran mayoría de autores del campo de la Ética general y la Ética jurídica contradicen al respecto de la ausencia de la relación entre moral y derecho, y por el contrario afirman que, de todas las formas de comportamiento humano, el jurídico es el que más se relaciona con el comportamiento moral. Uno de esos autores, incluso señala que el derecho y la moral se complementan y entrelazan.

En este sentido, el objetivo social inalienable es el que las instituciones jurídicas cumplan cada día más con nuestras aspiraciones de legalidad, legitimidad, moral y, por lo tanto, de humanidad. La utopía es ver en el futuro la construcción de un todo que incluya esos conceptos como parte de nuestra realidad.

Una vez comprendida esa conexión necesaria, nuestro esfuerzo debe encaminarse a fortalecer las relaciones internas de esos tres factores; la moral, el derecho (la ley) y la política.  La tarea no es fácil, pero es ineludible si no queremos que nuestra sociedad naufrague en el océano de la criminalidad en el que navegamos actualmente.

Habiendo propuesto estas ideas como punto de partida, paso a lo que atrae nuestro interés práctico hoy: ¿Cuál debe ser la actitud de las personas responsables en el momento que vivimos? Un momento que, aunque histórico, tiene hoy una notable fuerza coyuntural decisiva.  Se trata entonces de una combinación que nos alienta y nos aterra, porque sabemos que marcará el futuro de las nuevas generaciones.  Nos alienta porque es un futuro que tenemos la oportunidad de cambiar hacia la decencia y el compromiso humano y nos aterra porque si no actuamos con decisión, veremos la continuación de la descomposición social vertiginosa; en otras palabras, estamos frente a la disyuntiva de escoger entre continuar dentro de los límites del Estado criminal que ya vivimos, o avanzar a una nueva sociedad.

Como ciudadanos debemos empezar a poner límites a los políticos, funcionarios y empleados públicos, en el ejercicio de su función.

No debe haber tolerancias de ningún tipo para la corrupción o impunidad en ninguna parte o rincón de la institucionalidad del Estado, no puede haber tolerancias que nos lleven a continuar con comportamientos o culturas proclives a la cooptación de los criminales en el Estado, bajo ninguna perspectiva.

Ser un Estado ético y no cooptado por estructuras que toleran la corrupción no es una opción es un deber ser, al que no se puede permanecer pasivo.

Las instituciones deben sanearse, debemos empezar a pensarnos como Estado, como esa concepción del ser ciudadano-estado, para ir dibujando un mejor futuro. Que por fin las instituciones sirvan a la democracia y no al interés de unos pocos.

Como guatemaltecos estamos llamados a no permitir la continuidad de funcionarios públicos o instituciones permeadas o cooptadas por intereses sesgados que no tienen visión de Estado.

Al permitir que coexista la impunidad y la corrupción y que más bien la institucionalidad estatal sea un sistema que coadyuve a ese fin, no se construye sino se destruye el Estado.

En los últimos años, hemos vivido con más claridad las consecuencias de esa cooptación del Estado, y paradójicamente, a quienes les interesa esa cooptación cada vez van minando en el imaginario social que eso es “lo normal”; que las luchas contra la impunidad son de corte izquierdista, de terroristas o de los traidores del Estado.

Muchos dicen ser temerosos de Dios, pero con sus acciones le ofenden, olvidan que deben amar al prójimo como a sí mismos y todo lo que hacen es en función de ellos mismos legislando a favor de la criminalidad. No olvidemos el famoso día del Pacto de Corruptos en el Organismo Legislativo,  que legislaron para librarse de sus delitos y de otros funcionarios en procesos judiciales. Es aberrante en un supuesto Estado de Derecho, donde el pueblo les confía su representación y ellos utilizan ese poder para representarse a sí mismos y no sólo retorcer la ley sino crear normativa que premia a corruptos garantizándoles impunidad, olvidándose de su obligación de legislar a favor del Bien Común.  ¿Cómo no indignarse cuando en vez de velar por políticas públicas que beneficien a los demás, se ignora “al otro” sólo para favorecer sus bolsillos?

El actual Presidente tiene dos solicitudes de antejuicio pendientes de resolver. Su hermano y su hijo se encuentran en debate público por delitos de corrupción y en lugar de gobernar un país en declive, se dedica a gastar toda su energía, esfuerzo y recursos para sacar al Comisionado Iván Velásquez de  la CICIG y debilitar al Ministerio Público que luchan contra esa corrupción que tanto tanto daño nos ha hecho y con cinismo dice abanderar la lucha contra la corrupción.  En pocas semanas tendrá en sus manos la decisión de elegir a un Fiscal General que luche contra la corrupción e impunidad o que la obstaculice

La actual Corte Suprema de Justicia fue electa con serios señalamientos. Dicha elección fue legal, pero totalmente ilegítima y ahora,  varios de sus magistrados están siendo procesados por casos que ostentando el poder o en su camino por llegar a él, posiblemente cometieron delitos. Su ilegitimidad se ve claramente manifiesta cuando ésta misma CSJ utiliza el concepto de independencia judicial para garantizar la impunidad del Juez Mynor Motto al rechazar in limine la petición de antejuicio librándolo del delito de prevaricato, cuando ya una Sala había resuelto a favor del MP/CICIG.

Esa falta de independencia judicial también la vemos cuando la juez Claudette Domínguez retorció las leyes para favorecer a sus benefactores hasta el punto de violar la Constitución para anular una orden de captura o el caso en contra de Roberto López Villatoro (Rey del Tenis) como una prueba contundente de esa cooptación del sistema de justicia.

Por años, hemos convivido gobernados por funcionarios públicos de varias clases, desde los que meten las manos en las arcas del Estado y se llevan los billetes a su bolsillo; como aquellos funcionarios que buscan llegar al poder para pagar favores de campaña o ser títeres de los sectores de poder que les financiaron o les pagaron con casas, dinero u otros bienes para que respondan ya en el cargo, a los compromisos que asumieron para llegar al poder. Literalmente, ven al Estado como un negocio rentable para volverse ricos de la noche a la mañana.

A lo anterior, se agregan las complicidades de quién seduce a funcionarios inescrupulosos para autorizaciones de obra pública defectuosa, pensemos en los que desde otros ámbitos de poder aportan sus recursos para llevar al poder político a ese tipo de funcionarios y, así, asegurarse el círculo perverso de la corrupción público privada y privilegios que les garantice ganancias  de recursos ilegítimos a costa del sudor, la sangre y muerte de personas trabajadoras de la población más pobre del país; en detrimento de su  calidad de vida.

Para quienes se aprovechan de un Estado disfuncional, la ética y la moral entonces, son un estorbo y algo que hay que atacar de raíz y dejar a aquellos que la impulsan o exigen, como los detractores de la patria.

Lo anterior no es nuevo, pero si fue más visible a partir del 2015 cuando la CICIG y el MP empiezan a sacar casos de corrupción, evidenciando a los delincuentes de cuello blanco, empieza una lucha encarnecida para intentar parar u obstaculizar a toda costa esa dinámica de judicializar casos donde los aparentes responsables o sindicados son de los grupos de poderes ocultos que nunca antes se hubiese pensado que podrían ser procesados.

Es a partir de esa lucha contra la corrupción e impunidad que ha abanderado el MP y la CICIG, que inició un despertar de la participación ciudadana (que no son los #20 tuiteros), que la población está cada día más consciente de que, todo eso es producto del crecimiento y la consolidación de un Estado criminal.

Retornando a las reflexiones iniciales y aceptando que la esfera de lo moral es más amplia que la del derecho, nos corresponde como sociedad abrir más la discusión de la moral aplicada al perfeccionamiento de esa relación entre derecho y moral. En ese sentido, y refiriéndome al momento actual, además de la aplicación de la ley y el combate a la corrupción, es importante crear todas las condiciones para que la justicia sea aplicada en los tribunales con prontitud.

No puedo dejar hoy de lado otro fenómeno que me parece gravísimo, porque señala la falta moral más grave que hemos vivido en nuestra historia (al hacer añicos la deontología social), a la vez que nos enfrenta a consecuencias que algunos sectores no se han percatado aunque está en el origen de fenómenos que les parecen indeseables.  La conflictividad social actual, no está desconectada del hecho de que hemos perdido oportunidades del diálogo que prometía la paz.

Me refiero al nivel de espanto que adquirieron los crímenes de Estado durante el conflicto armado interno. Es importante que como sociedad veamos nuestro pecado; la pretensión de ignorar o minimizar la existencia y responsabilidades de esos crímenes con argumentos vergonzosos o, simplemente, con el olvido.

El hecho de ignorarlo o minimizarlos, no sólo transgrede la propia dignidad de quien ignora o minimiza, sino que ha ido creando consecuencias en la percepción de quienes son ignorados o minimizados, al ser considerados como personas de menor valor.  Esto, forma parte de los orígenes de la conflictividad, de la falta de credibilidad de sectores que ni siquiera se han dado cuenta que el otro también vive un mundo subjetivo de dignidad.

Quizás sea hora de que quienes gozamos mejores condiciones de vida seamos los más obligados a buscar esos caminos de diálogo y humanización. En fin ¿no sería más sensato también tratar de dilucidar cuales son las profundas relaciones entre el Estado Criminal de esa época con el Estado criminal actual y cuál es el camino para superarlo? Estoy convencida de que la lucha contra la corrupción y la impunidad actual es sólo una parte de ese esfuerzo, pero es una parte fundamental.

Es el momento de detenernos a reflexionar: ¿es la mejor forma de financiar a los partidos políticos, la que hemos tenido hasta ahora? ¿hemos hecho lo posible para evitar que la corrupción sea la excepción y no la regla? ¿estamos dispuestos a mirar hacia nosotros mismos y examinar nuestras conductas que han permitido que lleguemos hasta este fracaso? Creo, sin duda, que esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Construir un Estado democrático es una tarea indelegable e impostergable y este es el momento.

Finalizo, expresando mi solidaridad y respeto por todas aquellas personas o grupos que trabajan por dignificar nuestra vida, a través de la lucha contra la corrupción y la eliminación otras formas criminales imperantes en nuestro país. Sabemos que lo hacen aceptando un alto nivel de sacrificio por las tareas extenuantes y los riesgos que incluyen las conspiraciones contra el prestigio y dignidad que merecen. En esta lucha hemos estado juntos y lo estaremos, porque creemos en la construcción de una Guatemala donde haya espacio para todos y todas, donde las instituciones funcionen al servicio de los ciudadanos, y la justicia no sea un reclamo, sino una realidad.

Guatemala, 7 de marzo de 2018