La defraudación aduanera: el corazón del proyecto militar y del PP

La corrupción en aduanas está en el centro del proyecto del Partido Patriota, como estuvo en el centro del proyecto militar durante las dictaduras y de los espacios que mantuvieron los militares después de la transición a la democracia. La investigación de la CICIG y el Ministerio Público sobre la organización criminal dirigida por Juan Carlos Monzón, capitán retirado y mano derecha de la vicepresidente Roxana Baldetti, muestra que fue una estructura que incluso logró reconciliar a facciones del ejército que se odiaban a muerte.

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Monzón y Baldetti, en un acto reciente.

Foto: Soy502.com

El terremoto político y la avalcancha de información que provocó la captura de 21 personas ayer eclipsa detalles sobre personajes de oscuro pasado que están de nuevo frente al sistema de justicia de Guatemala. Estos son algunos de los vínculos sobre el continuum del proyecto de corrupción militar en las aduanas durante los últimos cuarenta años. Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti, era el manejaba desde el Ejecutivo la estructura. Desde los años noventa estaba en una banda de robacarros, junto con Byron y José Moreno, hermano y sobrino del militar, narcotraficante y defraudador aduanero Alfredo Moreno Molina, jefe de la Red Moreno.

Moreno no pudo ser defraudador de aduanas sin vínculos con una línea de inteligencia militar, que ahora regresó al poder y se encuentra en el sistema de seguridad del gobierno del PP. Completan el cuadro de la investigación de la CICIG y el MP dos elementos más: conspiradores de extrema derecha (Luis Mendizábal) y el gerente de diario Siglo 21 –del que ahora son accionistas allegados a Baldetti–.

El caso SAT parece empezar a crear un patrón: la relación de los despachos del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti con estructuras criminales. La CICIG y el MP revelaron que la estructura de defraudación aduanera La Línea, de Juan Carlos Monzón, fue la que decidió al actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y convenció a Pérez Molina de nombrarlo en el puesto.

Lo mismo demostraron la CICIG y el MP en otro caso hace ocho meses: el reo y capitán retirado Byron Lima Oliva –condenado por el asesinato de monseñor Gerardi– fue quien recomendó al director y autoridades del Sistema Penitenciario a Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, militar retirado y mano derecha de Pérez Molina.

La CICIG y el Gobierno están en una relación tensa. Pérez Molina no ha confirmado la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto en medio de presiones de la opinión pública, Estados Unidos, algunos empresarios y la oposición. El presidente Otto Pérez y la vicepresidente Roxana Baldetti están en el momento más complicado de sus tres años y medio de gobierno.

¿Qué era la Red Moreno?

En la investigación de la CICIG y el MP sobre La Línea resalta la presencia de un miembro de la antigua Red Moreno. Se trata de Francisco Javier Ortiz Arriaga, miembro también del Grupo Salvavidas.

La Red Moreno fue un grupo compuesto por oficiales del ejército y funcionarios del gobierno encargado de controlar las aduanas del país, como fue demostrado por archivos judiciales que encontraron la organización WOLA y una investigación de elPeriódico. Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia militar conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados a los generales Francisco Ortega Menaldo y Otto Pérez Molina, respectivamente.

La Red Moreno nació dentro del Estado militar, en la década de los setenta. Los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo fueron los arquitectos de una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas. En esos años, el ejército estableció una oficina para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos de la izquierda armada. Pero no sólo fue usada para la guerra. Al consolidarse, la estructura sirvió para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El salvadoreño Alfredo Moreno Molina era parte de este grupo, que fue capaz de controlar el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores y eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, el ejército y el Ministerio Público.

Todo esto según los juicios entre 2000 y 2002, después de que fuera desarticulada la red durante el gobierno de Álvaro Arzú. Se concluyó en los juicios que Moreno no había pagado impuestos sobre más de Q80 millones al mes por un periodo no menor de 10 años. Es decir, Q9,600 millones de quetzales de entonces. Unos Q76,800 millones de ahora. Más que el presupuesto nacional de todo el Estado durante este año, 2015.

A finales de los ochenta, dentro de ese grupo se formó otro: el Grupo Salvavidas. Este fue un esfuerzo más concreto y visionario. Buscaban una red de hombres con influencia y conexiones en todas las instituciones importantes del Estado guatemalteco.

Fue hasta el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) que la red fue atacada y que se creó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para transparentar e institucionalizar la recaudación después de la firma de la paz. En el caso Moreno, el Ministerio Público encontró más de 50 carnés de diferentes instituciones estatales, todas con las fotografías de Moreno. La evidencia implicó a varios militares de alto rango, entre los que destacaba el general Francisco Ortega Menaldo, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, el general Roberto Eduardo Letona Hora, el mayor José Fernández Ligorría, el coronel Jacobo Salán Sánchez, el entonces candidato presidencial Alfonso Portillo, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong, designado magistrado de la Corte de Constitucionalidad durante los años de Portillo.

La relación con Alfonso Portillo era importante: el 16 de septiembre de 1996, Portillo admitió haber recibido de Moreno Q70 mil para su campaña.

Los militares se dividieron en dos partidos políticos después de la firma de la paz: el Frente Republicano Guatemalteco (FRG, de Ríos Montt), y el Partido Patriota (PP, de Pérez Molina).

Luego de la victoria del FRG y de Portillo, el fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos especiales que se encargaba del caso de Moreno y que demostró las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001, Moreno pagó un Q1 millón como fianza y fue dejado en libertad.

Francisco Javier Ortiz Arriaga, arrestado por la CICIG ayer, era parte de la Red Moreno y también de la red de la mano derecha de la vicepresidente Baldetti y los jefes de la SAT nombrados por Pérez Molina.

El vínculo con el pasado y el proyecto aduanero del PP

La presencia de Francisco Ortíz Arriaga en la estructura es una sorpresa que abona en varias hipótesis. ¿Quién es Ortíz Arriaga?

Cuando en 1996 se intentó desarticular a la Red Moreno, Francisco Ortíz Arriaga, funcionario de aduanas, estuvo entre los capturados. Según una investigación para el Hemisphere Initiatives, el ex funcionario aceptó cooperar con las diligencias del Ministerio Público y proporcionar detalles sobre la estructura de la banda y sus principales operaciones. Con la información que dio Ortíz se pudo corroborar la participación de los generales retirados Manuel Callejas y Francisco Ortega Menaldo, que como oficiales de inteligencia controlaban la red que Moreno dirigía.

El trabajo de Ortíz Arriaga le valió su libertad. Por 20 años. Ayer volvió a ser capturado por el mismo delito.

Desde el inicio del gobierno, la vicepresidenta Roxana Baldetti mostró gran interés en las aduanas. Presionó por contrataciones al entonces jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, que meses más tarde renunciaría. Incluso tomó la coordinación de la Comisión Nacional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera. A inicios de octubre de 2013, el Presidente analizó la posibilidad de intervenir las aduanas con el ejército, lo que provocó la renuncia del ministro de Finanzas, Pavel Centeno.

El gobierno del PP aprobó en su primer mes de mandato la reforma fiscal más importante en décadas. Pero mientras conseguía un récord en recaudación del Impuesto Sobre la Renta, se desplomó el IVA en aduanas. Cuando analizaban la intervención de aduanas después de la salida de Centeno, Baldetti declaró: “No será fácil, vamos a darle seguimiento para que la intervención valga la pena, especialmente para los empresarios e industriales del país que generan desarrollo y empleo”.

Lo que al final se llevó a cabo fue una intervención operativa, en donde 400 policías y 650 militares fueron desplegados en cinco aduanas. Ese intervención militar fue determinante para que renunciara la siguiente ministra de Finanzas, María Castro, quien denunció que no se estaba cumpliendo con el objetivo de recuperar la recaudación.

Para la intervención se nombró a Claudia Méndez Asencio (muy cercana a Baldetti,) y en la Empresa Portuaria Quetzal se nombró al militar retirado Carlos Lainfiesta.

Tras la captura de la estructura, uno de los primeros en aplaudirlo fue Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio (que representa a los importadores) y del CACIF. Briz ha sido de los pocos líderes empresariales a favor de la continuidad de la CICIG.

La segunda parte de la investigación, anunciaron el MP y la CICIG, será investigar a los importadores que fueron clientes de esta red y pagaron sobornos.

Miembros de la Red Moreno, de la Vicepresidencia, de la SAT y aduanas, y empresarios. Todo durante el gobierno del Partido Patriota de Otto Pérez y Roxana Baldetti. ¿Cómo se armó esta alianza?

El gobierno de la alianza de militares

Una minuciosa investigación realizada por El Observador en 2012 recordó que con el PP no sólo habían regresado los militares; eran los militares de inteligencia. Y lanzaron una hipótesis: siguiendo los nombramientos en los principales puestos del sistema de seguridad e inteligencia del Estado, se podía aseverar que el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de inteligencia militar, históricamente peleadas pero ahora unidos para hacer gobierno.

¿El símbolo de la alianza? Roxana Baldetti, vocera del expresidente Serrano Elías (1991-1993), el último gobierno en el que las dos redes de militares de inteligencia habían trabajado en las mismas instituciones, aunque nunca de la mano.

La hipótesis de El Observador decía que se dio una repartición entre las dos redes. La red cercana a Pérez Molina y la red cercana a Ortega Menaldo (y a Baldetti). La “línea institucional” y la “línea dura” del ejército. Armaron una sistema de pesos y contrapesos en puestos en seguridad.

Ministerio de Gobernación, Sistema Nacional de Seguridad, Secretaría de Inteligencia Estratégica, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Dirección General de Inteligencia Civil. En todas se ubicaron oficiales de inteligencia y contrainteligencia militar.

La presencia de Francisco Ortíz Arriaga tanto en la Red Moreno y como en la red del secretario privado de Baldetti es un vínculo entre ambas estructuras. La captura de personas vinculadas a Roxana Baldetti, bisagra entre las dos redes de militares, parece haber atacado el corazón de un proyecto de defraudación aduanera que no había tenido tanto acceso al poder desde las dictaduras y el gobierno del otro partido de militares, el FRG.

La red Moreno, 20 años después, continúa viva. Está por verse si esta vez podrá ser desarticulada.

Rodrigo Véliz
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Llegó al periodismo por la investigación y el deseo de ayudar a informar. Confía como Camus y Gelman en que la transición al periodismo, si es claro el objetivo, es posible. Colabora con el CMI.


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