La educación sexual ya es ley, pero se ignora

La iniciativa 3896, conocida como Ley de la Juventud, fue presentada hace ocho años cuando Roxana Baldetti y Manuel Baldizón eran diputados. La última vez que se habló de ella en el hemiciclo fue en 2010. Y no fue hasta el pasado 6 de febrero cuando se retomó en tercera lectura. Las organizaciones juveniles se acercaron a los diputados y lograron incluir enmiendas en la redacción de la nueva norma.

Pidieron sumar que la ley encierre el derecho a ser educados en sexualidad de manera integral, científica y laica; la no discriminación y estigma hacia las personas con diferente orientación sexual, así como el acceso a anticonceptivos y a estar informados sobre planificación familiar. Sin embargo, la mayoría de estos artículos ya están contemplados y aprobados en el decreto 87-2005, el derecho a la vida sin discriminación y estigma, no se ha incluido.

En la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, se establece la obligación del Estado con toda la población guatemalteca (incluidos los jóvenes) para garantizar el derecho del acceso a la educación sexual, a métodos de planificación familiar y anticonceptivos.

Desde el año 2005 se aprobó la ley con el artículo 1 que manda “asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar”. Y se dedica el capítulo 4 del mismo decreto, al “Aseguramiento para la provisión de métodos de planificación familiar”. Incluso, se creó la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA) encargada de velar por la disponibilidad de los mismos y el acceso de la población guatemalteca a estos servicios.

Un paso atrás

Algunas organizaciones juveniles exhibieron una serie de propuestas que consideran necesarias incluir en el proyecto de la Juventud. Sin embargo, no fueron apoyadas por otros grupos, lo que generó una discordia entre las entidades presentes en el palco del Congreso.

De acuerdo con Ingrid Gálvez, representante de GoJoven, “se debe incluir los temas relacionados con los derechos a salud, educación, así como la seguridad y justicia de los jóvenes”. Y es que en un país que tiene una tasa de embarazos adolescentes tan alta (con una de cada cinco mujeres con hijos o embarazadas entre los 15 y 19 años) y con un nivel educativo deficiente, la educación integral se ha convertido en una necesidad primordial.

“Esta ley necesita, además de estructura y financiamiento, inclusión. Porque hay jóvenes que no están incluidos y al no prohibir la discriminación y el estigma se les deja fuera”, insiste Gálvez. Sin embargo los diputados dentro del hemiciclo no están de acuerdo. Según el diputado Juan Manuel Giordano, uno de los más jóvenes y ahora miembro de FCN, “Guatemala no está lista para aprobar leyes para las personas transexuales”.

Y con una postura conservadora, que resulta más cómoda para algunos legisladores, los movimientos de jóvenes que se oponen a las enmiendas explican que sus motivos se basan en que “la ley en sí, tiene problemas, tanto de redacción como de fondo”, dice Ariana Callejas de Primero Guatemala, a la que pertenece Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala.

Dentro del Congreso estas organizaciones recitaban la frase “las enmiendas no me representan” y repetían una y otra vez cuánto no quieren que se trate la sexualidad como parte de una educación integral. Callejas expresa que la “educación sexual no es la raíz del problema”, al referirse a la situación general de Guatemala, por lo tanto no la consideran un tema prioritario.

Dentro del hemiciclo, este tipo de pensamientos tiene un aliado. El diputado Fernando Linares Beltranena, abogado y miembro del Partido de Avanzada Nacional, considera que la educación sexual debería ser responsabilidad de los padres. “El caso de los huérfanos es una excepción, pero la ley se debe hacer para casos generales”, dice Linares. “Nosotros no debemos de consentir lo que esta ley libertina nos presenta y por eso es mejor evaluarla en la comisión”.

Al preguntarle sobre la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y las normas que coinciden con la iniciativa de la Ley de la Juventud, se limita a responder que, “aquí no se menciona a los padres (como si los hijos fueran independientes) y el derecho de familia y matrimonio. Tampoco se habla sobre paternidad responsable y el derecho al abstencionismo”.

Dentro de los que apoyan y promueven la postura en contra de la educación sexual en los establecimientos y el acceso a métodos anticonceptivos, están las iglesias. Tanto la católica, como la evangélica, consideran que la inclusión de estos artículos en la Ley de la Juventud suscitan a la promiscuidad y abren la puerta al aborto. De acuerdo con su pronunciamiento, el pasado 8 de febrero, “la Constitución protege la vida desde su concepción”, por lo que las enmiendas propuestas son inconstitucionales. A la vez, advirtieron que no permitirán que la ley, si se aprueba de esa manera, tome vigencia.

Otra secretaría más

La discusión alrededor de temas que figuran en otra ley evitó discutir la necesidad o no de crear otra secretaría. Una nueva cartera, equivalente a un Ministerio, con presupuesto de Q40 millones y sin métodos de fiscalización contemplados dentro del proyecto de ley.

Con la aprobación de la Ley de la Juventud, el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) desaparecería para dar lugar a la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju). Su presupuesto se obtendría de incrementar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a las utilidades. Este modo de financiamiento se propuso a través de una enmienda, y plantea un incremento de 5 a 6 por ciento del ISR que se paga sobre las ganancias empresariales. Por lo que el 50 por ciento de las ganancias generadas a través del impuesto, se usaría para el sector de salud y la mitad, llegaría a la nueva secretaría.

Esta propuesta fue la razón por la que la iniciativa no llegó a ser aprobada. Ahora, la Ley de la Juventud fue enviada a una comisión extraordinaria, presidida por la diputada del Partido Patriota, Alejandra Carrillo, exdirectora de Conjuve.

En Guatemala, se calcula que 4.9 millones las personas se encuentran entre las edades de 15 y 29 años. Por lo que esta ley beneficiaría a ese sector que no cuenta con marcos legales, políticos y estratégicos que garanticen oportunidades de vida, el ejercicio de derechos humanos y un desarrollo integral. Este tipo de iniciativa ha sido, incluso, reconocida por el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país. Y considera que se “sienta las bases para el reconocimiento de derechos, fortalecimiento de la institucionalidad y la participación de la juventud desde el ejercicio de ciudadanía”.

Al cuestionar a Carrillo acerca de las enmiendas, responde que probablemente no se incluirá el artículo que habla sobre el derecho a una “vida libre de discriminación y estigma”. “Es más fácil pasar la ley sin ese contenido, y preferimos eso a que no se apruebe”.