Nuestras comunidades nos respaldan

El 22 de febrero del 2017, las Autoridades nombraron comisiones operativas para presentar su propuesta de redacción del artículo 203 constitucional a varios jefes de bancadas en el Congreso, al mismo tiempo que las Autoridades, se reunían con el Presidente del Congreso para pedir su apoyo y respaldo a la propuesta de redacción. Un día antes, otra de las comisiones había ingresado a negociar con el Presidente de la República el respaldo de la propuesta de redacción del artículo 203, así como pedir que no se retire la tarifa social de la energía eléctrica. Fueron intensos días en la vida política nacional, pues las Autoridades indígenas actuando como delegados y voceros de pueblos y cientos de miles de comunidades, presentaron sus decisiones, consensos alcanzados y respaldados por la fuerza de quienes en los territorios estaban a la espera de las resoluciones. El Estado tuvo la oportunidad de responder a las propuestas por el bien común de un considerable porcentaje de la población del país, pero su respuesta fue insuficiente y ambigua.

Esos mismos días martes 21 y miércoles 22 de febrero, las comunidades de Totonicapán, Sololá, Santa Lucía Utatlán, Olintepeque el Ixil, Santa Cruz del Quiché, San Marcos, las Verapaces, Rabinal, San Juan Sacatepéquez, así como el movimiento campesino y popular aglutinados en la Asamblea Social y Popular, salieron a respaldar a sus Autoridades Indígenas. Por esa fecha se realizaron decenas de asambleas públicas en varios puntos de la Carretera Interamericana y en varios territorios más. Las pasarelas y los camiones se convirtieron en improvisadas tribunas desde donde se enunciaron discursos de apoyo y respaldo a las Autoridades Indígenas.

Las multitudes de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos, manifestaron su apoyo con su presencia, carteles y discursos respaldando a sus Autoridades que continúan los siglos de lucha por la defensa de la vida y de la tierra de las comunidades, lucha hoy actualizada por la demanda de la no criminalización de sus funciones comunales de impartir justicia. Las asambleas comunales que se realizaban en las carreteras también que se impida el alza a la energía eléctrica y varias demandas más. Las autoridades cumplieron: llevaron la voz de las asambleas a las conferencias de prensa y a las reuniones realizadas.

¿Qué lectura política hacemos de estos hechos? Más allá del racismo que muchos han hecho gala de externar, propongo que dialoguemos sobre los significados que ha tenido este proceso para las comunidades indígenas y para quienes las habitamos. Tomando las palabras de Saloj con las que inicié este artículo: No estamos derrotados, estamos más vivos que nunca, nos encontramos con una frase que logra explicar la multitudinaria movilización de las comunidades en las calles y carreteras que respaldan y reconocen a sus Autoridades Indígenas y que, muy a pesar de los Estados de Sitio, el encarcelamiento, las masacres perpetuadas y la criminalización de las Autoridades, están más fuertes y vivas que nunca.

Una mujer k’iche’ Autoridad Indígena en el kilómetro 148 de la Ruta Interamericana dijo: “¿Qué sería de este país sin las autoridades, si el Estado siempre ha estado en crisis, varios de sus jueces han sido encarcelados, mientras que nuestros alcaldes indígenas por años han trabajado para el mejoramiento de las comunidades? Las mujeres respaldamos a nuestras Autoridades en su lucha por la ley y el pluralismo”. Mientras que en Cuatro Caminos colgaban cientos de carteles, algunos decían: “Chiyax presente. Apoya a las Autoridades. No a la reducción de la tarifa social de la electricidad” o “Santa María Chiquimula apoya el pluralismo jurídico”. Un discurso, también enunciado en Cuatro Caminos, le habló a la concurrencia de la siguiente manera: “No estamos de acuerdo con el aumento de la electricidad. Apoyo a los cupones de fertilizantes, y el reconocimiento del pluralismo jurídico y respaldamos a la Junta Directiva de los 48 cantones que están negociando para nuestro bienestar”. Todos estos discursos retumbaron en bocinas, radios comunitarias y noticieros a nivel nacional. Ahora bien, conviene aclarar que las asambleas comunitarias realizadas en las carreteras no pueden ser entendidas como un beneficio que únicamente favorezca a las comunidades indígenas.

El beneficio es amplio, pues también protege la economía de las familias de bajo ingreso, de las que viven de su propio trabajo, que quizá tengan que pagar un crédito (en el caso de la luz). O para quienes han comprobado de la efectividad de las Autoridades Indígenas en su capacidad de resolver conflictos, porque es justicia pronta y restauradora de la vida. En tal sentido, la lucha de las Autoridades Indígenas no es sólo por las comunidades, sino que por la población en general, lo cual devela una serie de articulaciones políticas en donde más se necesita.

Si la ley la discuten los poderes reales, el rumbo que han marcado los hechos que sucedieron en estos días en las calles y en el Congreso, exhiben cómo las Autoridades Indígenas son un poder real en el país. Quienes buscan posponer la discusión de la propuesta de redacción del artículo 203 planteada por las Autoridades Indígenas conocen que la misma busca el bien común y por eso la obstruyen.

El masivo respaldo de asambleas comunitarias las marchas en calles y carreteras, la progresiva articulación con sectores populares-campesinos y de derechos humanos y la negociación con los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial son muestras que estamos más fuertes, más vivos que nunca.