O regulamos, o colapsamos

Más allá de la tragedia, fue esta última frase del tweet de Morales la que llamó mi atención. En menos de 140 caracteres, el mensaje del presidente desnudó la completa incapacidad del Estado guatemalteco en general –y del Organismo Ejecutivo en particular– de regular a las empresas del sector privado.

¿Por qué digo esto? Porque en cualquier país con un Estado medianamente funcional y dotado de un mínimo poder coercitivo, un accidente como el del 28 de marzo hubiese generado una investigación penal de la empresa, y un castigo ejemplar para los responsables de la contratación de este piloto. Pero en Guatemala, el presidente Morales –tal vez consciente del limitadísimo poder del organismo que dirige– optó por pedirles el favor a estos empresarios inescrupulosos de que, a futuro, cambiaran sus prácticas laborales.

La debilidad del Estado guatemalteco en materia de regulación no se restringe, ni por asomo, al transporte público; es evidente en otras actividades económicas. Tampoco es un área en la que se observen mejoras recientes. Por el contrario, algunas nuevas leyes aseguran su continuidad.

Veamos, por ejemplo, la ley de beneficios fiscales para la industria de la maquila y los call centers, aprobada a principios de año. Dicha ley no impone condición alguna a los empresarios beneficiados, no obstante las enormes ventajas –a costa del resto de los contribuyentes– que les concede. Es decir, aunque se espera que estas empresas exportadoras generen empleo y aumenten su producción a cambio de los beneficios fiscales, la ley no contiene ningún tipo de información sobre las acciones que podrá tomar el Estado en contra de aquellas empresas que incumplan con estas promesas.

¿Qué pasará, por ejemplo, si el sector maquila no crece en un 10%, como lo prometió Alejandro Ceballos? ¿O si el número de trabajadores directos en el sector desciende este año? En otros países, tal fracaso conllevaría la inmediata eliminación de los beneficios fiscales. Pero en Guatemala, presa de un débil Estado y una legislación viciada, no generaría ningún castigo.

Lo peor es que, incluso en casos en que se hacen esfuerzos legislativos por fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, los obstáculos para su implementación son sustanciales. Está, por ejemplo, la Ley de Tarjeta de Crédito, que buscaba dotar al Estado de “dientes de leche” en la protección del consumidor frente a los abusos de agentes financieros, pero terminó siendo declarada inconstitucional luego de una serie de amparos interpuestos por el sector privado organizado en el CACIF y la Asociación Bancaria de Guatemala, entre otros. O considérese la oposición férrea de la élite empresarial a todo proyecto que busca eliminar el secreto bancario. Esta resistencia ha sido exitosa a pesar de la presión pro-regulación de países como Francia y Estados Unidos. Habrá que ver si se logra sobreponer también al reciente escándalo de los “Panama papers” y el consenso que ha generado entre el Ejecutivo, el Legislativo y la CICIG.

Estas experiencias demuestran, además, la otra raíz del problema de la debilidad del Estado: si por un lado está la incapacidad del presidente Morales, los diputados y muchos otros políticos actuales y anteriores, por otro está la decidida y consistente acción del empresariado organizado en el CACIF y otras asociaciones para impedir cualquier cambio en el statu quo. Y es que, aunque sus diversas publicaciones podrán hablar mucho de la necesidad de un Estado eficiente y funcional, sus acciones, dirigidas a reducir la capacidad regulatoria del Estado, disminuir sus ingresos fiscales, e incluso deslegitimar y oponerse a sus investigaciones criminales, revelan sus verdaderas prioridades.

Al mismo tiempo, es importante reconocer que esta posición anti-estatal es, al menos en parte, ideológica. No se trata necesariamente –o solamente– de empresarios egoístas o inescrupulosos. Tiene más que ver con una visión, común entre las élites y buena parte de las clases medias del país, que asume la congruencia absoluta entre el beneficio individual y colectivo. Es decir, es una forma de entender el mundo en que se toma como indiscutible que la promoción del beneficio individual va de la mano con la mejora de la sociedad.

Tal visión implica que el Estado debe dar rienda suelta al accionar individual, desregulando cada vez más la esfera económica y manteniéndose al margen de las decisiones empresariales. Es ésta la visión que produce algunas de las descabelladas “soluciones” que de vez en cuando surgen en los medios locales –por ejemplo, la idea simplona propuesta recientemente por el columnista Ramón Parellada, según la cual la liberalización de tarifas del transporte público reducirá el número de tragedias como las del pasado 28 de marzo. Valga decir que en una actividad donde predomina un cartel u oligopolio, la liberalización de la tarifa sólo llevará a un incremento en el precio del pasaje sin cambio alguno en la calidad del servicio.

El problema con esta visión es doble. Por un lado, no se ajusta a la realidad: Guatemala, con su inoperante micro-Estado, carente de músculo coercitivo, no genera –ni por mucho– una pujante actividad económica que beneficie al grueso de la población. El sinnúmero de actividades económicas desreguladas del país se debate entre la esclerosis producida por los monopolios, oligopolios y carteles que las controlan, y el proceder inescrupuloso de empresarios, gerentes y mandos medios para quienes el fin de la ganancia justifica cualquier medio.

Por otro lado, la visión hegemónica es lógicamente insostenible: en muchos casos, la búsqueda del beneficio individual genera enormes costos para la sociedad. Preguntémosle, si no, a los familiares de las víctimas de la tragedia en la Ruta Interamericana, o a los tarjetahabientes defraudados o extorsionados por los emisores de tarjetas de crédito, por mencionar sólo dos ejemplos.

Por ello, a mi entender, lo que se requiere en Guatemala es la construcción de un Estado con capacidad de regulación. Tal Estado debe ser capaz de imponer límites a la acción de ciertos individuos o grupos de poder, y encausarla hacia el bien común. Una construcción como la que propongo requiere, sin embargo, de un cambio de paradigma entre las élites y las clases medias de este país. Deben reconocer que la búsqueda del beneficio individual es muchas veces dañina para el conjunto; que para el buen funcionamiento del país y su economía es necesario un Estado fuerte y competente. Si este cambio no se produce, cada vez nos pareceremos más a aquel otro país en que el Estado se mantiene postrado y endeble. Me refiero a ese paraíso del libre accionar individual: Haití.