O regulamos, o colapsamos

Hace poco más de una semana, el piloto de un bus extraurbano –con más de setenta pasajeros a bordo– perdió el control del vehículo que conducía. Iba manejando a tal velocidad que el bus se salió de la Ruta Interamericana, destrozó la barda de seguridad y se precipitó al vacío. El accidente dejó sin vida al menos a 19 personas y heridas a otras 30. En su reacción por Twitter, el presidente Jimmy Morales mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas. Pero además, hizo un “llamado a las empresas de transporte a que contraten personal responsablemente”.

Opinión P258
Esta es una opinión

Hace algunos días se declaró inconstitucional la Ley de Tarjeta de Crédito, tímido intento por aumentar la capacidad reguladora del Estado.

Foto: Flickr, Sean MacEntee

Más allá de la tragedia, fue esta última frase del tweet de Morales la que llamó mi atención. En menos de 140 caracteres, el mensaje del presidente desnudó la completa incapacidad del Estado guatemalteco en general –y del Organismo Ejecutivo en particular– de regular a las empresas del sector privado.

¿Por qué digo esto? Porque en cualquier país con un Estado medianamente funcional y dotado de un mínimo poder coercitivo, un accidente como el del 28 de marzo hubiese generado una investigación penal de la empresa, y un castigo ejemplar para los responsables de la contratación de este piloto. Pero en Guatemala, el presidente Morales –tal vez consciente del limitadísimo poder del organismo que dirige– optó por pedirles el favor a estos empresarios inescrupulosos de que, a futuro, cambiaran sus prácticas laborales.

La debilidad del Estado guatemalteco en materia de regulación no se restringe, ni por asomo, al transporte público; es evidente en otras actividades económicas. Tampoco es un área en la que se observen mejoras recientes. Por el contrario, algunas nuevas leyes aseguran su continuidad.

Veamos, por ejemplo, la ley de beneficios fiscales para la industria de la maquila y los call centers, aprobada a principios de año. Dicha ley no impone condición alguna a los empresarios beneficiados, no obstante las enormes ventajas –a costa del resto de los contribuyentes– que les concede. Es decir, aunque se espera que estas empresas exportadoras generen empleo y aumenten su producción a cambio de los beneficios fiscales, la ley no contiene ningún tipo de información sobre las acciones que podrá tomar el Estado en contra de aquellas empresas que incumplan con estas promesas.

¿Qué pasará, por ejemplo, si el sector maquila no crece en un 10%, como lo prometió Alejandro Ceballos? ¿O si el número de trabajadores directos en el sector desciende este año? En otros países, tal fracaso conllevaría la inmediata eliminación de los beneficios fiscales. Pero en Guatemala, presa de un débil Estado y una legislación viciada, no generaría ningún castigo.

Lo peor es que, incluso en casos en que se hacen esfuerzos legislativos por fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, los obstáculos para su implementación son sustanciales. Está, por ejemplo, la Ley de Tarjeta de Crédito, que buscaba dotar al Estado de “dientes de leche” en la protección del consumidor frente a los abusos de agentes financieros, pero terminó siendo declarada inconstitucional luego de una serie de amparos interpuestos por el sector privado organizado en el CACIF y la Asociación Bancaria de Guatemala, entre otros. O considérese la oposición férrea de la élite empresarial a todo proyecto que busca eliminar el secreto bancario. Esta resistencia ha sido exitosa a pesar de la presión pro-regulación de países como Francia y Estados Unidos. Habrá que ver si se logra sobreponer también al reciente escándalo de los “Panama papers” y el consenso que ha generado entre el Ejecutivo, el Legislativo y la CICIG.

Estas experiencias demuestran, además, la otra raíz del problema de la debilidad del Estado: si por un lado está la incapacidad del presidente Morales, los diputados y muchos otros políticos actuales y anteriores, por otro está la decidida y consistente acción del empresariado organizado en el CACIF y otras asociaciones para impedir cualquier cambio en el statu quo. Y es que, aunque sus diversas publicaciones podrán hablar mucho de la necesidad de un Estado eficiente y funcional, sus acciones, dirigidas a reducir la capacidad regulatoria del Estado, disminuir sus ingresos fiscales, e incluso deslegitimar y oponerse a sus investigaciones criminales, revelan sus verdaderas prioridades.

Al mismo tiempo, es importante reconocer que esta posición anti-estatal es, al menos en parte, ideológica. No se trata necesariamente –o solamente– de empresarios egoístas o inescrupulosos. Tiene más que ver con una visión, común entre las élites y buena parte de las clases medias del país, que asume la congruencia absoluta entre el beneficio individual y colectivo. Es decir, es una forma de entender el mundo en que se toma como indiscutible que la promoción del beneficio individual va de la mano con la mejora de la sociedad.

Tal visión implica que el Estado debe dar rienda suelta al accionar individual, desregulando cada vez más la esfera económica y manteniéndose al margen de las decisiones empresariales. Es ésta la visión que produce algunas de las descabelladas “soluciones” que de vez en cuando surgen en los medios locales –por ejemplo, la idea simplona propuesta recientemente por el columnista Ramón Parellada, según la cual la liberalización de tarifas del transporte público reducirá el número de tragedias como las del pasado 28 de marzo. Valga decir que en una actividad donde predomina un cartel u oligopolio, la liberalización de la tarifa sólo llevará a un incremento en el precio del pasaje sin cambio alguno en la calidad del servicio.

El problema con esta visión es doble. Por un lado, no se ajusta a la realidad: Guatemala, con su inoperante micro-Estado, carente de músculo coercitivo, no genera –ni por mucho– una pujante actividad económica que beneficie al grueso de la población. El sinnúmero de actividades económicas desreguladas del país se debate entre la esclerosis producida por los monopolios, oligopolios y carteles que las controlan, y el proceder inescrupuloso de empresarios, gerentes y mandos medios para quienes el fin de la ganancia justifica cualquier medio.

Por otro lado, la visión hegemónica es lógicamente insostenible: en muchos casos, la búsqueda del beneficio individual genera enormes costos para la sociedad. Preguntémosle, si no, a los familiares de las víctimas de la tragedia en la Ruta Interamericana, o a los tarjetahabientes defraudados o extorsionados por los emisores de tarjetas de crédito, por mencionar sólo dos ejemplos.

Por ello, a mi entender, lo que se requiere en Guatemala es la construcción de un Estado con capacidad de regulación. Tal Estado debe ser capaz de imponer límites a la acción de ciertos individuos o grupos de poder, y encausarla hacia el bien común. Una construcción como la que propongo requiere, sin embargo, de un cambio de paradigma entre las élites y las clases medias de este país. Deben reconocer que la búsqueda del beneficio individual es muchas veces dañina para el conjunto; que para el buen funcionamiento del país y su economía es necesario un Estado fuerte y competente. Si este cambio no se produce, cada vez nos pareceremos más a aquel otro país en que el Estado se mantiene postrado y endeble. Me refiero a ese paraíso del libre accionar individual: Haití.

Alberto Fuentes
/

Latinoamericano, estudiante del desarrollo social y económico de los países del Sur. Realizo investigaciones sobre el sector empresarial y sus relaciones con el Estado, la sociedad civil y, especialmente, l@s trabajadores.


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COMENTARIOS

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    Pablo /

    14/04/2016 9:43 AM

    No comparto su opinión. El señor Alberto Fuentes se está enfocando en solamente Guatemala y hasta cierto punto tiene sentido. PERO hay que considerar que entre mas complicado (mas impuestos, políticas laborales que defienden mas y mas al trabajador) es invertir en un país, la inversión extranjera directa disminuye, actualmente Panamá (mas del 30%), CR (mas del 30%) tienen un alto porcentaje de la inversión extranjera en Centro América, mientras nuestro bello país solo tiene el 10% siendo nosotros 4 veces en número. TODO por el pensamiento tan cerrado que tienen muchas personas de querer ir en contra de todos los inversionistas.

    Por que son tan importantes estas inversiones? Por que generan empleo, infraestructura y a su vez esto hace que la economía tenga una inyección de efectivo.

    Con este tipo de pensamiento JAMAS vamos a progresar y nunca seremos un país competitivo.

    ¡Ay no!

    3

    ¡Nítido!

    Alejandro Ceballos /

    13/04/2016 9:52 AM

    Vamos creciendo 17% y si hay dispociones para regular y castigan a quien no cumpla leyes laborales. Drásticas y de fácil ejecución por parte de las autoridades. Antes de escribir, lean, informense. Es triste ver como Nómada se pierde en la especulación y el amarillismo. Que les pasa?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Ricardo Berganza /

    13/04/2016 7:11 AM

    Y ante el escenario planteado, los libertarados maniqueos proponen más mercado.

    ¡Ay no!

    3

    ¡Nítido!

    Juan /

    11/04/2016 12:11 PM

    Tu artículo muy importante y vas a una reflexión seria primero a quien elegimos o porque nos vemos sometidos a votar a un 98 % de legisladores que se someten a los intereses de los poderes económicos. Y lo más lo complejo porque hemos interiorizado (y no naturalizado) estas prácticas de legitimación de poderes.
    Primer caso el transporte a otras partes de Guatemala (y no al interior de Guatemala en transporte extraurbano) debería de estar regulado desde hace más de 50 años por políticas y protocolos internacionales que en muchos países de nuestro entorno se a ido superando.
    Desde el tipo de autobús de transporte público con sistemas de seguridad, regulación de paradas, líneas de transporte y un largo etc.
    El conductor o piloto normalmente debería ser una persona contratada con un contrato laboral para este tipo de transporte. en otros países que han superado este problema y que son de nuestro entorno son personas maduras, con gran capacidad de control, con sueldos arriba de los 700 dólares, con jornadas que de trabajo que no superan las 6 horas de conducción etc. Empresas de transporte como la Tacana ya hace un buen rato que debería de estar canceladas y sus dueños en la cárcel por tanta muerte.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Isabel /

    11/04/2016 11:47 AM

    Sorprende que alguien que ha 'realizado investigaciones sobre el sector empresarial y sus relaciones con el Estado' desconozca quienes son los dueños de las empresas más importantes del transporte público, entre ellos Álvaro Colom, Álvaro Arzú y Óscar Berger. Además es importante tomar en cuenta otra variable: los subsidios al transporte público. Honestamente creo que el Sr. Fuentes es un idealista puesto que en Guatemala no se trata de fortalecer al Estado; se trata de separar los actores políticos de los económicos. Los interéses de empresarios corresponden a los intereses de políticos porque es frecuente encontrar que son uno mismo, y aun cuando no coinciden entran en juego las coimas. Para fortalecer el Estado debe eliminarse (o al menos limitarse) la corrupción institucional que gobierna tanto a instituciones públicas como a las instituciones privadas.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Maria Taracena /

    11/04/2016 10:49 AM

    En el caso de Guatemala creo que es igual de dañino regular que des-regular. Ambas formas de funcionamiento en la sociedad requieren de que el individuo actúe bajo una ética y moral (no del tipo religioso) impecables. Ambas requieren que el ser humano actúe con las mejores intenciones, acatando las normas, pensando en las consecuencias de sus actos y capaz de reconocer sus errores. Pienso que antes de regular o des-regular, hay todo un cambio de chip que debe hacerse en el comportamiento del guatemalteco. En este país echado a la perdición, los empresarios son tan mafiosos como los gobernantes.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Rp /

      11/04/2016 2:02 PM

      Independientemente de las INTENCIONES


      me confundi

      No deja editar :(

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

      Rp /

      11/04/2016 2:01 PM

      El punto de regular es que se les exija que cumplan las reglas y que tienen que dar cuentas cuando no lo hacen independientemente de las acciones.

      Si la actitud de la gente fuera pre-requisito para una ley, no habría ninguna. Por ejemplo "los que van a robar no se les ha cambiado el chip de no robar, entonces para que poner la ley?"

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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