Quién le pone el cascabel a los partidos-empresa

En el debate de la reforma política, se ha vuelto común describir a los partidos políticos como “franquicias” o “empresas.” Esta analogía es útil porque enfatiza algunas de las características más relevantes de estas organizaciones partidarias. La más evidente, por supuesto, es su búsqueda de lucro. El poder político – la capacidad de arrastrar el voto –aparece como una simple herramienta para enriquecer al partido.

Opinión P258
Esta es una opinión

FOTO: BBC Mundo

Este modelo también sugiere que estas organizaciones políticas responden solamente a intereses económicos. Sus operaciones y objetivos están bajo el control de dueños o accionistas, no ciudadanos electores. Dichos dueños o accionistas esperan retornos a sus “inversiones”. Es ahí donde aparece la figura del financista-contratista: individuos y grupos que proveen recursos financieros a cambio de acceso a los negocios del Estado.

Por último, la analogía del partido como empresa implica la exclusión de aquellos con menores recursos económicos. Para influir en la política nacional se requiere de acceso a capital. ¿Y quién tiene ese acceso? Solamente los ciudadanos más privilegiados económicamente, aquellos que campaña tras campaña financian a los distintos partidos. Para el resto, la posibilidad de influir en la cosa pública es una quimera.

El análisis, basado en la descripción de los partidos políticos como empresas, inevitablemente lleva a la conclusión de que se deben controlar su financiamiento y acrecentar los controles sobre el uso que dan a los recursos económicos del Estado. Es decir, si queremos mejorar nuestro sistema político, el arsenal legal se debe dirigir firmemente hacia la base económica de los partidos, piedra angular de su actuar como empresas. Esta conclusión, la cual motiva muchas de las propuestas de reforma política, es sin duda fundamental en la búsqueda de un mejor Estado. Sin embargo, aunque la considero necesaria, también me parece insuficiente.

El problema radica en el uso exclusivo del modelo de empresa para capturar la esencia de los partidos políticos. Como cualquier modelo social, el objetivo principal de su uso es simplificar fenómenos altamente complejos mediante la abstracción. Pero en ese acto de simplificación y abstracción, todo modelo tiene sus punto ciegos. En este sentido,  podemos decir que, si bien es cierto que el modelo del partido-empresa ilumina algunos de los rasgos principales de los partidos políticos guatemaltecos, también invisibiliza otros.

En particular, en su afán por generalizar, el modelo del partido-empresa no considera las divergentes bases sociales de los partidos políticos. Esas bases sociales, como las económicas, juegan un papel importantísimo en el devenir político del país. Ciertos partidos, como Lider o la UNE, arrastran la visión y el voto del mundo rural y el capital emergente. En su seno florece la legítima demanda de una mayor inclusión en la definición de la política pública, históricamente circunscrita a las decisiones de las “civilizadas” élites urbanas. Sus reglas, normas, y formas de entender el mundo distan mucho de aquellas que prevalecen en la ciudad.

Otros partidos, como la Gana de Óscar Berger o el PAN de Älvaro Arzú, tienen mayor arraigo en las áreas urbanas, y especialmente entre los estratos económicos altos de la población. Acostumbrados a ejercer el control político del país, se esmeran en excluir al resto y en mantener las instituciones establecidas por el statu quo.

El enfrentamiento entre estos dos grupos sociales, entre dos formas de entender el mundo, subyace buena parte del impasse que por años ha afectado a nuestro sistema político. Amenaza, además, con profundizarse durante las próximas elecciones. Este estancamiento, y la amenaza del Estado fallido, no se soluciona con reformas electorales basadas en el modelo del partido-empresa. Su raíz, como he dicho, no es puramente económica. Es más, sin pretender defender a partidos como Lider, se puede incluso argumentar que el uso que se le está dando al modelo del partido-empresa para promover una reforma electoral tiene, entre sus promotores, intereses tradicionales que buscan limitar el auge económico de los partidos “arrimados”.

Más bien, una reforma política exitosa debe utilizar modelos distintos al del partido-empresa para observar y atender a las profundas divergencias en las bases sociales de los partidos políticos. Requiere de la construcción de mecanismos de integración social que democraticen el acceso a la definición de la política pública. Será efectiva solamente si, junto al control financiero de las organizaciones políticas, logra generar espacios para aquellos segmentos demográficos tradicionalmente excluidos. Su objetivo final debe ser el establecimiento de las condiciones necesarias para construir consensos entre los grupos sociales que conviven en el país.

Alberto Fuentes
/

Latinoamericano, estudiante del desarrollo social y económico de los países del Sur. Realizo investigaciones sobre el sector empresarial y sus relaciones con el Estado, la sociedad civil y, especialmente, l@s trabajadores.


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    carrillorodas@icloud.com
    Diego Carrillo /
    06/08/2015 3:34 PM

    Esa foto de Baldi me gusta mas que la actual.

    Ahora sobre el blog, ufff los partidos no están institucionalizados, es muy difícil crear una identidad de partido que perdure. Y mucho menos una ideología, a puro marketing se consiguen los votos y comprándolos.

    Según Roberto Trad de U$S 50 a U$S 300 cuesta un voto en Latinoamérica.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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