Un presupuesto barato nos sale caro

La comparación del gasto social entre los países también se puede hacer en términos del porcentaje del PIB. Los resultados son similares: 22.4% en Costa Rica, 13% en El Salvador, y 8.1% en Guatemala. Incluso Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica, nos supera, dedicándole el 13% de su PIB al gasto social.

Estas cifras nos sirven para evaluar, con cabeza fría, la descabellada e irresponsable propuesta de los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso de reducir el presupuesto nacional a 52 mil millones de quetzales. Sirven también para darnos luces sobre los numerosos comentarios en medios escritos que despotrican contra presupuestos estatales supuestamente “desproporcionados” y contra el gasto social que –indican engañosamente– está fuera de control.

La propuesta legislativa y los comentarios en medios escritos caen en una serie de errores, algunos de ellos producto de la ignorancia, otros de la mala fe. En cuanto al monto total del presupuesto, se ha vuelto común, por ejemplo, presentarlo en términos nominales. Esto es equivocado, por no decir imprudente, por cuanto –como cualquier persona que ha tomado un curso introductorio de economía sabe– la inflación devalúa el valor del quetzal. Es decir, lo que puede comprar un quetzal hoy es bastante menor a lo que podía comprar hace dos, tres o cuatro años.

Por ende, para comparar presupuestos se deben utilizar cifras en términos reales (cifras en que se hacen las modificaciones necesarias en vista de los niveles de inflación). ¿Por qué es que muchos de los diputados y comentaristas se rehúsan a utilizar las cifras en términos reales cuando hacen sus comparaciones? Aunque algunos pecarán de ignorantes, para muchos otros la razón es simple: dichas cifras mostrarían crecimientos bastante menores en los montos de los presupuestos de los últimos años.

De manera similar, quienes se alegran por la posible reducción del presupuesto no aclaran que, con el crecimiento de la población también deben ir creciendo los gastos del Estado. Es iluso aquel que piensa que el presupuesto debe mantenerse estable cuando la población del país crece a una tasa de casi el 2.5% anual. Tal estancamiento presupuestario redundaría en un gasto mucho menor por persona.

Los errores conceptuales también surgen cuando se analiza el gasto social en específico. Aquí una crítica común es que todo se gasta en funcionamiento y, específicamente, en salarios contemplados en pactos colectivos “lesivos.” ¿Pero, cuantos se han detenido a revisar cuánto gana un maestro en el sector público? ¿Será posible que con un presupuesto en que se gastan menos de $100 por persona en educación al año se puedan realmente pagar salarios desmesurados a los maestros del sector público?

Me di a la tarea de buscar algunos datos. Resulta que, de conformidad con el más reciente Pacto Colectivo firmado entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se contemplan los siguientes incrementos salariales: 8% en el 2013, 10% en el 2014 y 12% en el 2015. ¿Qué quiere decir esto en términos de los ingresos de los maestros? Para un docente de pre-primaria o primaria esto significa que este año su salario básico mensual es de Q. 3,646,[1] un monto bajísimo –incluso cuando se agregan los porcentajes escalafonarios– para los encargados de formar a las futuras generaciones.

De manera más general, y dejando a un lado por ahora estos errores de apreciación, omisión o conocimiento, lo que los datos de Beteta y Moreno-Brid dejan claro es que el gasto social de nuestro país es absolutamente insuficiente. Sé que algunos argumentarán –repitiendo una canción que venimos oyendo desde los años 60 del siglo pasado– que en vista de la corrupción que impera en nuestro país, es inviable aumentar el gasto. Y sin duda es cierto que la corrupción es un problema que carcome nuestro sistema. La experiencia del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti lo deja claro.

Sin embargo, igual de claro queda que, aunque cortáramos de raíz toda la corrupción que acecha las finanzas públicas del país, nuestro gasto social, que representa alrededor de la sexta parte y la mitad de la inversión por persona de Costa Rica y El Salvador, respectivamente, es bochornoso. Debemos avergonzarnos porque coloca a los habitantes de nuestro país, especialmente a los más vulnerables, en una situación de total carencia de servicios básicos de calidad.

Y también afecta a nuestras empresas. Mucho se ha hablado de la necesidad de crear un clima de negocios adecuado para la inversión, con regulaciones estables, baja inflación y mayor inversión en infraestructura. Pero sin una fuerza laboral motivada y productiva, tales esfuerzos serán estériles. Y ¿cómo surgirá una fuerza laboral adecuada si cada año invertimos solamente $180 por persona en educación, salud, vivienda y protección social?

Por eso insisto que, en vez de escribir disparates y hacer irresponsables propuestas sobre recortes profundos al presupuesto, deberíamos comenzar a planificar cómo vamos a incrementar el gasto social. Lo requieren las empresas que verdaderamente desarrollarán nuestro país. Se lo debemos a los niños, mujeres y ancianos, quienes son los que más se benefician de los programas sociales del Estado.

[1] Según el Acuerdo Gubernativo Número 493-2014, aprobado el 30 de diciembre de 2014, el sueldo básico a partir del 1 de enero de 2015 para docentes del nivel de educación pre-primaria y primaria es de Q.3,646 mensuales (esto incluye al Director de Escuela para Párvulos, Escuela Primaria Rural y Escuela Primaria Urbana).