Del Estado de Derecho al FrankenEstado

Durante el siglo pasado, los golpes de estado eran entendidos como tomas del poder político alcanzados por la fuerza. Rupturas violentas de un régimen cuyo propósito era concentrar el poder en las manos de quienes lograban controlar la capacidad de violencia suficiente para desplazar al poder existente, fuera este de naturaleza democrática o autoritaria.

Las definiciones de diccionario con las que contábamos entonces eran el resultado de la experiencia histórica de las formas cómo, durante los siglos XIX y XX, estos desplazamientos violentos se llevaban a cabo. Y tanto en Europa como en el resto del mundo, cuando la alternancia del poder no era alcanzada mediante procedimientos legalmente establecidos (democráticos o no), los métodos utilizados eran la violencia golpista o la violencia revolucionaria. En América Latina, nuestras nacientes democracias se veían constantemente asediadas y derrocadas por golpes de estado que rompían el orden constitucional mediante operaciones dirigidas o acompañadas por el poder militar. En consecuencia, la idea del golpe de estado ha estado siempre asociada a los medios de fuerza y al carácter contundente, repentino con se aplican.

Pero en realidad, la característica central del golpe de estado no es el medio utilizado, sino el objetivo que se busca alcanzar: la ruptura del orden político establecido legalmente. De hecho, los golpes de estado contemporáneos, al menos en sociedades democráticas, rara vez se dan con la parafernalia de tanques y uniformes militares del pasado. Los nuevos rompimientos del orden constitucional se dan de manera menos abrupta y menos aparatosa, pero no menos efectiva. Ya no se llevan a cabo con recurso al poder militar del Estado -o al menos no en primera instancia-, sino con recursos jurídicos y políticos formalmente democráticos cuyo resultado es, sin embargo, tan efectivo como los de fuerza: la concentración de poder en la élite que controla el estado y la eliminación de los mecanismos que le ponen coto a sus deseos cuando estos son contrarios a los intereses mayoritarios.

Kim Lane Scheppele acuñó el término FrankenEstado (FrankenState) para describir al adefesio político que en Europa Oriental ha resultado del asalto al poder por parte de partidos políticos que, utilizando mecanismos formalmente democráticos,  reconstituyen ordenes sustancialmente autoritarios que sin embargo logran mantener la formalidad democrática. Una revisión cuantitativa de los componentes formales no señalaría ningún problema: cortes, parlamento, poder ejecutivo, sistema de partidos políticos, elecciones periódicas, constitución, leyes y reglamentaciones y demás elementos típicos de la democracia ‘están allí’. Pero su funcionamiento no como corresponde al de una democracia, no ‘produce’ democracia, de la misma manera como el rejunte de brazos, piernas, torso y cabeza dispares no alcanzaron para hacer de la creatura del Dr. Frankenstein un ser humano.

El FrankenEstado es una ‘democracia iliberal’, un orden autoritario y discriminatorio en el que el voto popular, obtenido apelando al interés general, no conduce al establecimiento de un estado de derecho, sino al entronizamiento de élites políticas que no reconocen límites legales a su poder, vulnerando constantemente la independencia judicial y el principio de igualdad ante la ley, y desprotegiendo al ciudadano ante instituciones públicas que son utilizadas por el poder político a partir de su interés particular y no del interés común. La corrupción y el nepotismo son corolarios lógicos de este orden.

Los antiguos golpes de Estado eran asunto de pocos días. Los recursos de violencia física de los que dispusieran los golpistas eran aplicados para desarticular de una sola vez el marco legal al que estaban subvirtiendo, cambiando el orden político de manera contundente, de la noche a la mañana. Esta contundencia hacía imposible el mantenimiento de los formalismos procedimentales, recurriendo en el mejor de los casos a soluciones ‘ex -post’ en las que, como en nuestras ‘democracias de fachada’, las evidencias de su ilegitimidad eran tan abrumantes que la fachada no convencía a nadie.

Los ‘FrankenEstados’ son un poco mejores en mantener durante algún tiempo la ficción de ‘legitimidad democrática’, que consiguen por una estrategia de acción gradual y sostenida. En un equivalente político de la tortura de ‘la muerte por mil tajos’, el vaciamiento del contenido democrático de la institucionalidad se alcanza mediante medidas puntuales, distribuidas en el tiempo y la estructura del sistema. Son cambios que en sí mismos, por si solos, no evidencian una intención anti-democrática, ya que se ajustan a procedimientos establecidos legalmente y se justifican con las argumentaciones correspondientes. Pero el resultado de esta acumulación sostenida es profundamente autoritario: lo que se configura a la larga es un sistema que niega de manera profunda los principios democráticos. La forma traiciona y mata a la sustancia.

Venezuela, Nicaragua, Hungría y Polonia son algunos de los ejemplos más evidentes de sistemas políticos en el que desde uno de los poderes del estado se manipula el sistema para romper la autonomía entre poderes -que es la garantía del sistema liberal de pesos y contrapesos- en una estrategia que no por gradual es menos efectiva. Alteración de las normas de procedimiento para elección de jueces o fiscales, utilización de la acción judicial cooptada contra un poder estatal que no se somete voluntariamente, acoso desde el poder judicial o parlamentario contra las cortes o a la inversa, son algunos de los procedimientos utilizados en la cirugía política que da luz a adefesios que, desde una perspectiva democrática, son contra-natura.

No es un problema exclusivo de la izquierda o de la derecha, evidentemente: los adefesios son construidos para servir intereses políticos de uno u otro signo. Más allá de una polaridad ideológica contrastante, lo que tienen en común estos estados es un sustrato profundo de autoritarismo que reside no sólo en las intenciones de las élites que los construyen, sino en la cultura política de quienes los eligen en las urnas. Hay en esto, evidentemente, un problema de cultura democrática: mas allá de las formalidades republicanas que existen desde la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de las sociedades latinoamericanas se han desarrollado en el marco de órdenes políticos discriminatorios y excluyentes, mientras en Europa Oriental los regímenes dictatoriales reafirmaron la cultura política autoritaria que precedió a las revoluciones.

Por eso, las democracias latinoamericanas que se erigen del autoritarismo militar contrainsurgente, y las democracias de Europa Oriental que emergen de la debacle de los regímenes comunistas, tenemos algo en común: estamos construyendo democracias sin demócratas.  Democracias sin demócratas en la medida en que los valores que sustentan a una democracia -igualdad, libertad, justicia, pluralismo, tolerancia, respeto- no están enraizados en la cultura política prevalente, y que hace posible que los electores otorguen su apoyo a quienes profesan posiciones contradictorias o violatorias de uno, varios o todos estos principios. Pero tampoco países con culturas democráticas razonablemente ‘consolidadas’ están libres del riesgo de regresiones autoritarias. Charles Tilly nos recuerda que los procesos de formación estatal no son nunca unilinealmente progresivos; en distinta medida, tienen lugar en el medio de avances y retrocesos que deben ser interpretados en términos de ‘democratización’ y ‘des-democratización’, y de los que países como los Estados Unidos, Francia y Holanda pueden dar cuenta. Basta darle un vistazo a la prensa: la democracia no puede darse por sentada ni ser asumirla como condición definitiva aún en países de larga trayectoria democrática.

Decíamos líneas atrás que la corrupción y el nepotismo son corolarios lógicos de un  FrankenEstado. Son también el instrumento y la estrategia con los que se construyen, como se ha evidenciado en los últimos meses en nuestro país. La prensa escrita y electrónica está llena de investigaciones y análisis reveladores de las distintas maneras como la corrupción opera mediante procedimientos nominalmente democráticos, mediante interpretaciones antojadizas de la Constitución y las leyes, copamiento de instancias de postulación para colocar operadores de justicia venales, resoluciones parlamentarias de fundamentación espuria, etc. No es necesario hacer el recuento de estas infamias aquí, porque están a la vista de todos. Pero es importante entender la medida en que su intención y resultado no es meramente coyuntural.

El objetivo real de estos esfuerzos es avanzar en la construcción de un adefesio que, desde una formalidad pretendidamente democrática, evite la constitución de un genuino Estado de Derecho y la prevalencia de los valores democráticos. Se trata de menoscabar el sistema democrático republicano y los principios que lo originan en su conjunto, vaciando de contenido democrático a unas instituciones que quedan sometidas a poderes fácticos, viejos y nuevos, en una nueva versión del contubernio histórico que nos ha conducido a la reunión de un país rico poblado por gente pobre, excluida y discriminada.

No nos engañemos: lo que está en juego no es la CICIG; y ni siquiera la lucha contra la impunidad en sí misma. Lo que estamos a punto de perder es la posibilidad de vivir en un estado democrático fundado en la igualdad, la justicia, la libertad, la tolerancia, el pluralismo y el respeto.