El asunto se posterga con plomo y subterfugios: Así quiso Dios la vida para los humildes. La democracia tarda, pero llega. Paciencia pueblo. Apoyemos el emprendimiento y luego vendrá el empleo. Apretemos el cinturón, mañana habrá pan para todos. Mientras hay vida hay esperanza. Disuasivos enternecedores. Lo cierto es que la aurora no llega.
¿El coronavirus hará el milagro? ¿Nos legará una sociedad de derechos?... Viejo anhelo de la humanidad y de este pueblo. Un dictado cuasi natural si aceptamos que por haber nacido en sociedad el ser humano está arropado de elementos esenciales a la vida: agua, alimento, trabajo, vivienda, arte, recreación, educación, salud, justicia y más. ¿Alguien puede estar en contra del derecho de todo ser humano a gozar aquellos atributos de vida? No, seguramente no. Por lo menos del diente al labio. Incluso, aquellos derechos están prescritos en el orden legal: Constitución Política y leyes derivadas.
En el plano de las relaciones sociales y productivas, la cuestión difiere de manera absoluta. El mundo se divide entre “buenos y malos”. Los primeros promueven la aplicación universal de los derechos inherentes al ser humano y los otros, mediante actos deliberados, impiden a miles de personas acceso a factores de bienestar.
Algunos persiguen la aplicación de aquellos derechos desde la acción política, movilización, protesta, propuesta. Otros han probado métodos de confrontación violenta. También los hay piadosos, que ruegan al orden divino invista a la humanidad de benevolencia y equitativo compartir. Así acuden cotidianamente a la oración y el ayuno. Pese a ellos y -eso no es novedad- Guatemala es una sociedad asidua al despojo violento de los derechos humanos.
Acá cuatro ejemplos: acceso al agua, trabajo, libertad y vivienda. Sobre el agua: nadie pensará siquiera que provocar sed y angustia en las personas sea un acto deliberado. Para nuestro pesar sí lo es. En Guatemala ocurre cotidianamente. Cito a Prensa Libre en su edición del 9 de mayo de 2016: El Ministerio de Ambiente denunció en el Ministerio Público a las siguientes agroindustrias por tener varios desvíos de ríos: Ingenio Magdalena, Grupo Hame, Ingenio La Sierra, Ingenio Pantaleón, Ingenio Palo Blanco, Finca La Bananera. Fin de la cita.
La acción ministerial surgió luego de la Marcha por el Agua, realizada en abril de aquel año. En realidad, un grito desesperado de víctimas de la sed, las familias indígenas-campesinas que viniendo en tres columnas de oriente, sur y norte llegaron a la capital nacional.
Para quienes no siguieron los hechos o ya no los recuerdan, aquellas denuncias fueron retiradas del Ministerio Público luego de intervención presidencial (Morales Cabrera), y en su lugar se instalaron mesas técnicas.
El delito cometido no se persiguió y el asunto fue a parar a instancias de dudosa efectividad. Lo cierto es que con aquellas empresas u otras, el desvío de ríos continúa. Una forma de privar a seres humanos del derecho al agua. Los argumentos de Estado y empresarios: libertad empresarial e “inevitables” externalidades negativas.
Sobre el derecho al trabajo. El Consejo Nacional de Desplazados en nota dirigida al exministro de Trabajo, Gabriel Aguilera denunció: “En la fecha señalada -16 de abril 2019- fueron despedidos 40 trabajadores que laboraban en varias fincas de la empresa Naisa –Nacional Agro Industrial S.A (…)” y transcribe fragmento de la comunicación recibida por los trabajadores: “Se le comunica que a partir del día de hoy se da por terminada la relación laboral con Labores y Servicios Agrícolas S.A. con efectos inmediatos por decisión del patrono (sic)”. Así, de sopetón, sin más que la voluntad del patrón. Eso de cumplir con previsiones laborales antes de llegar al despido no va en aquellos señoríos.
Una explicación necesaria: Labores y Servicios Sociedad Anónima es empresa intermediaria-contratista entre trabajadores y productora de palma aceitera Naisa. Los trabajadores, todos q´eqchis, argumentan -y yo les creo- fueron despedidos por pretender organizarse en un sindicato. Una noche antes del despido se reunieron para ese efecto, alguien los denunció y fin del episodio. La oligarquía agraria es lapidaria. Dos derechos que no existen en esta sociedad: trabajo y libre organización.
Como colofón sobre derecho al trabajo y organización sindical, cito un caso vergonzoso, patético y absolutamente injusto, que muestra a la sociedad empresarial de cuerpo entero. El caso es de Industrias Madereras Chiquibul, dedicada a la exploración de fundos de palma aceitera en Alta Verapaz.
Esta firma encausa penalmente –bajo falsas sindicaciones– a Bernabé Gualná Caal y otros siete trabajadores que demandaron a Industrias Chiquibul S.A, el pago cabal de sus prestaciones laborales al haber sido despedidos injustamente. El resultado: Don Bernabé en prisión provisional. Vaya forma de resolver controversias laborales, por esta industria exportadora.
Vivienda digna, un derecho impensable para seis millones de personas en este país. El dato: un 1,265,406 familias pasan la vida entre champa de asentamiento o solar, barrio o paraje, cuarto de palomar o residencia con vista a río de aguas negras en barranco citadino.
Eso se llama déficit cualitativo según la Política Nacional de Vivienda 2019-2032, revisada y actualizada en diciembre 2019 por el Consejo Nacional de la Vivienda. Tener techo con petate donde caer muerto está vedado para 322,143 hogares y con una fuerte tendencia de aumento, déficit cuantitativo, le denomina el documento citado. Es decir, el derecho a la vivienda otra quimera, popular.
Esta muestra de situación, qué desplegada en toda su magnitud es un paisaje dantesco, doloroso, hace visualizar a un pueblo carente de elementales factores de bienestar. Queda claro que en este país la desprotección social es deliberada. Nada hay nada casual en ello. Y menos castigo divino. No habría por qué castigar a un pueblo que sufre desde que nace hasta su último suspiro.
Ahora hay que abrirse a la posibilidad de cambio. La sociedad post pandemia debe ser el inicio de la aurora. No puede ser más de lo mismo. No debe ser un simple reacomodo acompañado de canticos religiosos, agradecimiento y amen por los sobrevivientes. No. Debemos construir una sociedad de derechos. El amanecer del que hablan los libros sagrados de los pueblos originarios.
El inútil sacrificio de muchos habrá que ponerlo en cuestión. Ese es un primer paso. Alguien dirá tenemos siglos de hacerlo y nada pasa. No tengo la respuesta, solo me parece que el “susto” arroja una nueva correlación de fuerzas favorables a la democracia y los derechos humanos. El segundo paso será sentar nuevas bases de relaciones sociales y de producción entre seres humanos en este país. No debemos volver a la misma situación, quizá solo para tomar fuerza e iniciar el cambio. Un cambio democrático hacia la construcción de la sociedad de derechos. Veremos el inicio del proceso no sabemos cuándo terminará. Lo trágico sería no hacer nada.
Obviamente en la tarea, los diputados que llegan al Congreso a bañarse, comer bien o a echarse los tragos, no deben tener cabida, la fuerza social debe empezar por cuestionar las prioridades y contenidos parlamentarios.
Además, debemos enjuiciar políticamente a ministerios inservibles como el de Trabajo, removerlos desde su raíz y ponerlos a trabajar en función de su qué hacer: los trabajadores hombres y mujeres. Eso pasa por Ambiente, Agricultura, Desarrollo Social; quizá la solución con este último sea liquidarlo por inoperante y clientelar. Y en su lugar constituir una nueva mayoría social y política, alejada de los mandatos de La Cañada debe ser la égida del cambio.
La Cañada no es más que otro sector en el nuevo ejercicio democrático y de consenso.
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