Doscientos cincuenta y cinco millones que pudieron utilizarse para financiar el mantenimiento de escuelas, el abastecimiento de medicinas para hospitales, o el dragado y limpieza de ríos. O, como dirían algunos, dinero que fácilmente se hubiera ido al bolsillo de “los corruptos”. Pero he aquí lo difícil: se necesita un corruptor para ser corrompido, o un corrupto para promover las prácticas del corruptor. Como bien dice el dicho gringo, “it takes two to tango”.
Tradicionalmente, en este país tenemos la mala costumbre de pensar que “sólo los gobernantes son corruptos”. Es una premisa falaz, porque la corrupción no implica sólo sustraer fondos de las arcas del Estado para uso propio. Requiere a una persona dispuesta a beneficiarse del detentador de poder, y ese beneficio –en muchos casos– es mutuo. En el caso de Aceros de Guatemala, contrataron a la sociedad Tres Puertos para eliminar el adeudo fiscal por 255 millones. Para esto, requirieron –según el reportaje de elPeriódico publicado el lunes 15– los servicios de la sociedad, pagándole 1.3 millones para buscar que se modificasen los informes técnicos de los auditores de la SAT solicitados por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, en el cual se estableció que la responsabilidad por el adeudo provenía de proveedores, que en realidad eran empresas de cartón. De esta forma, la empresa logró eliminar el adeudo de 255 millones, a cambio de que unos pocos funcionarios de la SAT se repartieran parte de la plata que se le pagó a Tres Puertos para eliminar la deuda.
Mi punto, con esta síntesis del caso, es que las empresas y personas con poder político y económico, sin necesidad de ser políticos o funcionarios públicos, también se benefician de la corrupción. Y no sólo las empresas: lo hacen las personas que estén dispuestas a beneficiarse de la corruptibilidad de los funcionarios. No se trata solamente de una camarilla de políticos corruptos. También es necesario que existan corruptores. El año pasado, la CICIG puso en tela de juicio la legitimidad entera del sistema político guatemalteco, estableciendo que una gran parte del financiamiento político electoral provenía de fuentes ilícitas. Y eso se traduce en favores, contratos, plazas fantasma, etcétera.
Suelo cuestionarme la lógica con que un país corrupto lucha contra sí mismo. No creo que los guatemaltecos “de a pie”, o la sociedad en general, perciban que la corrupción gubernamental es un reflejo de sí misma: una sociedad construida con base en el expolio, en el robo de tierras y en el enriquecimiento de las clases dominantes, así como en la perpetuación de sus privilegios. Poco a poco se toma conciencia que la corrupción es quizás el mayor problema del Estado, el mayor obstáculo hacia su eventual desarrollo. Pero no hay conciencia de qué causa esta corrupción: si es un efecto de desigualdades estructurales, o si es sólo el resultado de “unas cuantas manzanas podridas”.
No sé. Espero que el ímpetu reformista del Congreso, presidido por Mario Taracena, logre aprobar las suficientes reformas para encauzar el debate político hacia una eventual reforma íntegra del Estado. El dictamen favorable a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es un primer paso, así como las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público para permitir mayor independencia y fortaleza al órgano investigador del Estado... Desde luego, si es que la bancada de FCN lo permite.
Hector Escobar /
Creo que cuando un sistema favorece en lo económico, en lo político con privilegios a la elite dominante es porque su base estructural está sostenido en el poder de la impunidad y en la corrupción, sencillamente porque no busca el bien común.