Las diputadas ponentes de la iniciativa (Mirma Figueroa, Ana Regina Guzmán y Sofía Jeanneth Hernández) elaboraron una investigación bastante sólida (disponible aquí) acerca de los tratados internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado en materia de derechos de los niños y niñas. Hasta aquí, todo luce muy bien. Se establece el marco normativo que justifica la necesidad de elevar la edad a 18 años para asegurar el libre consentimiento de los contrayentes, cuestión que me parece debatible, pero que es congruente con las obligaciones que adquiere uno cuando cumple la mayoría de edad, y con las que ha adquirido el Estado.
Pero luego, el estudio cita los problemas de fondo relacionados con el matrimonio de menores. Y aquí me entra una sensación aguda de disonancia cognitiva cuando citan el estudio de Unicef de 2011 (El Matrimonio Infantil y las Uniones de Hecho forzadas de adolescentes en Guatemala) el cual establece como causas de la práctica del matrimonio de menores de edad: “1) la pobreza, 2) la tradición matrimonial de los pueblos indígenas, la cual se da principalmente en el área rural e indígena, donde se trata de preservar el papel orgánico que desempeña la tradición para la cohesión, la estabilidad, y la reproducción comunitaria, identificándose esta condición como expresión del modelo de familias extendidas donde la fertilidad se maximiza deliberadamente, con la estrategia de casar a las niñas en edad púber, ya que la familia es la unidad de producción económica y es la única fuente de riqueza, status social y seguridad para sus miembros, y 3) la ausencia de políticas públicas específicas de atención a los y las adolescentes”[1].
Les digo que me saca de onda porque, si se establecen estas tres situaciones como las causas de la práctica del matrimonio entre menores, lo lógico y consecuente sería buscar los mecanismos legales y políticas públicas para erradicar o amainar estas situaciones. La ley en cuestión sólo busca eliminar el problema sin buscar erradicar las causas de fondo del mismo. Por lo visto, sucede lo de toda la vida cuando se trata de combatir problemas estructurales: o son demasiado complicados y no se abordan, o no interesa su resolución.
Tomemos la pobreza como ejemplo: la erradicación de la pobreza, sea por políticas públicas de redistribución, o por medio de la apertura del mercado y de la promoción de la competitividad, no se abordan seriamente en Guatemala. Cada gobierno y legislatura que entra viene sin la menor idea de qué hacer al respecto; o bien, si diseñan un plan y lo implementan, choca con los intereses de algún sector que maneja el poder o al Estado, que vienen a ser lo mismo, y no se implementa.
Como consecuencia de la falta de promoción de políticas públicas que promuevan que los niños y adolescentes se mantengan en la escuela, y que permitan a los padres por lo menos subsistir, sigue existiendo la dependencia económica de los padres sobre los hijos. Y, como consecuencia, dado que el matrimonio realmente es una forma de asegurar un patrimonio, existe un incentivo para casar a las hijas. Victoria Rachmaninoff cita en su estudio The Rise of the Informal Marriage: A Women’s Empowerment Analysis of “Unidos” Relationships in Rural Guatemala[2] que, en el caso de los municipios de Santa Catarina y San Antonio Palopó, tanto para las uniones de hecho como los matrimonios formales, la seguridad económica sigue siendo preponderante en cuanto a la decisión de casar a los hijos.
Entonces, si persiste la pobreza y la pobreza favorece la costumbre de casar a los hijos cuando son menores, ¿por qué sólo quedarse en modificar la edad para casarse? Me parece, como mucho de lo que vemos en Guatemala, un mero paliativo. Sí, previenen que legalmente se casen los jóvenes. Pero pues... esto va a seguir pasando, les guste o no. Se seguirán arreglando matrimonios entre las comunidades, y los jóvenes, en especial las mujeres, no tendrán la seguridad jurídica que les provee la institución del matrimonio. Peor aún, la iniciativa de ley que pasó no previó mecanismos para que las menores fueran protegidas del abuso sexual al que pudiesen ser sometidas al ser esposadas en contra de su voluntad. ¿En qué cabeza cabe que sólo con aprobar la subida de la edad para esposarse mágicamente se elimina el problema de las jóvenes que han sido casadas en contra de su voluntad, y que son sometidas a abusos sexuales?
Los gobernantes de este país necesitan una comprensión muchísimo más profunda de la realidad nacional que lo que sus prejuicios o buenas intenciones les permiten. Y uno, como ciudadano, tiene que ser quien se asegure que exista coherencia entre lo que los políticos prometen y dicen creer, que lo que proponen, así como si lo propuesto es factible. No se puede permitir que acá, cuando al Congreso se le da la gana legislar, legislen con la lógica de un babuino. Esto no puede ser. Si, como vanamente nos gusta pensar “esto apenas empieza”, pues que se vea. Toca exigir leyes lógicas que busquen resolver problemas de fondo, así como exigir las políticas públicas que implementen el marco legal.
Ser ciudadano implica todo esto.
[1] Página 9 de la iniciativa citada. Curiosamente, dichas causales no estaban propiamente citadas dentro de la iniciativa.
[2]Rachmaninoff, Victoria. The Rise of the Informal Marriage: A Women’s Empowerment Analysis of “Unidos” Relationships in Rural Guatemala. Carleton University, 2014. Disponible en: http://apps.carleton.edu/curricular/ocs/guatemala/assets/Victoria_Rachmaninoff.pdf. Consultado el 9 de noviembre de 2015.
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manuel canahui /
Las leyes nunca son una solución en sí mismas. Pero esta ley en particular, al igual que todas las relacionadas con derechos mínimos, son precisamente un minimum una base sobre la que se puede trabajar un montón de cosas más. Éxito haber salido de la noción que era correcto que una niña de 14 se casara. Vienen otras luchas, claro, pero ninguna se puede dar sin la proscripción jurídica de prácticas anacrónicas.
Edwin Obando /
Coincido en que esta modificacion a la ley vigente es solo un paliativo que no ataca los problemas de fondo. Pero consideremos por un momento el tiempo que esta iniciativa lleva siendo discutida para que fuera considerada dentro de la agenda del pleno, las organizaciones llevan años luchando por este pequeño cambio y se cabildeo demasiado ya que los mismos "representantes del pueblo" se oponian. Se debe reformar el pensamiento social si se desean mayores cambios no se puede dejar todo en manos de los demas y esperar cambios inmediatos somos para nuestra desgracia una sociedad que necesita tocar fondo para exigir cambios y eso debe cambiar.
Vinicio Santamaría /
Muy de acuerdo el problema es de fondo, es cultural, es social, es de educación y formación, además de exclusión y de oportunidad, es aqui donde el estado debe de jugar su rol solidario y subsidiario hay que hacer confluir las políticas públicas de manera mas contundente y sostenible en aspectos de educación, salud, capacitación, empleo y otros tantos mas para que esta realidad tenga el impacto esperado especialmente en lo que algún desalmado dió en llamar "la Guatemala profunda".
Marisa Carrascosa /
Estimado Martín: Me parece que tu análisis está en el camino correcto. Pensar que con leyes cambiamos situaciones sociales o culturales es mantener la idea vigente de que el Estado es el único creador de Derecho (confusión típica entre ley y derecho). Y estoy de acuerdo contigo que definitivamente hace faltan políticas públicas que empoderen a las niñas y las mantengan en la escuela. Pero creo que es importante que tomes en consideración otras cosas como por ejemplo: 1) precisamente en tu texto usas el término "casar a sus hijos", la realidad es que casan a las hijas no a los hijos. Y que precisamente la voluntad de la niña se ve anulada en un 100%. 2) si el Estado te permite que cases a tu hija y legitima este tipo de abuso tampoco vamos a tener por dónde empezar. Ese es el dilema de los derechos humanos, la mayoría de veces son poesía, pero es la poesía del Estado que queremos o aspiramos tener. Por lo que siguiendo tu argumento muchos derechos que son contrarios a las tradiciones no deberían legislarse. Yo creo que en un país como el nuestro elevar la edad mínima para que te "obliguen" a casarte es un buen avance. Claro no es el único que deberíamos lograr pero al menos el tema se empezó a discutir y no se quedo como cosa culturalmente "normal".
Ricardo Berganza /
Pertinente y necesario lo anotado por Martín. También muy importante operacionalizar la legislación vigente para que las niñas y niños tengan acceso a educación sexual y medios de protección. Y fundamental que el tema no se quede allí. Como bien anota Martín, el asunto es un paliativo, y no se resuelve lo esencial. Acaso un programa social de segunda generación que incorpore este componente, no sería tan inalcanzable. Todo depende de los cuadros que elija el nuevo Presidente, y seguimos esperando.
Alfredo /
Políticas publicas orientadas a uso de preservativos son prioridad, yo vivo en un área rural, y es sumamente difícil encontrar condones, hay que buscar farmacias en los municipios, me parece que se debería entrar en la conciencia de las personas, que no se "satanicen" los métodos anticonceptivos.
Samuel Pérez Álvarez /
Ojo, no hay que confundir competitividad con competencia.
Jose A /
Me parece que el autor de esta pieza no le atribuye mayor importancia al hecho de que la violación (conocido como "matrimonio") con una niña es algo que no se debería permitir en ninguna sociedad. Nos toca a nosotros, los ciudadanos, fiscalizar y verificar que se cumpla con esta nueva ley. No es ningún secreto que las leyes en Guatemala no se estudian ni se discuten en el Congreso, sin embargo, por primera vez, los diputados se movieron para realizar algo de suma importancia para la juventud guatemalteca, especialmente para las niñas. Un importante primer paso.