Por qué 20 años después no sabemos quién ordenó el asesinato de Monseñor Gerardi

El 5 de octubre pasado el MP y la CICIG presentaron el caso Caja de Pandora, llamado así porque revelaba muchos detalles de la vida del asesinado, coronel Byron Lima. Detalles que explicaban, sobre todo, su relación con el alcalde Álvaro Arzú.

Gran parte del caso estaba sustentado en la declaración de la colaboradora eficaz Alejandra Reyes, viuda de Lima Oliva. Entre sus testimonios estaba este:

“Byron siempre me decía que él era leal a Arzú y que… eso me da un poco de cosa contarlo. Y que él sí había ido a modificar la escena del crimen porque Arzú lo había mandado, y había entrado con credenciales falsas. Me lo confesó como unos dos meses antes de morir, porque él ya estaba cansado…”, señaló Reyes en su colaboración.

La viuda dio más detalles. Un día le dijo: “Mirá Alejandra, yo estoy harto de entregar tanta lealtad, mirá, al final quien tiene que ver con la muerte de Gerardi, es Arzú, pero es por el hijo”.

El fiscal a cargo del caso Gerardi, Jorge García, indicó que su unidad ya tomó declaraciones de Alejandra Reyes, pero niega que pueda ser una prueba contundente en el caso: “Recuerde que es un testimonio de la viuda y el señor Byron Lima tenía más de una pareja sentimental. Obviamente vamos a tomar en cuenta lo que dijo, pero tenemos que confirmar con otras evidencias”.

La lista de temas pendientes por investigar aún es enorme 20 años después del asesinato del obispo.

Un asesinato, tres hipótesis

La noche del domingo 26 de abril de 1998, en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián encontraron el cuerpo de monseñor Juan José Gerardi, tenía 72 años. Alguien le asesinó a golpes en la cabeza y logró salir del lugar sin ser descubierto. El crimen ocurrió dos días después de haber presentado el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi). Un documento que el obispo dirigió y que presentó cientos de nombres de personas civiles que murieron en el conflicto armado interno.

En ese momento, Gerardi cumplía con su misión pastoral como obispo en la iglesia San Sebastián en la sexta avenida de la zona 1. Y la casa parroquial la compartía con el sacerdote Mario Orantes y con Margarita López, la cocinera. La noche que Monseñor Gerardi recibió 11 golpes en la cabeza y la cara, quien llamó a los bomberos fue el sacerdote Orantes. El mismo que, según un tribunal, mandó a limpiar la escena del crimen luego de que el cuerpo fuera retirado del garaje.

Siempre han coexistido tres hipótesis sobre lo sucedido esa noche pero dos de ellas, encontraron poco sustento y habrían sido impulsadas por la inteligencia militar para desviar la atención del caso. Una apuntaba a un caso de delincuencia común por parte de una banda dedicada a robar imágenes, mientras que la otra apuntaba a un crimen pasional cometido por el sacerdote Mario Orantes.

En junio de 2001 el Tribunal Tercero de Sentencia Penal concluyó que monseñor Gerardi fue asesinado en represalia por la publicación del informe Remhi. El tribunal también confirmó que el coronel Byron Disrael Lima Estrada, su hijo Byron Lima Oliva, Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes fueron responsables de la muerte de Juan Gerardi Conedera. Condenó a los tres primeros a 30 años de prisión, mientras que el cura recibió una sentencia de 20 años.

Sin embargo, los jueces solo vincularon a los acusados del crimen en el grado de colaboradores, porque  la sentencia  establece en sus conclusiones que la investigación no pudo comprobar quiénes fueron los autores directos del asesinato y por eso ordenaron al Ministerio Público continuar con las indagaciones.

Los pendientes del Estado Mayor de Arzú

Los tres acusados eran miembros del Estado Mayor Presidencial, un órgano de inteligencia y seguridad bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Arzú. El caso golpeó fuertemente la credibilidad de su gobierno que sin éxito, creó una comisión para esclarecer el crimen.

El Estado Mayor Presidencial fue creado en los 80 como una entidad integrada por militares al servicio de la seguridad de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Durante el Conflicto Armado Interno era el organismo más importante de información e inteligencia, y fue utilizado para ejecutar tareas de contrainsurgencia.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz continuó siendo una esfera con poder dentro del Gobierno guatemalteco. El presidente Álvaro Arzú tenía en él a varios hombres de confianza, entre ellos a dos de los acusados por el crimen de Gerardi.

Lima Oliva y el resto de sentenciados no fueron los únicos miembros del Estado Mayor que estuvieron en la escena del crimen. El Tribunal Tercero ordenó al Ministerio Público dejar abierto un proceso de investigación en contra de tres jefes del Estado Mayor que, de acuerdo con algunos testimonios recabados en el juicio, pudieron tener participación: Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, quien dirigía la institución en ese momento; el subjefe Juan Francisco Escobar Blas y el jefe de servicios Andrés Eduardo Villagrán Alfaro.

En el juicio se estableció que el jefe y el subjefe del Estado Mayor fueron vistos con Lima Oliva y otros sospechosos de perpetrar el asesinato del obispo antes de que ocurriera el crimen.

El tribunal sentenció que era necesario investigar las comunicaciones cifradas entre los militares, para establecer como se dio la coordinación y las ordenes para llegar a la escena del crimen y alterarla. Una orden que pudo haber salido del mismo Estado Mayor o incluso, de la Presidencia.

“No hay explicación que justifique la presencia del Estado Mayor en la escena del crimen. Ellos no tenían nada que hacer ahí. No eran investigadores ni tenían funciones que cumplir. Ellos (los sospechosos) negaron cualquier participación del Estado Mayor, pero si usted mira la historia, estuvieron allí”, dijo Jorge García, fiscal especial del caso Gerardi.

En aquellos años la investigación en Guatemala era precaria, el Ministerio Público era una institución de creación reciente y carecía de independencia y las capacidades técnicas que sí tenía la inteligencia militar.

Ahora el Ministerio Público es más sólido y cuenta con el apoyo de la CICIG sin embargo los avances son nulos. 20 años después, aún queda una persona identificada pendiente de captura. Rubén Darío Morales García, también miembro del Estado Mayor Presidencial.

El fiscal García es incapaz de explicar por qué no se han logrado resultados nuevos en la investigación. “No puedo indicarle mayor información, porque eso es parte de las pesquisas en curso, pero el caso continúa abierto, nunca se ha cerrado y la participación del Estado Mayor Presidencial es una de los aspectos que se están indagando”, afirmó.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, cree que la investigación ha sido deficiente y que es frustrante la impunidad en que se mantiene el caso:

“La investigación del MP ha sido deficiente porque a pesar de que han tenido comunicación con nosotros, no han avanzado en la indagacion de los aspectos señalados por el tribunal.  Las líneas son claras, los hechos son claros, pero los avances son débiles. Creemos nosotros que en alguna forma siempre vamos a tener presiones en este caso, en virtud de que son personas que tienen poder y tienene inmunidad y quieren seguir teniéndola”.

En 20 años varios fiscales recibieron amenazas por parte de personas cercanas a Byron Lima. Algunos incluso abandonaron el país. La fiscalía pidió autorización este mes de abril para hacer nuevas diligencias. El crimen aún no ha sido resuelto y el caso no está cerrado. Quedan cinco años más porque el delito de ejecución extrajudicial prescribirá en el año 2023 cuando se cumplan 25 años del asesinato del obispo.