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Genocidio: Los más crueles relatos de la guerra regresan a los tribunales

La sala de audiencias del juez Miguel Ángel Gálvez ha sido ocupada por poderosos, por expresidentes, exfuncionarios públicos, generales retirados, empresarios y operadores de redes criminales. Esta vez estuvieron en el banquillo tres militares que hace casi 40 años ejercieron el mayor poder político y de seguridad en Guatemala. El público en el juzgado eran los familiares y testigos de las masacres que se les imputan.

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Benedicto Lucas García habla con uno de sus abogados en la audiencia de primera declaración en un nuevo caso de genocidio.

Fotos: Prensa Comunitaria

En el Juzgado de Mayor Riesgo A, luego de varias audiencias que fueron suspendidas, el lunes 4 de noviembre inició la primera declaración en contra de Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del ejército; César Octavio Noguera Argueta, ex jefe de Operaciones del Estado Mayor y Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de Inteligencia de la misma institución.

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Relatos que se escuchan lejanos, nombres de personas que fueron asesinadas y desaparecidas hace casi cuatro décadas, recuerdos de mujeres que fueron violadas, niños apuñalados, jóvenes que fueron obligados a cavar las zanjas donde fueron enterrados, son parte del expediente de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que recoge las masacres cometidas por el ejército contra cinco regiones de Guatemala donde los pobladores fueron considerados enemigos internos por la acusación de apoyar a la guerrilla.

Los tres son hombres de avanzada edad. Dos de ellos, Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas, ya conocen los procedimientos en los juzgados pues en mayo de 2018 fueron condenados por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y los abusos contra Emma Molina Theissen. Antes de que los fiscales tomaran la palabra para leer los hechos que se les imputan, Lucas García le pidió al juez Gálvez audífonos y el abogado de Callejas y Callejas solicitó permiso para que su cliente fuera al baño sin necesidad de interrumpir la audiencia.

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Detalles de la investigación

Benedicto Lucas García estuvo al mando del Estado Mayor del ejército siete meses entre agosto de 1981 y marzo de 1982 y fue responsable de dotar, organizar, dirigir, coordinar, planear y controlar el trabajo del Estado Mayor del ejército en la estrategia militar contrasubversiva. En ese tiempo el presidente de Guatemala era su hermano, Romeo Lucas García.

En la audiencia los fiscales leyeron detalles de masacres cometidas casi a diario durante los siete meses que estuvo al mando de las acciones militares en el Triángulo Ixil, cómo el ejército llamó a la región de Quiché que abarca los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul.

Se enumeraron alrededor de 32 masacres en las que fueron ejecutadas cientos de personas, entre ellas Elena Caba y su hijo Domingo Guzmán Caba, de 11 años, que a finales de febrero de 1982 fueron emboscados afuera de su casa por miembros del ejército. A Elena le colgaron una soga al cuello y murió asfixiada dentro de su vivienda. Domingo fue ahorcado afuera. Sus familiares encontraron sus cuerpos tres días después.

El relato de los crímenes de guerra que se le imputan a Benedicto Lucas García le tomó todo el día a los dos fiscales, que se intercambiaban el micrófono para descansar la voz.

La sala de audiencias era un silencio total. Lucas García no perdió el hilo de la imputación. A los otros dos militares se les veía dormir por momentos. El juez Gálvez escuchaba con atención mientras tomaba notas y de vez en cuando alguien tosía en la sala.

Los fiscales continuaron. El 17 de enero de 1982 una tropa de 60 soldados ingresó a una de las aldeas de San Gaspar Chajul, donde rodaron las casas y las incendiaron aún con personas dentro. Dispararon y una de las balas llegó a María Hernández y la mató. El resto de su familia huyó a las montañas, donde pasaron tiempo si ropa, alimentos ni medicina. El hambre y las heridas se curaban con hierbas y raíces, pero no fue suficiente. En cinco años que pobladores de Chajul se refugiaron en las montañas, según el Ministerio Público, alrededor de 100 adultos y 300 niños fueron víctimas de sarampión y dengue y fueron enterrados entre los árboles de los cerros.

 

Los tres militares acusados escuchan al Ministerio Público. Foto: David Toro/Prensa Comunitaria

Los tres militares acusados escuchan al Ministerio Público. Foto: Prensa Comunitaria

Según la investigación del Ministerio Público, en esos siete meses a causa de los operativos murieron 150 niños entre los 0 y 4 años. Muchos de ellos no existen en los registros públicos de Guatemala porque su nacimiento no se inscribió y tampoco se dejó constancia de su defunción, ya que sus cuerpos, o fueron enterrados en fosas comunes o en hoyos cavados en las montañas a donde sus padres huyeron.

Se estima que con Benedicto Lucas García al mando del Estado Mayor del ejército 1,423 personas fueron masacradas. Sus historias, las más tristes de Guatemala están anotadas en el expediente 2093-209302-992. Allí está escrito el nombre de Andrés Chamay, acusado de apoyar a la guerrilla junto a toda su comunidad. El 15 de febrero de 1982 un grupo de militares lo ató de manos y lo llevó a un río, donde los soldados lo hincaron y le cortaron el cuello y le dispararon en la cabeza. La memoria de sus familiares está plasmada en las hojas del caso. 26 años después de verlo vivo por última vez, sus seres queridos pudieron enterrarlo pues sus restos fueron identificados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

El resumen de la investigación del Ministerio Público contra Benedicto Lucas García es que en los siete meses que dirigió las operaciones militares hubo sangre por todos lados. En el ocaso de su vida la Fiscalía y la Asociación Justicia y Reconciliación, que representa a las víctimas y sus familias, lo señalan de haber cometido los delitos de genocidio y violaciones a los deberes de la humanidad.

• Sobre el genocidio: Yassmín Barrios: La sentencia por genocidio fue la semilla de nuestra evolución social, por Jody García

Lucas García, la humillación y la venganza

Benedicto Lucas García es el protagonista de la audiencia de primera declaración en el juzgado de Gálvez. El alto rango militar que alguna vez tuvo lo colocan el centro de los hechos que definieron el rumbo de la guerra interna de Guatemala y que marcaron la historia del país. Su trayectoria política y militar como oficial del ejército fue recogida en una investigación de la Dirección General de Investigación (DIGI) de la Universidad de San Carlos llamada “De héroes a genocidas”.

La investigación detalla que fue la vergüenza y la humillación a su identidad masculina las que definieron el rumbo que tomó la vida de Lucas García, un joven cadete de la Escuela Politécnica que el 2 de agosto de 1954, junto a otros hombres, participó en un ataque contra el denominado Ejército de la Liberación como una revancha por la humillación sufrida en un prostíbulo llamado El Hoyito.

 

Benedicto Lucas García. Foto: David Toro/Prensa Comunitaria

Benedicto Lucas García. Foto: Prensa Comunitaria

—Los últimos días del mes de julio un grupo de cadetes e integrantes del ejército de la liberación coincidieron en dicho prostíbulo. En el lugar los cadetes fueron víctimas de humillaciones que incluían golpes, bromas, insultos y disparos. Los actos humillantes consistieron en obligar a tres de los cadetes a bailar desnudos mientras eran encañonados por algunos integrantes del Ejército de la Liberación, cita el informe de DIGI.

Tomar venganza tuvo como consecuencias que los cadetes fueran nombrados héroes nacionales y que la carrera militar de Benedicto Lucas García fuera en ascenso. 65 años después su historia la cuentan dos fiscales del Ministerio Público que se intercambian el micrófono para leer la decena de páginas con acusaciones en su contra.

La audiencia de primera declaración continuará esta semana con la lectura de la imputación de los crímenes atribuidos a Manuel Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta.


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COMENTARIOS

RESPUESTAS

    EDUARDO ESCOBAR /

    11/11/2019 7:20 AM

    UNA VES MAS LOS MILITARES QUE DEBIERON APOYAR Y CUIDAR A NUESTRA GENTE FALLARON ,POR AMBICION DE PODER, POR ELIMINAR FILOSOFIAS QUE ESTARIAN EN CONTRA DE ELLOS MENTALMENTE,POR CODICIAS DE TIERRAS , PARA HACERSE LATIFUNDISTAS O POR RACISMO, SEPA JUDAS, PERO EL PUEBLO IXIL NECESITA RESPUESTAS Y NECESITA "JUSTICIA"ANTE 3 VIEJOS MILITARES QUE TUVIERON LA DESGRACIAS DE ELIMINAR FAMILIAS COMPLETAS,UNA COMUNIDAD DE COMPATRIOTA QUE LUCHABA POR SOBREVIVIR. "A TODO COCHE LE LLEGA SU SABADO, "Y A ESTOS ASESINOS LES LLEGO. POBRE MI GENTE IXIL QUE AUN SUFRE EL DANIO DE ESTE TRAGO AMARGO. JUSTICIA,JUSTICIA SI AUN EXISTE EN GUATEMALA .

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Victor lopez /

    06/11/2019 9:22 PM

    Es injusto que solo los militares paguen... la idea es que paguen sus patrones, esos que no permiten una sana competencia , solo ellos quieren comer LO QUIEREN TODO , a ellos deberian de mandarlos a traer que paguen por ser los autores intelectuales. Y a los militares por obedecer , bien pudieron haber dicho que no... pero dijeron que si...

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Alaide González /

    06/11/2019 2:41 PM

    Buen Artículo.

    El pueblo Ixil debe tener justicia por los crímenes sufridos en la década de los 80. Pero no solo eso basta, tiene que tener acceso al desarrollo, empezando por un servicio eléctrico de calidad, asequible y moderno que permita el desarrollo económico.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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