A seis meses de la erupción del volcán a estas advertencias se tienen que enfrentar las comunidades

Norma Beltrán tiene 40 años. Vive en la comunidad Santa Rosa El Rodeo, Escuintla, a pocos kilómetros de las faldas del volcán. Es vicepresidenta del Consejo de Comunitario de Desarrollo (Cocode). Fue una las más de un millón de personas afectadas por la erupción del 3 de junio. Huyó de su vivienda y en medio de una nube gris y caliente fue evacuada junto a 12 mil personas.

A los dos días, Norma y su familia regresaron a su casa. Tenían miedo del volcán, pero también de perder todas sus pertenencias, ya que cuando huyeron, dejaron las puertas abiertas.

Cuando volvieron, el paisaje era gris, seco, desolador. Las casas, el camino, las hojas de los árboles, todo estaba cubierto de ceniza volcánica. Les tomó semanas sacudir las capas de polvo.

Mientras unos limpiaban, otros ayudaban a los vecinos de Los Lotes a escarbar entre la arena en busca de sus familiares. Esa comunidad quedó totalmente soterrada. En los primeros días de búsqueda se rescataron los restos de 186 víctimas y continúan desaparecidas 238 personas, ese número sería menor si el gobierno no hubiera dado la orden de detener la búsqueda dos semanas después de la erupción.

El portón de su casa está abierto. En la entrada se ven bolsas de chucherías colgadas en la pared. Es una mini tienda que le genera ingresos a la familia, conformada por sus tres hijos, sus padres, su hermana y dos sobrinos. Los niños juegan en sus celulares mientras Norma cuenta que tratan de vivir con tranquilidad, pero que no duermen porque los vecinos están organizados para vigilar la actividad del volcán, principalmente de noche, cuando se sienten más vulnerables.

Su casa está llena de polvo. En un intento por mantener la tranquilidad, Norma y su mamá barren varias veces al día, pero es casi imposible mantener todo limpio cuando el volcán, que se ve como una estampa gigante desde su patio, está en constante actividad. Dos días antes de esta entrevista hubo una nueva erupción.

El 18 de noviembre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó que el volcán expulsaba columnas de ceniza que alcanzaban distancias de 20 a 25 kilómetros, que podían generar avalanchas moderadas de lava.

—Debido a este incremento no se descarta la posibilidad de que se generen flujos piroclásticos que puedan encausarse en cualquiera de las barrancas del volcán, por lo que no se debe permanecer cerca—, decía el reporte.

Los afectados como Norma no pueden dejar la tragedia atrás, tampoco el miedo ni la incertidumbre. Ella les dice a sus hijos que no se preocupen, que todo estará bien, pero llora en silencio y se sube a una escalera sobre el techo de lámina para ver cómo se está portando el volcán. No lo puede leer ni predecir, por eso llora, porque no hay certeza en sus palabras.

—Aunque uno esté en su casa se siente la inseguridad. Se siente intranquilo. Lo que espera uno es que aparezca luego el día, el sol, que las horas pasen rápido. Le pedimos a Dios que el día entre rapidito para que nos entre la claridad, porque es otra cosa vivir esto de día que de noche—, relata Norma.

Norma utiliza una escalera para subir al techo y vigilar la actividad del volcán. Tiene miedo de que vuelva a ocurrir una tragedia similar a la de hace seis meses.

Esta nueva erupción no fue de la misma magnitud que la del 3 de junio, pero demostró que los vecinos encontraron formas de organizarse para evitar otra catástrofe. Los miembros del Cocode —la mayoría hombres— forman turnos para vigilar al volcán, estar atentos a los reportes de Conred e Insivumeh y alertar al resto de vecinos si es necesario evacuar.

Ese día Norma y su familia decidieron huir en dirección opuesta a la salida de la comunidad. Cuatro kilómetros al fondo del callejón donde vive se observan dos montañas y una llanura verde. Los señala y dice que se refugiaron allí, en medio de la naturaleza. No se ve seguro, pero es la apuesta de la familia, que se resiste ir a los albergues habilitados en Escuintla porque no hay espacio para más personas y porque no reciben un trato digno.

—Nuestra idea es buscar esas montañas, pasar la noche allá y regresar a nuestros hogares. Yo le digo a las personas que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir así. No tenemos otra opción, esto es lo que Dios nos ha concedido y es lo único que tenemos para seguir viviendo. Peor ahora que estamos desempleados no podemos ir a otro lado a alquilar.

Norma entra a su casa, al lugar donde está la escalera a la que se sube para ver sobre la lámina de su casa. Lejos de sus hijos llora porque sabe que no hay certeza en sus palabras. No sabe si todo estará bien, como les dice.

—Yo les dijo, miren mijos, primero Dios no pasa nada y si no nos da tiempo de salir, nos agrupamos y nos quedamos allí juntos. Es que la inseguridad es bien dura. Yo a veces me hago la fuerte frente a mis hijos. Les digo, no pasa nada, pero dentro de mí a veces me desespero. Me desahogo sola porque no quiero que mis hijos me vean así. Yo digo, Dios mío qué va a pasar, por qué esta prueba tan grande, cuándo vamos a vivir en paz.

Se estima que el 40% de las viviendas de esas ocho comunidades quedaron totalmente destruidas y que el 16% está en condiciones inhabitables. En un diagnóstico realizado por la organización TECHO, se describe que el 84% de la población afectada percibe que sus viviendas están en zonas de alto riesgo y que la mitad de ellos regresó o regresaría porque no tiene otras opciones para vivir.

Un poco de contexto: Por qué la tragedia de los pueblos del volcán viene desde antes de la erupción

La gente de la comunidad es joven. Una muestra estadística realizada por TECHO calculó que el 53% de la población de esas ocho comunidades tiene menos de 25 años. Antes de la erupción, la mayoría trabajaba como agricultores, fábricas y hoteles en el área. Después de la catástrofe, una a de cada dos personas perdió su trabajo o los medios de producción que utilizaba para obtener sus ingresos.

Eso le sucedió a Norma Beltrán. Solía trabajar en una guardería cercana a su comunidad. Llevaba diez años allí. Desde la tragedia ha permanecido cerrada y desde entonces hace milagros con los ingresos que le genera la mini tienda, la venta de comida y una tortillería.

El logro más importante para su familia este año es que sus hijos —pese a la tragedia— lograron terminar el ciclo escolar. Su hijo más grande este año se graduó de bachiller. Sus otros dos hijos están en secundaria. Para ellos también fue muy difícil estudiar, dice Norma, pues perdieron a muchos de sus compañeros y amigos.

—Mi hija me decía que no quería ir a estudiar porque le daba miedo ver a su amiga en el puente por el que pasa para ir al instituto. Allí se esperaban. Ella cierra los ojos cada vez que va a pasar por allí porque tienen miedo de verla. Era de San Miguel Los Lotes y nunca encontraron su cuerpo—, dice.

Quienes volvieron a las comunidades se enfrentan a la amenaza de un volcán que continúa en actividad.

Una bocina y un reportero

Frente a Santa Rosa El Rodeo queda la comunidad La Reyna, donde viven 380 familias. La entrada es un camino de tierra y piedras que hacen difícil el acceso. Lo primero que se ve es la sede del Cocode, una galera de block con techo de lámina, y un poste de unos tres metros con una bocina en la parte superior.

Adentro están los líderes de la comunidad Elsa Sicay, Isidoro López, Pablo Xicay. Cuentan las donaciones de papel higiénico y pañales que recibieron el día anterior. Afuera, en una fogata arden zapatos que les donaron sin su par.

—La tranquilidad que teníamos ya se ha terminado, porque en el momento que empieza el volcán a hacer erupción nosotros tenemos que empezar a prepararnos, ver qué hacer para salvaguardar la vida de nuestras familias, nuestros nietos y todos lo que son parte de la comunidad—, dice Elsa Sicay.

La Reyna queda a 76 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Después de la tragedia la presencia del Estado solo fue visible cuando un picop con el logo del gobierno entró a la comunidad a dejar víveres. Isidoro López, vicepresidente del Cocode, recuerda que el conductor se bajó y le dijo que todo lo donado había sido comprado con dinero de guatemaltecos dispuestos a ayudarlos, que el carro solo les había servido para transportarlo, de flete.

El método funcionó el domingo 18 de noviembre. Ese día los miembros del Cocode recibían los reportes del Insivumeh por correo, los imprimían y leían a través de la bocina para que toda la comunidad los escuchara. La alerta de evacuación no llegó de Conred, sino del hijo de Isidoro López, quien trabaja como reportero en una radio de Escuintla. Ese día día llamó a su papá y él puso el celular cerca de la bocina. Los vecinos escuchaban con las maletas hechas. Luego del reporte y de dos estruendos del volcán, decidieron salir de sus casas rumbo a los albergues municipales.

López recuerda que pasaron la noche de albergue en albergue, buscando un espacio para dormir, y que no había espacio en ningún lugar. Eran cientos de personas desorientadas, lejos del volcán, pero ante la incertidumbre de las autoridades que no les respondían. Al final de la noche se habilitó el estadio municipal y allí durmieron.

Isidoro López recopila cada instante los boletines del INSIVUMEH para que en el albergue tengan actualización sobre el comportamiento del volcán.

—El domingo, estuvimos llamando a los señores de la Conred, al menos para estar allí y que nos vengan a observar cómo está la gente aquí aglomerada y cómo estamos trabajando. Hasta el día el lunes vinieron como a las 8 de la noche, cuando unos compañeros ya venían de regreso de los albergues—, contó Pablo Xicay, representante de la Junta Directiva de La Reyna.

La Reyna es una antigua finca que los propietarios vendieron al Estado. En 2001, un grupo de pobladores de distintas zonas se unieron para crear un lugar en el que hoy habitan unas 385 familias. Aunque durante el gobierno de Alfonso Porillo se les autorizó la compra de las propiedades, el Cocode estima que solo el 50% tiene una escritura legal.

Los miembros de la comunidad no tienen posibilidades económicas para buscar vivienda en otro lugar. Lo que le solicitan al gobierno es la construcción de un albergue propio y seguro, que esté disponible para ellos cuando haya peligro.

Según un informe de la organización TECHO, este es el porcentaje de daño que sufrieron las comunidades: San Miguel Los Lotes, 76% inhabitable; La Reyna, 55%; El Porvenir, 52%; El Rodeo, 45%; Santa Rosa, 42%; El Barrio, 40%; Don Pancho, 37% y La Trinidad, 37%.

A pesar de los daños, en el sondeo de esa organización quedó consignado que cerca del 50% de los pobladores de El Rodeo, La Reyna y Santa Rosa, hablaba de regresar. En el caso de la Trinidad, el 84% dijo que no quería volver y se están organizando de forma colectiva para reubicarse en otro espacio sin ayuda del gobierno.

Leé este análisis: Por qué el Volcán es un espejo de Guatemala (y por qué podemos estar optimistas)

El bebé más famoso del albergue

Maydi Gerónimo carga a su bebé de dos meses entre los brazos. En medio de una casa de acampar instalada en un espacio de un albergue municipal de Escuintla, le da de mamar mientras lo mira con una sonrisa. Parece que su mundo se detiene cuando acaricia la cabeza su bebé. Cuando levanta la mirada no está en la habitación de su casa, el espacio donde imaginó cuidaría a su primer hijo. Está sentada sobre un catre, rodeada de pilas de pañales y ropa. Afuera de la casa de acampar hay un bullicio de niños y señoras. Decenas de colchones colocados uno junto a otro, solo separado por bolsas negras, objetos personales, biblias y juguetes.

Ella vivía en La Trinidad, una de las ocho comunidades afectadas por la erupción del Volcán. Tenía seis meses de embarazos cuando junto a su esposo y sus padres estuvo a punto de cruzar un río para huir de la catástrofe. Junto a sus vecinos esperaron en un salón comunal hasta que fueron rescatados por las autoridades.

Desde entonces vive en el albergue. Su bebé nació en septiembre. Al igual que todos ella vivía en un espacio abierto junto a decenas de personas que no conocían. Después de dar a luz le donaron una casa de campaña para que ella y su bebé tuvieran más privacidad. Maydi mantiene la entrada de la carpa abierta para que circule el aire, ya que el lugar es caliente y por momentos es difícil respirar. También lo hace porque los vecinos, que han logrado mantener una relación cordial, quieren ver al bebé y los niños jugar con él. Es el más joven del albergue. Maydi, de 24 años, sonríe. Pese a que perdió su casa y sus planes a futuro, está feliz de que ella, su esposo y su bebé estén con vida y sanos. Sus planes, sin una fecha, son migrar a México.

Maydi cuida de su bebé —nacido en septiembre— en una carpa que le donaron en el albergue donde aún permanece.

Sus planes no tienen fecha porque, así como la mayoría de los albergados no sabe cuánto tiempo más permanecerá en ese lugar, ni sabe si es parte de un plan de reubicación. Tiene pocas alternativas y no quiere regresar al peligro en las faldas del volcán.

Son nueve albergues —ocho en Escuintla y uno en Alontenango— donde se atienen a 3 mil 343 personas. Los gastos para sostener estos espacios son absorbidos por las municipalidades, la SOSEP y el Ministerio de Desarrollo. Hay voluntarios que aún les llegan a dejar papel higiénico y algunos víveres.

La estrategia del gobierno para atender esta crisis fue llamada Plan Vivienda Digna y se enfoca en la construcción de casas para pobladores de San Miguel Los Lotes y el Caserío El Barrio. La gente de esas comunidades fue trasladada a la Finca La Industria, a los Albergues Temporales Unifamiliares (Atus), construidos por la organización TECHO y el Cuerpo de Ingenieros del ejército. A la fecha existen 511 familias habitando en esos espacios, es decir 1 mil 590 personas; 479 familias más están a la espera en albergues de Escuintla.

Marlene Monterroso, delegada en Escuintla de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), explicó que el proyecto de construcción de viviendas definitivas se detuvo no por culpa del Estado, sino de la comunidad.

—Hubo inconformidad con el tamaño del lote y quieren cambios. Por eso se atrasó el proyecto, que ahorita debería llevar un avance del 35%.

Un niño camina cerca de los Atus, donde fue trasladada otra parte de los pobladores afectados por la erupción del volcán.

Este proyecto pretende dar una casa a las familias afectadas de San Miguel Los Lotes y El Barrio. No hay fecha clara para que el proyecto concluya, tampoco se sabe hasta cuándo los albergues continuarán habilitados. Los comunitarios solo recibieron la notificación del Ministerio de Desarrollo que, a partir del 31 de diciembre, ya no recibirán más alimentos.

Según Monterroso, el 98% de las donaciones de víveres que hicieron los guatemaltecos cuando ocurrió la tragedia, ya fue entregado. Sin embargo, no tiene datos de la cantidad y tipo de productos que recibieron durante ese tiempo.

Cuando ocurrió la tragedia, el Congreso aprobó un estado de Calamidad, es decir, habilitó un procedimiento en Guatecompras para que las municipalidades de Sacatepéquez y Escuintla pudieran hacer adquisiciones rápidas para ayudar a los afectados. En total se hicieron compras por Q596 millones 442 mil.

Hay registros de compras de alimentos, medicamentos, material de construcción, pero también adquisiciones que no se relacionan con la tragedia, como Q398 mil para reparar una carretera en Pochuta, Chimaltenango; y la compra de mantas vinílicas.

Hay pobladores que están temerosos de dejar los albergues y regresar a sus comunidades, al inminente peligro del volcán activo. ¿Hay algún plan para ellos?

—No. Hasta donde tengo conocimiento no—, responde Monterroso.

Para el millón 700 mil personas afectadas por la erupción del pasado 3 de junio, hay dos volcanes. Uno es el de Fuego, el que tiene con incertidumbre y miedo a la gente que se quedó en sus casas porque no tiene otra opción. El otro volcán es el Gobierno, que también tiene en incertidumbre y miedo a los comunitarios albergados porque hay planes de reubicación para ellos y en cualquier momento cerrarán los espacios y tendrán que regresar, migrar o desplazarse.