¿Qué fue lo que pasó en el desalojo de Izabal: propiedad legal o tierras ancestrales?

Chab’il’ Choch significa tierra buena en idioma maya qeqchí.

Así se llaman dos comunidades ubicadas en Izabal. Una de ellas, la más reciente, fue desalojada el pasado 30 de octubre. Esta comunidad, compuesta en su mayoría por mujeres y niños, perdió casi todas sus pertenencias el día que la policía llegó a sacarlos de la finca Santa Isabel, en el municipio de Livingston. Los conflictos de tierras y los desalojos son más comunes en los departamentos Alta Verapaz, Izabal y Petén que tienen presencia qeqchí, la comunidad maya más empobrecida y desplazada del país.

Sobre este desalojo existen diversas versiones. Pero hay algunos hechos. Nómada entrevistó para este reportaje al grupo de comunitarios, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al empresario Rodrigo Lainfiesta, los defensores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

¿Qué paso el 30 de octubre?

El 30 de octubre, a las 5 de la mañana, estaba programada una reunión institucional en la subestación de la PNC en la aldea Frontera Río Dulce, para salir todos juntos y realizar el desalojo. Salieron a las 6 de la mañana con 1,141 policías y 135 vehículos: 129 eran patrullas, 2 eran de la PDH, y los otros cuatro eran del MP, de Copredeh, de Comunicación Social de la PNC y del administrador de la finca: Joel Díaz.

El administrador dijo que Rodrigo Lainfiesta, que reivindica ser el dueño de la sociedad anónima propietaria del terreno, había contratado 32 lanchas para cruzar los ríos Chocón y Machacas y trasladar a los policías. Pero cuando llegaron al primero se dieron cuenta que en realidad solo había 16 lanchas y que no eran suficientes. De acuerdo con el oficio de la PDH, esto les obligó a cambiar de ruta, y un camino de originalmente dos horas, tardó casi ocho. El nuevo trayecto les obligó a caminar por tres horas y llegaron a la comunidad de Chab’il Choch a las 2 de la tarde.

Se calcula que la comunidad estaba compuesta por 56 familias, alrededor de 200 personas, quienes solicitaron 40 minutos para recoger sus cosas. La jueza de paz, Reginalda Pantaleón, se encargó de mostrar e indicar a los comunitarios las razones del desalojo, aunque no les permitió defenderse legalmente.

El representante de COPREDEH, Ariel Flores, les dijo que había albergues en gestión para ellos. Por ser más de las 3 de la tarde, la PDH advirtió a la jueza y a la PNC que no se podía realizar un desalojo después de las 6 de la tarde. A lo que la jueza Pantaleón respondió que sus capacidades permiten extender el horario de ser necesario.

Los comunitarios caminaron más de tres horas. Mientras se alejaban de las casas, en las que vivieron por casi un año, pudieron ver como personas de comunidades vecinas, y que trabajan para Rodrigo Lainfiesta, quemaban lo que quedó de sus viviendas y de sus pertenencias.

Llegaron a la orilla del río a las 18:45, cuando anochecía, y ahí se dieron cuenta que solo había 4 lanchas. En ellas se fueron algunas autoridades, incluida la jueza Pantaleón. Les dijeron que más lanchas iban a regresar por ellos. Los lancheros no regresaron porque no se les había pagado. No se pudo gestionar ayuda por parte del Gobernador de Izabal, César Fajardo Rodríguez, quien dijo que debían quedarse ahí hasta que amaneciera. Para entonces ya era la 1 de la mañana, los mosquitos picaban implacables y ellos seguían dentro de la finca. No fue hasta que los mismos comunitarios consiguieron unos cayucos para transportarse que la diligencia terminó.

Pero el Estado no puede desalojar a comunidades y dejarlas a la intemperie a su suerte, con peligro de que fallezcan sus ciudadanos. Pero en este caso no se respetaron los protocolos.

La Copredeh debió hacer un estudio previo al desalojo y gestionar todas las coordinaciones necesarias para resguardar a las personas y su dignidad. Ariel Flores, de Copredeh, reconoce que no se había asegurado el alojamiento, ni el transporte, ni el chequeo médico para los desalojados, puesto que iba a realizarlo cuando estuviera con los comunitarios.

¿Quién es Rodrigo Lainfiesta?

Rodrigo Lainfiesta Rímola es un empresario ganadero y productor de hule. Pero también ha sido enviado a prisión y acusado por corrupción. Tiene un proceso abierto, desde 2011, por la mala calidad de la remodelación en la cárcel Fraijanes 2. Y es hermano de uno de los cuatro diputados que contrataron un lobby en Washington contra la CICIG, sin dar a conocer la fuente de financiamiento.

Su hermano, Julio Lainfiesta, es el jefe de la bancada UCN en el Congreso. La embajada de Estados Unidos escribió cables en 2007 y 2009 en el que dice que la ideología de ese partido es el narcotráfico. “Es un pequeño partido con bases en el este de Guatemala, y se informa que tiene vínculos con narcotraficantes”. Además, la embajada hizo un recuento de las ideología de los partidos y colocó al PP como derecha y a la UNE como centro-izquierda, a la UCN la incluyó en una categoría ideológica desconocida hasta el momento: “narcos”.

Rodrigo Lainfiesta reconoce que es amigo del expresidente Otto Pérez Molina.

Rodrigo Lainfiesta reivindica ser el dueño legal de la finca Santa Isabel, que es propiedad de la sociedad anónima Lisbal. Las únicas dos accionistas registradas son Estela Yolanda Ortiz y Carmen Leticia Rodas Marroquín. Él ofreció mostrar documentos que demuestren que es el accionista mayoritario, pero al cierre de este reportaje no los había enviado.

Lainfiesta es la persona que interpuso la denuncia en el MP, por usurpación e invasión en la finca. Que es propiedad de Lisbal S.A. se puede corroborar con los registros del inmueble que datan en el año 2007, 2009 y los anexos. La Finca Santa Isabel está en el municipio de Livingston, y se encuentran inscritos como finca 1862, folio 362, libro 4E de Izabal, finca 4272, folio 65 libro 53 de Grupo Norte y finca 167, folio 180 libro 40 de Izabal.

Lainfiesta asegura que desde que adquirió la propiedad ha trabajado la tierra. Y se describe a sí mismo como una persona conocida en el área. Dice haber colaborado con muchas comunidades del sector en los 10 años que tiene de ser dueño del terreno. Sin embargo, comunitarios de Chab’il Choch niegan haberlo visto en la finca y aseguran que Otto Pérez Molina es el verdadero dueño. Rodrigo Lainfiesta dice que su relación con Pérez Molina es de amistad y no sociedad por la finca.

– Yo tengo historia en Livingston; he ayudado a muchas comunidades sin decir nada. Esas personas me conocen y saben quién soy. Yo hasta cédula tengo de Livingston, porque me registré allá. Estas personas no me conocen porque no son de ahí. Y a Otto Pérez Molina probablemente lo vieron porque es mi amigo y me visitaba. Pero él tiene su casa del otro lado del lago y yo lo visitaba a él. Pero la finca es mía.

Los comunitarios dijeron a CMIguate que “Pérez Molina arregló la carretera; parece autopista.  La finca antes no tenía acceso a carretera. El equipo del Ministerio bajo Sinibaldi (Alejandro Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones) abrió la carretera. En la finca hay bombas de fumigar que dicen MAGA (Ministerio de Agricultura). Y sillas y mesas que dicen SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad) y UNICEF.”

En su artículo, el investigador Luis Solano recuerda que la propiedad está situada en un lugar estratégico para la explotación petrolera y para el tráfico de drogas.

Propiedad de la tierra o derecho ancestral

Antes del 30 de octubre, en marzo, ya se había intentado desalojar las personas de Chab’il Choch en cuatro ocasiones. Sin embargo, la comunidad representada por el abogado Elías Díaz, de Puerto Barrios, interpuso un amparo que detuvo el proceso. Los comunitarios insisten que en una de esas ocasiones Rodrigo Lainfiesta les disparó desde un helicóptero, suceso que el empresario niega.

El presidente de la comunidad, Raúl Icó, rechaza el desalojo y asegura que tienen derecho ancestral en esa tierra.

– Esta es la tierra de nuestros abuelos. Tenemos registros como las cédulas y un cementerio que prueban lo que estamos diciendo. Ellos nacieron aquí y algunos de nosotros también, explica Icó.

Aunque hay un caso de la Corte de Constitucionalidad que da la razón a comunidades indígenas sobre el derecho ancestral, en Guatemala aún no existe una jurisprudencia (tres casos seguidos) sobre qué hacer con relación al derecho ancestral. Pero en casos como este, que discuten el derecho ancestral y la propiedad de la tierra, la CIDH ha resuelto nueve casos, en diferentes países de Latinoamérica, a favor de los pueblos indígenas y originarios.

La base de estas resoluciones se encuentra en el convenio 169 de la OIT y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establece que “la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas”.

Por esa razón, de ser comprobado el derecho ancestral, el Estado debe ser garante de la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales como un asunto de especial importancia.

Pero hay un problema sociológico entre las comunidades del área. Dentro de la finca, existe una aldea que ha estado asentada desde antes que Rodrigo Lainfiesta adquiriera el anexo en el que está ubicada, y con la que dice “nunca en diez años, ha habido un problema”. El nombre de esta comunidad es Chinamachacas. El mismo nombre que los habitantes de Chab’il Choch dicen era el suyo antes y dicen que era el del lugar de sus abuelos. Estos dos grupos que aseguran ser Chinamachacas, no mantienen una buena relación entre sí porque unos son mozos que trabajan para Lainfiesta y los otros son los que reivindican que tienen derecho ancestral a la tierra.

Ante los distintos alegatos de por reclamo de la tierra, observadores de Derechos Humanos de la OACNUDH y académicas expertas en conflictos sociales en el área, del Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia (Cendes), opinan que es necesario hacer un estudio antropológico y un peritaje para saber si existe derecho ancestral en esas tierras.

Una investigación minuciosa por parte del MP es necesaria para comprobar la veracidad de los registros de Lainfiesta, y la existencia del cementerio que los comunitarios de Chab’il Choch, dicen fue destruido por Otto Pérez Molina para construir una pista de aterrizaje. Además de comparar si el lugar queda en las mismas coordenadas que la comunidad en la que se observa había una cancha y lo que parece una iglesia, años atrás.

Los resultados del trabajo de los peritos contratados por el MP deben discernir cuál comunidad es Chinamachacas, o si ambas lo son. Tanto los defensores de OACNUDH como Claudia Villagrán, de Cendes, concuerdan en que es necesario hacer una investigación profunda. Ya que, es un caso que apunta a patrones similares, observados en otras ocasiones, en los que los dueños de las fincas, el Estado y el pueblo q’eqchí se disputan terrenos y derechos.

El área es importante pues se encuentra en una parte del conocido “Corredor Seco” en medio de una de las zonas de más lluvias en el país, un punto estratégico de trasiego de drogas, utilizado por narcotraficantes. Rodrigo Lainfiesta dice conocer esta información, pero asegura que en su propiedad nunca han pasado drogas. Y ante las acusaciones de los comunitarios sobre una amistad con el exministro prófugo Alejandro Sinibaldi, Rodrigo Lainfiesta insiste en conocer a sus vecinos y en que ninguno el exministro de comunicaciones. Aunque sospecha que sí hay una propiedad de Sinibaldi que es vecina de su vecino.

En los lineamientos básicos para realizar un desalojo, la ONU recomienda que sea la última instancia. Además explican que esta práctica intensifica la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación. Que hace más vulnerables a los sectores de la sociedad más pobres y marginados, especialmente a las mujeres, a los niños, a las minorías y a los pueblos indígenas.

– El problema es para el Estado, ¿qué se hace con una población que ha sido desalojada y no tiene a dónde ir? Para eso existen lineamientos internacionales que no permiten desalojos sin medidas de mitigación para quien es desalojado. Se debe usar como una medida de última instancia, que en sí misma es una acción violenta y coercitiva. Y se debe definir los límites de esa acción: ¿hasta dónde se pone en riesgo la vida de la gente? y ¿hasta dónde se ponen en riesgo los bienes?, pregunta Claudia Villagrán directora de Cendes.

Mientras el Estado no define con peritajes quién tiene la razón entre comunitarios y el propietario, el juzgado ya expulsó a la comunidad, refugiada sin apoyo estatal en otra comunidad que corre riesgo de ser desalojada.