El Puente Belice es un pequeño mundo en sí mismo. Es una vieja estructura que funciona desde hace 59 años como conexión vial para el centro de la Ciudad de Guatemala y la ruta al Atlántico. Pero no todo es acero, concreto y asfalto. Hay mucha vida a su alrededor. En la superficie transitan a diario más de 60 mil vehículos. Y en la base y los alrededores hay un asentamiento de tres colonias, en las que viven unas 400 familias.
La dinámica arriba y debajo del puente es muy distinta, pero en ambos casos la vida de las personas depende de que la estructura siga en pie. El problema es que en las últimas décadas sobrepasó su capacidad, no recibió mantenimiento y ahora no se conoce cuánto tiempo más puede funcionar. A un grupo, al que pasa arriba, le preocupa tener la mala suerte que su colapso sea cuando ellos transiten y que de cualquier manera se provoque un caos vial en la Ciudad y aisle a las principales rutas comerciales hacia el norte y el sur. Y al otro, el que vive abajo, le preocupa que destruya sus frágiles viviendas y les cueste la vida.
Antonio Escobar y su esposa María del Carmen viven desde hace 12 años en una pequeña casa debajo del Puente Belice. El paso de los vehículos provoca vibraciones en su vivienda todo el tiempo y representan una constante carga psicológica para la familia. Los blocks de las paredes están dañados y la madera de la vivienda cruje cada vez que pasan tráilers o camiones con carga. Pero la principal preocupación no es por el deterioro de su vivienda, sino por las vidas que están en riesgo. A diario piensan en lo que podría pasar si la estructura colapsa y el puente se desploma. Pero nadie tiene certeza de cuándo y cómo puede pasar esto.
– Desde hace años nos están diciendo que el puente se puede caer y nos tenemos que ir, pero nadie nos explica qué pasa, dice Antonio Escobar. Y es que en las colonias La Jesús, El Carmen y La Paz falta información certera. Entre los vecinos se comenta que una buena reparación del puente requiere que no haya nadie cerca y por eso los tienen que reubicar en otra zona. Pero también dicen que el interés de expulsarlos del área tiene que ver con la construcción del puente para que por ahí pase un metro. Hasta ahora nadie les explicó con claridad qué está pasando en su comunidad. Lo que les repiten constantemente es que se tienen que ir del área.
– Nosotros entendemos que se necesita componer el puente o que tienen que hacer uno nuevo para el metro, pero queremos que nos hablen con la verdad a nosotros y a todos los guatemaltecos, reclama Antonio Escobar.

Una de las comunidades bajo el Puente.
Pero encontrar respuestas para sus preguntas es difícil para un jefe de familia que pasa la mayor parte del tiempo vendiendo pollo y papas fritas en La Jesús. La información está en manos del Ministerio de Comunicaciones y de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo (Anadie).
1. Una ‘reparación’ de US$6 millones
El 17 de octubre, el Gobierno de Guatemala difundió un video que promociona el 'mejoramiento' del Puente Belice, para garantizar 75 años más de vida útil de la estructura. La empresa que ganó el concurso para ejecutar este proyecto es Grupo Muratori, una empresa guatemalteca con experiencia en el mantenimiento de puentes y pasos a desnivel.
Lo que el Gobierno define como reparación del puente tendrá un costo de US$6 millones (Q44.5 millones), que es lo que Grupo Muratori ofertó.
Pero la verdad es que esa millonaria inversión no está orientada a resolver los problemas estructurales del puente. Y por ende, no va a garantizar que dure en pie por muchas décadas más, como lo quiere hacer ver el Gobierno.
El contrato que está por firmar Grupo Muratori implica tres áreas de trabajo: mantenimiento, planificación y monitoreo del puente. El Ministerio de Comunicaciones planteó una sola licitación para esos tres trabajos, pese a que en otros países ocurren en diferentes tiempos y corresponden a diferentes fases de un proyecto.
Lo más importante es que la solución a los problemas estructurales no está contemplada en el contrato, y aunque las autoridades no lo dicen claramente, eso requerirá otra millonaria inversión del Estado. Eso significa que, si se quiere extender 75 años más la vida del puente, habrá que invertir muchos más recursos.
Jorge Salaverría, asesor del ministro de Comunicaciones Aldo García, defiende el proyecto y dice que el mantenimiento, los ensayos, la planificación y el monitoreo del puente se deben hacer en una sola fase porque las actividades se complementan entre sí. Además, dice que en medio de ese proceso se realizarán reparaciones importantes en el puente.
Gustavo Cosenza es un ingeniero estructural guatemalteco que se dedica desde hace varios años a la revisión y planificación de megaproyectos de infraestructura para la empresa de transporte más grande de Alemania y tiene un blog en Nómada. Contradice al asesor del ministro.
– La metodología para la rehabilitación del puente de Belice expone ineptitud, ignorancia y posiblemente corrupción, dice el ingeniero Cosenza.
El proyecto se debe planificar con orden para garantizar un buen resultado y eso no lo está haciendo el Ministerio, explica.
Según el experto hay un procedimiento que se debe seguir. Está resumido en esta gráfica:
Solo después de que el puente sea reparado se podría implementar un sistema de monitoreo para controlar el comportamiento de la estructura en el futuro; luego se puede plantear el mantenimiento. El Ministerio de Comunicaciones no siguió esos pasos.
A criterio de Gustavo Cosenza, hay que tomar en cuenta que al obviar un proceso tan importante como la planificación, ya sea por ineptitud, ignorancia o corrupción, tiene como consecuencia que la calidad de la reparación sea deficiente y que el innecesario aumento de los costos no tenga límites, ya que no hay controles.
– La regla de oro para combatir la corrupción en proyectos de infraestructura es prohibir que el planificador sea también constructor del mismo proyecto, agrega Cosenza.
Eso significa que, si Muratori se encargará de hacer los ensayos y estudios para buscar una solución a los problemas estructurales del Puente Belice, otra empresa debería encargarse de ejecutar la solución definitiva.
Nómada intentó tener acceso al contrato, pero todavía no está firmado y esa fue la excusa para no entregarlo por parte del Ministerio de Comunicaciones. También se intentó tener una reacción de Muratori, pero la empresa no respondió.
A mediados de noviembre, los vecinos de La Jesús se enteraron de la ‘reparación’ del Puente Belice a cargo de Grupo Muratori. Algunos pensaron que por fin podrían vivir tranquilos, porque eso significaría una solución definitiva a los problemas de la estructura. Otros solo se preocuparon más.
Para Antonio Escobar, la suerte está echada y entiende que su desalojo está cada vez más próximo. Y ahora lo único que puede hacer es escuchar las propuestas del Ministerio de Comunicaciones para su reubicación u oponerse a su reasentamiento. La espera lo inquieta mucho, dice.
– Algo que sabemos es que no quieren a nadie en la colonia. No importa que compongan el puente o que hagan otro, porque de todas formas nos van a sacar.
2. Otro nuevo puente de US$23 millones
A 150 metros del Puente Belice hay otra estructura que también pasa por encima de los techos de las casas de ‘La Jesús’. Es el puente Las Vacas, que está en pie desde 1908 sobre el río que tiene el mismo nombre. Se construyó como una vía del sistema ferroviario del país y nunca se habilitó para el paso de autos o camiones. Pero en las últimas décadas no se le dio mantenimiento y los saqueadores se robaron piezas metálicas de la estructura. Así que se declaró intransitable, y no se puede derribar porque se le considera patrimonio nacional.
Ahora en un área cercana se planifica la construcción del nuevo Puente Las Vacas, una obra de 247 metros de longitud y un costo de US$23 millones. El objetivo es que por ahí pase un sistema de metro ligero como parte de ‘MetroRiel’, un proyecto que impulsa la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo y que actualmente se encuentra en una fase de estudios. Si todo sale bien, el metro podría operar en 2022 o 2023.
El metro es un sistema de transporte que en la primera fase cubriría 20.5 kilómetros en la Ciudad de Guatemala –conectando a las terminales Centra Norte y Centra Sur–; costaría unos US$770 millones, que serían financiados por la banca internacional.
Se proyecta que la población capitalina aumente a 4.6 millones para 2021 y a 5.7 millones en 2047, y según la Agencia, con MetroRiel se espera ayudar a solucionar el problema del transporte público en la Ciudad. El plan es transportar a unos 252 mil pasajeros al día en un metro que circule a 28 kilómetros por ahora.
El proyecto se plantea con la modalidad de alianzas público-privadas. Eso significa que el gobierno gestiona las obras y sirve de garante, pero una empresa privada aporta los recursos económicos mientras hace del metro una inversión rentable. Al final, los usuarios pagarían con el pasaje el valor de la infraestructura.
Para construir el nuevo Puente Las Vacas hay inconvenientes. El primero es que la construcción del nuevo puente afectará a vecinos de los sectores I y IV de ‘La Jesús’. Eso significa que las personas que habitan en 294 viviendas de la colonia deberían ser reubicadas.
Rafael Díaz, asesor de la Anadie para el proyecto MetroRiel, dice que aún no han contactado a las comunidades que serían afectadas; la única comunicación se ha sostenido con personal de la alcaldía auxiliar de la zona 6, que tiene jurisdicción en el área. Pero la falta de información ya empieza a generar conflictos.
La posibilidad de que se construya una nueva obra inquieta a los vecinos del asentamiento tanto como la reparación del Puente Belice. Y es que la falta de soluciones habitacionales asequibles es un problema para la mayor parte de la población que habita en barrancos y los alrededores.
Alejandra Solano, una vecina de La Jesús, ya se opone al proyecto del metro:
–Nos van a querer sacar de aquí y después no nos van a ayudar, reclama. Su descontento lo comparten otros habitantes del asentamiento.
En otros países latinoamericanos, los gobiernos y las municipalidades cuentan con programas de vivienda popular mejor desarrollados que el de Guatemala.
Los temidos desalojos
El ministro Aldo García dice que buscan una solución habitacional para reubicar a las familias que viven debajo y en los alrededores del Puente Belice, antes de que empiecen los trabajos de mantenimiento y los ensayos.
Una opción era trasladar a las familias a edificios multifamiliares en un sector de la zona 6, pero los vecinos del área se opusieron diciendo que la zona ya está sobrepoblada. Ahora buscan otra alternativa, que consiste en construir apartamentos en un antiguo terreno de la Policía Nacional Civil.
Sin importar cuál sea la solución final, el Ministro de Comunicaciones y Vivienda tiene una postura firme en torno a lo que le espera la comunidad:
– ¿Qué pasa si no encuentran un acuerdo?
– Si por alguna razón no llegamos a felices acuerdos, vamos a buscar con la empresa la forma de llevar a cabo estos trabajos. De una u otra manera se tienen que realizar; no podemos supeditar necesariamente que ellos (los vecinos) estén fuera (del área).
– Pero la gente va a estar en riesgo si hacen los trabajos con la comunidad debajo del puente.
– Sí, pero se les va a hacer saber para que desalojen.
En cuanto al nuevo Puente Las Vacas, Rafael Díaz, asesor de la Agencia, dice que tendrán que invertir en medidas de ‘mitigación social’ en el área. Eso implica un plan de reasentamiento para las familias afectadas y los planes de orden vial, seguridad, reubicación de escuelas y comunicaciones.
Para el próximo año está previsto que empiecen los estudios sociales y ambientales de MetroRiel, dice el asesor Díaz. Eso significa que harán un censo y un análisis a detalle de la cantidad de personas y familias que tendrán que reubicar. Y en cada caso tendrán que buscar una solución para que deje satisfechas a las dos partes.
– Aquí lo sensible es acercarse a ellos y generar esa confianza de que el tema no implica que se van a ir de un día para otro.
¿Cuál es la garantía de que el proceso sea adecuado? Erick Uribio, gerente de MetroRiel, dice que el financiamiento para el proyecto de metro depende del cumplimiento de estándares internacionales en el abordaje de situaciones sociales, como se plantea en La Jesús. En otras palabras, si no se respeta a las comunidades afectadas, no habrá préstamos internacionales para ejecutar la obra.
La única garantía para las personas que viven en el entorno del puente es la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Giovanni Guzmán, subdirector de Mediación de la PDH, considera que el traslado de los vecinos es necesario, pero es importante que antes se dialogue e informe sobre los planes de reubicación.
La reparación y reforzamiento del puente no es cuestionado por la PDH, pero sí los procedimientos para atender la situación social de los asentamientos.
– Las personas tienen derecho a estar informadas y a decidir sobre sus propias vidas, así que las consultas son necesarias, y por supuesto, cualquier solución tiene que garantizarles condiciones de vida dignas. Esta situación podría ayudarnos a demostrar que el desarrollo puede ser incluyente y que no debe significar un atropello para los derechos humanos.
Harold Mora /
Aunque tarde, señor Javier Estrada por favor responda: ¿Que dirá ud si el puente colapsa y muchas de esas personas mueren? ¿Por que ellos no aceptan desalojar por su seguridad? Su articulo muy bueno pero siempre solo uds son los dueños de la verdad y razón, lastima que no se puede contradecir su trabajo por que ud me insultara y de meritara como hacen muchos de los periodistas humanistas de ahora.
Victoria S. H /
Que se haga un censo para obtener información del lugar de origen de todas estas familias y reubicarlas alli nuevamente...la ciudad capital ya se encuentra totalmente saturada de migrantes de la provincia que "pensaron" que mudandose a la capital iban a solucionar sus problemas y que lejos de hacerlo los agravaron y a terceros incluidos...
Saúl Méndez /
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