Por qué la UVG y la minera lograron detener el juicio por la muerte de los estudiantes

72 meses en busca de justicia. Ese es el tiempo que van a esperar los padres de Nahomy Lara, Ángel de León y Juan Carlos Velásquez, los tres estudiantes de la Universidad del Valle (UVG) que fallecieron el 30 de marzo de 2012, mientras realizaban un recorrido por el canal de Río Dulce en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El juicio iniciaba el 28 de mayo, pero ahora deberán esperar tres meses más.

El caso, que se reanuda el 3 de septiembre, inició hace seis años como una lucha contra la burocracia del sistema judicial. Y también contra las acciones de la Universidad y la CGN, que han obstaculizado el avance del proceso con amparos. Con estas acciones, quieren evitar que se juzgue su responsabilidad en la muertes de los jóvenes.

El único acusado en el juicio penal es el biólogo Lemuel Valle -el último hombre que vio con vida a los jóvenes y quien dirigía el recorrido por el canal donde murieron supuestamente ahogados-. La familia y el Ministerio Público buscan demandar por la vía civil a las dos instituciones involucradas, que han interpuesto varias acciones legales para separarse del proceso.

El lunes 28 de mayo, el juez Jesús Mazariegos, del Tribunal de Puerto Barrios, se vio obligado a  reprogramar el inicio del juicio para el 3 se septiembre. ¿La razón? El debate podría iniciar pero corre el riesgo de que se anule si una corte le da la razón a la universidad y a la mina y, resuelve los amparos a su favor, dejando sin efecto todo lo que haya pasado en el juicio.

Hay más de 600 elementos de prueba, entre testigos y pruebas materiales con los que la Fiscalía busca probar que los jóvenes fueron víctimas no de un accidente en el Río Dulce, sino de un homicidio.

En estos tres meses el Ministerio Público tiene que coordinar el traslado de los testigos a Puerto Barrios, algunos de ellos, amigos de las víctimas en la Universidad, viven en México y Panamá y otros tiene que ser ubicados.

Los padres y madres de los jóvenes no pueden hacer más que esperar. Ya nos violaron lo principal, que fue la vida de nuestros hijos. Si ellos están recurriendo a ese tipo de medidas es porque temen, porque creen que los van a condenar”, opina Carlos de León, padre de Ángel, consultado en Puerto Barrios tras la suspensión del inicio del juicio.

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De León habla de tener mucha paciencia, de ser insistentes en el proceso. Pero sí se siente mucha frustración:

– Lo seguimos haciendo para buscar la verdad, para ver lo que pasó con nuestros hijos, por qué los mataron, qué fue lo que les hicieron.

José E. Quezada, abogado de la universidad, dijo a Nómada en Puerto Barrios que no buscan retrasar el caso, pero que la institución no tiene responsabilidad en el homicidio culposo de los jóvenes. La familia pide que esa responsabilidad se dilucide en el juicio, que lleva años sin iniciar.

La búsqueda de la verdad

Mauricio Velásquez y Edna Marroquín, Brenda Karina Orellana, Carlos de León y Diana Palacios, se conocieron después de la tragedia del 31 de marzo del 2012, hace seis años. Sus hijos estaban desaparecidos en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, en El Estor, Izabal. Unos en carro y uno en avión, recorrieron 300 kilómetros para llegar al lugar a donde sus hijos viajaron para hacer un monitoreo de cocodrilos para su carrera de Biología en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

Horas después, unidades de rescate encontraron sin vida a Nahomy Lara, Ángel de León y Juan Carlos Velásquez. Estaban en diferentes puntos entre la mina y el Río Dulce. Al principio todo parecía un accidente. La versión del único sobreviviente, Lemuel Valle, que dirigía la actividad, dijo que la balsa se volcó en la oscuridad de la noche y que los jóvenes se ahogaron mientras intentaban salir del agua. Sus padres sabían que si eso hubiera ocurrido, los tres tenían las habilidades y la condición física para nadar y salvar su vida. Surgieron dudas por esa y más incoherencias y los papás y mamás presentaron una denuncia para que el Ministerio Público investigara.

Entre las diligencias para averiguar la verdad de lo que pasó esa noche, los fiscales pidieron la exhumación de los jóvenes. Sus padres tuvieron que volver a sus tumbas. Los forenses tomaron los restos para revisar cada esquina de lo que quedaba de su cuerpo, en busca de señales de violencia o detalles que antes de ser enterrados quizás no fueron detectados.

Sus padres volvieron a enterrarlos, dos años después de la primera vez.

Mientras esperaban justicia, el duelo fue en aumento. Viajaron a El Estor, entraron a la mina junto al Ministerio Público, abogados de la Universidad, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, y el profesor Lemuel Valle, el último hombre que vio con vida a sus hijos. Se reconstruyeron los hechos. En la versión del único sobreviviente, los jóvenes mueren; pero en la recreación se evidenció que las posibilidades de que la tragedia fuera originada por un accidente eran escasas, escasísimas.

Este reportaje encontró evidencias de cómo la Universidad del Valle y la Compañía Guatemalteca de Níquel coinciden en algo, en entorpecer el caso y negarse a que se juzgue su responsabilidad en la muerte de los tres jóvenes en un hecho que, según el Ministerio Público en realidad se trató de un homicidio.