Situación de los indígenas en el país: sin cambios y con muchos retos

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. En mayo pasado publicó el documento El Mundo Indígena 2020, cuyo segmento dedicado a Guatemala, se resume a continuación:

De acuerdo con las cifras del Censo de Población 2018, Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones (43.75 por ciento) se autoidentificaron como indígenas de los pueblos Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes.

Los Mayas se componen de 24 grupos, siendo estos: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko.

Los datos del censo y otros estudios especializados, continúan mostrando la profunda desigualdad que existe entre indígenas y no indígenas, sobre todo en materia de salud, educación, empleos e ingresos, siendo mayor la desigualdad cuando se trata de mujeres indígenas.

Esto se debe a profundas desigualdades a causa de problemas estructurales, como la exclusión social, el racismo y el despojo de sus medios de vida, que los coloca en una situación de pobreza y extrema pobreza.
La pobreza afecta al 75 por ciento de indígenas y al 36 por ciento de no indígenas, la desnutrición crónica, al 58 por ciento de indígenas en comparación con el 38 por ciento de no indígenas.

La Constitución Política de la República reconoce la existencia de los pueblos indígenas y la conformación multicultural de la sociedad y el país ha ratificado acuerdos de la Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, tales como: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales.

Sin embargo, en la práctica, prevalece la exclusión, por ejemplo, con los medios de comunicación de cobertura nacional que privilegian el español como idioma oficial, mientras que medios en idiomas indígenas tienen una limitada cobertura local.

Los datos del censo

Los resultados del ceso mencionado, indicaron que el país tiene una población de 14.9 millones, 3.7 millones más que censo realizado en 2002, con un crecimiento interanual de 1.8 por ciento, lo cual es un cambio demográfico importante, ya que en censos anteriores se tenía un crecimiento poblacional cercano al 2.5 por ciento anual.

La población indígena, clasificada por el censo en Mayas (con sus 22 grupos étnicos), Garífunas, Xincas y Afrodescendientes, se encuentra presente en todos los departamentos y municipios del país, obviamente con un énfasis territorial para cada pueblo.

Si el censo de 2002 mostró que la población indígena representaba el 39.26 por ciento del total, el de 2018 indica que constituyen el 43.75 por ciento (6.5 millones), un 4.5 por ciento más, respecto al censo anterior.

Aun así, las organizaciones indígenas manifiestan que no se hicieron suficientes campañas para promover la autoidentificación y la realización misma del censo estuvo influida por los acontecimientos derivados de la crisis política en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad, surgida en 2015 y que prevaleció hasta 2019.

Algunos pueblos indígenas realizaron campañas sobre autoidentificación, lo que permitió una mayor visibilización. Por ejemplo, del censo 2002 al de 2018, los Xinca pasaron de 16 mil 214 a 264 mil 167 habitantes; los Ch’orti’ de 46 mil 833 a 112 mil 432; los Garífuna de 5 mil 40 a 19 mil 529 y los Poqomchi’ de 114 mil 423 a 208 mil 8.

Los demás pueblos tuvieron incrementos cercanos a la tasa de crecimiento del país: Por primera vez se incluyó la categoría de Afrodescendientes o Creoles (27 mil 647 habitantes) y también al pueblo Maya Chalchiteko (33 mil 541 habitantes) reconocido oficialmente como comunidad lingüística en 2003.

También se muestran aspectos controversiales, por ejemplo: los Uspanteko descendieron de 7 mil 494 a 4 mil 909 habitantes, y al analizar con más detalle los datos, se dan casos en donde los indígenas, que en censos anteriores eran más numerosos, ahora prácticamente han desaparecido, lo cual refleja la política de negación e invisibilización que se mantiene en muchas zonas del país.

Por ejemplo, el municipio Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, tuvo una drástica y rápida declinación de su población indígena: de constituir el 81.3 por ciento en 1955, bajó a 22.51 por ciento en 1964, y en 1973 eran 20.2 por ciento; mientras que, en 2018, reportó únicamente 11 habitantes de un total de 28 mil 75.

En síntesis, a pesar del notable aumento del 4.5 por ciento de indígenas en la composición étnica del país, hacen falta muchos esfuerzos para que los censos hagan mejor uso del principio de autoidentificación étnica. Esos datos deben servir para reorientar políticas de desarrollo con pertinencia cultural, en donde se plasmen los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Con frecuencia, los indígenas deben manifestar para hacer valer sus derechos.

Reacción al fin de la CICIG

Durante el 2019, La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Guatemala (CICIG), creada en 2006 por las Naciones Unidas, se vio enfrentada al contra ataque de los denunciados.

En su discurso ante la Asamblea de la Naciones Unidas en 2019, el expresidente Jimmy Morales acusó a la CICIG de no seguir el debido proceso y solicitó el cese de sus funciones, a lo que no accedió el Secretario General de las Naciones Unidas, razón por la cual el presidente Morales decidió no renovar su mandato.

Los pueblos indígenas plantearon diversas denuncias legales y se movilizaron contra el actuar del llamado “Pacto de Corruptos”, haciendo ver que esto significa un gran retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad; además, alertaron que la reinstalación de los poderes fácticos, debilita el sistema de justicia y aumentaba la vulnerabilidad de las organizaciones indígenas frente a los actores que actúan con impunidad en el saqueo de los recursos naturales y la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.

Exclusión en las elecciones generales

También en el 2019, se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir Presidente y Vicepresidente, Diputados al Congreso de la República y Corporaciones Municipales.

Al igual que en procesos anteriores, se demostró la escasa postulación de candidatos indígenas y de mujeres a los cargos de elección: De los 23 binomios presidenciales, solo cuatro tenían candidatos indígenas, destacando el caso de Telma Cabrera, una lideresa indígena Maya Mam, quien logró ocupar la cuarta posición, la más alta lograda hasta ahora por una candidata indígena, y que llegó a tener muchas posibilidades de llegar a disputar la segunda vuelta. Pero la campaña negativa contra ella, afectó sus posibilidades.

En el Congreso de la República se repitió el fenómeno de no haber alcanzado más del 10 por ciento de diputados indígenas, una cifra que contrasta con el 44 por ciento de población indígena de acuerdo al último censo de población.

Además, los diputados indígenas, responden al partido político y no tanto a los ideales de los pueblos indígenas, con lo cual su representación legislativa queda en desventaja. Resolver el problema de la escasa representación indígena y de mujeres en el Legislativo, fue una de las propuestas incluidas en la frustrada Reformas Constitucionales, que no fue aprobada. En cambio, la participación indígena en las Corporaciones Municipales fue mayor, sobre todo en los municipios como mayor porcentaje de población indígena.

Una de las preocupaciones para este segmento de la población, es la conformación del gabinete de seguridad anunciado por el nuevo gobierno, en el cual destacan exmilitares que estuvieron activos durante el conflicto armado que entre 1960 a 1996, que asoló el país provocando miles de muertos y desaparecidos.

A juicio de las organizaciones sociales, esta situación pone en riesgo la continuidad de los juicios contra el genocidio que actualmente se interponen contra exmilitares implicados en masacres contra la población indígena.

Caravanas migrantes

El endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de los Estados Unidos, que incluyen la construcción de un muro en su frontera sur, la restricción en el otorgamiento de visas y la deportación masiva, estuvo dirigido a los países centroamericanos del llamado Triángulo Norte.

Guatemala, Honduras y El Salvador son tres países de los que salen grandes flujos migratorios de personas que buscan escapar de la pobreza, la corrupción e impunidad y la violencia que impera en la región.

Presionados por los Estados Unidos, tanto México, como los tres países mencionados, se comprometieron a reducir sus flujos migratorios, a cambio de no sufrir sanciones económicas, y tuvieron que adherirse al Acuerdo de Tercer País Seguro, por medio del cual deben recibir y albergar a migrantes de cualquier país el mundo, mientras realizan los trámites para la obtención de la visa al país norteamericano.

Para los pueblos indígenas, esto ha representado un duro golpe a su derecho a migrar, principalmente si se considera que la migración se ha constituido en la principal opción para la sobrevivencia familiar, además de que las remesas que generan los migrantes, constituye, desde los últimos diez años, la principal fuente de divisas para estos tres países.

Miles de pobladores abandonan sus comunidades para migrar hacia los Estados Unidos.

Proyectos hidroeléctricos cuestionados

Los proyectos hidroeléctricos que se han instalado sobre territorios indígenas, han sido fuertemente cuestionados por el incumplimiento de las leyes ambientales y por la violación al derecho de consulta a los pueblos afectados, pero siguieron avanzando.

A finales de 2019, el gobierno aprobó el Proyecto Rocjá Pontilá, de la empresa Hidro Energía S.A., en el departamento de Alta Verapaz, sobre territorio Maya Q’eqchi, a pesar de la oposición de entidades gubernamentales y no gubernamentales, que han advertido que este proyecto constituye una seria amenaza tanto al ecosistema del Parque Nacional Laguna de Lachúa, considerado un santuario de diversidad biológica, como a los medios de vida de la población indígena.

Criminalización de los defensores

El informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, presentado al Comité de las Naciones Unidas para la eliminación del Discriminación Racial, con ocasión del examen de país (sesión 98/2019), señaló que no han existido avances significativos en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas.

Por ejemplo, no se ha adoptado ninguna legislación relativa al acceso, respeto, registro ni seguridad de la posesión ancestral de las tierras indígenas; pero en cambio continuaron los desalojos judiciales. Diez iniciativas de ley sobre asuntos indígenas, entre ellas la Ley de Jurisdicción Indígena y la Ley General de Pueblos Indígenas, no lograron avanzar en el Congreso de la República, lo cual evidencia el escaso interés de los legisladores por estos temas, y la discriminación estructural que prevalece en la sociedad guatemalteca.

Dicho informe también señala que el Estado no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, ni su libre determinación, y tampoco garantiza la consulta previa; en cambio, continúa otorgando licencias para industrias extractivas en territorios indígenas y criminaliza a los defensores de derechos humanos.

Durante el año se reportaron numerosos ataques, agresiones y amenazas, contra defensores de derechos humanos y comunidades, con un creciente aumento en asesinatos y encarcelamiento de sus líderes. Un informe señala que tan solo en los primeros seis meses de 2019 se había producido 327 agresiones contra defensores de derechos humanos, incluyendo 12 asesinatos, 18 intentos de asesinato y 61 casos de criminalización.

En vista de todo lo anterior, continúan los retos en diversos ámbitos para los pueblos originarios del país, a la vista de gobernantes, autoridades y sociedad en general.

También se ha ignorado la realización de consultas comunitarias.