Durante una conferencia de prensa, las representantes de diversas organizaciones exigieron que se respete el debido proceso en un caso de vejámenes sexuales, en el que fue acusado un hombre que supuestamente es cuñado de un juez.
Según las denunciantes, desde que inició el proceso legal se pudo notar inconsistencias, manipulación de evidencias, tráfico de influencias y poca voluntad de las instituciones públicas de justicia por respetar la debida diligencia.
A continuación, explicaron que el 22 de septiembre pasado estaba programada una audiencia de anticipo de prueba de la víctima, pero el acusado presentó un examen de COVID-19, lo que le permitió ausentarse de la audiencia y posponer el proceso, lo que fue autorizado por la jueza que lleva el caso. Ello, a pesar de que el resultado de la prueba resultó negativo.
“Expresamos nuestra profunda indignación y repudio ante un sistema de justicia tardío… pues se busca que el caso quede en impunidad, obstruyendo el acceso a una justicia pronta y cumplida y apegada a derecho”, indicaron.
También se expuso que se ha provocado una victimización secundaria al exponer a la agraviada, a quien no solo se le han vulnerado sus derechos humanos al ser víctima de un delito, sino que es objeto de burla y señalamientos por no restituirle sus derechos violentados y dignificarla como persona y mujer ante la sociedad.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana, Unidos contra la Corrupción y varios colectivos de mujeres firmaron el comunicado respectivo, reiterando su rechazo a los actos señalados y exigiendo que se respete el debido proceso para que el caso no quede en la impunidad.
Información del MP
Según el Observatorio de la Mujer, del Ministerio Público (MP), la violencia contra la niñez y personas del género femenino es el delito más denunciado, con 193 acciones diarias. Esto significa que el 31 por ciento de las denuncias que ingresaron, afectaron a estos grupos en condición de vulnerabilidad.
Las estadísticas señalan que en lo que va del año, se han registrado 5 mil 454 víctimas de violación sexual; 735 por otros delitos sexuales; 312 por femicidio o muerte violenta; 60 mil 511 delitos en general contra mujeres y niños; 41 mil 384 agresiones con violencia; y 5 mil 426 casos de maltrato a menores de edad y adolescentes.
A consecuencia de lo anterior, "este año se ha respondido con justicia a 12 mil 454 víctimas", lo que incluye 1 mil 275 órdenes de aprehensión; 585 agresores en prisión preventiva; y 847 que ya purgan condena.
La región del país con mayor incidencia es la central, pues solo en el municipio de Guatemala se reportaron 4 mil 175 delitos de este tipo, para una tasa de 419 víctimas por cada 100 mil habitantes.
#EnDesarrollo | Organizaciones de mujeres explican las razones de la denuncia pública contra el sistema de Justicia por caso de violencia contra la mujer en Chimaltenango.
? Carlos Sebastián pic.twitter.com/1Rez990mNY— nómada (@nomadagt) October 2, 2020
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