Hogar Seguro: la increíble situación de dos jueces que no quieren juzgar al Estado

Tras la suspensión de su audiencia, cinco ex funcionarios están pendientes de si van a juicio por la muerte de 41 niñas a su cargo. Los querellantes piden que el nuevo juez se separe del caso y la institución que protege, también acusa a las menores.

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Carlos Guillemo Guerra Jordan juez Cuarto de Primera Instancia Penal en la audiencia de primera declaracion del Caso Hogar Seguro---1-min (1)

El juez Pedro Laynez marcó en su agenda de audiencias que esta semana iba a dedicar todas las mañanas a conocer el caso Hogar Seguro. Iban a ser cinco días ocupados porque la Fiscalía contra el Femicidio pidió que 5 personas fueran a juicio.

La historia de Laynez es la de un juez que llegó al Juzgado Cuarto como juez suplente. Su antecesor, Carlos Guerra, fue nombrado presidente del Consejo de la Carrera Judicial, un cargo que ganó por sorteó pero que es considerado meteórico en el Organismo Judicial. Ambos son novatos en este tipo de juzgados. Antes estaban asignados en juzgados de Paz. El primer escalón para los abogados que quieren ser jueces.

Los señalados en el caso son Brenda Chamán, que trabajó en el Hogar como jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Marroquín Carrillo y Luis Armando Pérez Borja, subcomisaria y subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC); Gloria Castro, de la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Los cinco tuvieron un papel en la tragedia del 8 de marzo del 2017, en la que 41 niñas murieron calcinadas y 15 sobrevivieron con graves heridas.

Pero el juez Laynez pidió que el Estado fuera considerado víctima del caso. Pese a la insistencia de los abogados, el juzgador rechazó todos los planteamientos para revertir su decisión. Pareció una medida desesperada cuando el abogado Esteban Celada le pidió que se separara del caso por haber opinado y haber puesto en duda su imparcialidad para juzgar a los acusados.

Una PGN que acusa y defiende

La PGN es el equivalente al bufete jurídico del Estado. Es la entidad que tiene a su cargo la consultoría legal para todos órganos estatales y lo representa en todos los juicios, dentro y fuera del país. En la sala de audiencias del caso Hogar Seguro, abundan los abogados del Estado, de la PGN. Están del lado de los acusadores, de los acusados y de las víctimas.

El plan de trabajo del juez Laynez se truncó cuando los representantes de las víctimas se pronunciaron sobre una de las tantas participaciones que tiene la PGN en este proceso.

Los abogados de la PGN se sientan junto a la Fiscalía por una razón. En abril de 2017, cuando el entonces juez del caso, Carlos Guerra ordenó que el primer grupo de funcionarios públicos fuera investigado, también dijo que el Estado era víctima en el caso. ¿Por qué?, porque sus instalaciones fueron dañadas cuando los adolescentes protestaron por los malos tratos que recibían, argumentó el juez.

También se sientan junto a los abogados querellantes de Fundación Sobrevivientes, Fundación Amor, y Mujeres Transformando el Mundo. ¿Por qué? Porque cuatro de las niñas que sobrevivieron fueron declaradas en situación de abandono. No tienen a ningún familiar que pueda velar por ellas. Por lo tanto el Estado, a través de la PGN debe velar por sus intereses y procurar justicia por su caso.

Igualmente, se sientan del lado de los acusados porque el funcionario Harold Flores, todavía jefe de la sección de Niñez de la PGN, está señalado de los delitos de incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo. Flores paga un abogado particular.

Con todas esas representaciones en el proceso penal, los derechos de las niñas corren riesgo de no acceder a una defensa legítima, a un debido proceso, advierte Esteban Celada, abogado de MTM.

—Incluso puede darse un patrocinio infiel, una doble representación por parte de la PGN, cuestiona Celada.

Un Estado responsable

Los querellantes también buscan que el Estado sea tercero civilmente demandado. Es decir, que no sea la PGN quien acuse.  El objetivo es que el Estado responda legalmente por no haber garantizado los derechos humanos de las niñas y niños del Hogar Seguro.

—Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una normativa que contemple qué pasa si el Estado es el violador de ese deber de cuidado [que tiene la PGN], abunda Celada, abogado de MTM.

En la audiencia, los querellantes también le alegaron al juez que revisara su decisión de considerar al Estado víctima. Según ellos,  las cuatro niñas que no tienen familiares, que son representadas por abogados de la PGN, no tienen garantizado que haya alguien independiente e imparcial que defienda sus derechos en el proceso penal.

La Sala Cuarta de Apelaciones decidirá si Laynez queda a cargo del caso. Mientras tanto las audiencias se suspenden, al menos durante tres meses.

La audiencia, que fue suspendida por el juez, era para un segundo grupo de acusados. En el primer grupo, la PGN fue enviada a juicio como víctima con esos mismos argumentos. Y tiene la misma cantidad de participaciones en el caso.

Jody García
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Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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