La Corte analizará si frena prohibición de hablar sobre aborto

La segunda semana de diciembre era todo algarabía para las organizaciones ultra-conservadoras del país y preocupación para las que luchan por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. El 22 de junio de 2017, la Asociación La Familia Importa (AFI) había presentado un recurso legal de amparo para protestar contra la distribución del “Manual de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes” de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). AFI reclamaba que era “una amenaza al derecho a la vida, salud, protección de la persona e integridad física”.

El recurso lo presentó ante la Corte Suprema de Justicia en vez de hacerlo ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema, cuestionada durante 2016 y 2017 por sus fallos para defender a políticos acusados de corruptos, resolvió después de seis meses con 9 titulares y 4 suplentes. La Corte Suprema le dio la razón a AFI.

9 de los 13 magistrados de la Corte Suprema, en una foto de archivo.

Cuando el fallo se hizo público, la organización Mujeres Transformando al Mundo (MTM), la diputada Sandra Morán de la bancada Convergencia y la asociación Humanistas Guatemala, presentaron tres recursos de apelación ante el único tribunal superior a la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad.

MTM tiene una trayectoria de trabajo contra la violencia contra las mujeres, Humanistas por la defensa de la laicidad del Estado y la diputada Morán es una diputada feminista que lucha contra la violencia contra las mujeres. La Corte de Constitucionalidad les ha respondido, de momento, que su protesta legal merece al menos un análisis.

El manual, ¿de dónde viene? ¿Qué dice?

El manual aprobado e impreso en 2015 es una herramienta para que los educadores de la PDH pudieran hablar de manera completa y uniforme sobre Derechos Humanos, sexuales y reproductivos y atención a embarazos en niñas y adolescentes. El responsable de su elaboración, el anterior procurador Jorge de León Duque, explica su origen:

– Todo nace a raíz de los casos que nos impactaron a todos los del equipo durante mi administración. Nunca voy a olvidar el caso de una niña de 14 que ya tenía 2 hijos. Uno era de su papá y el otro era de su abuelo. 14 años. Los dos niños eran producto de las violaciones de sus parientes. La realidad nos demostró que hace falta educación integral sobre el tema de la sexualidad, y que no se puede dejar el trabajo (de educación sexual) a los padres, que en muchos casos son los mismos agresores.

Jorge De León Duque, Procurador de Derechos Humanos 2011-2016.

El problema de la violencia sexual doméstica es tan grave en Guatemala que la nueva ley que crea el Registro de Agresores Sexuales (Renas) en el Ministerio Público incluye que si se demuestra que un familiar está involucrado en una violación, se le quitará la patria potestad sobre el menor o la menor.

El mandato de la PDH incluye educar a los ciudadanos en cuáles son sus derechos. Con esta base, la PDH buscó financiamiento de la cooperación internacional para hacer giras e informes para conocer la situación del país y trabajar en función del contexto. Se hizo un manual y tanto los educadores como los defensores de Derechos Humanos de la institución lo utilizarían el manual para poder abordar casos relacionados al tema y para educar a la población.

El costo del manual, entre investigación, redacción y publicación fue de $12,000 (Q87,000), que fue pagado por Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La herramienta está compuesta por 4 unidades. Un apartado de un subtítulo en la cuarta unidad está dedicado al tema del aborto y las condiciones en las que se encuentra Guatemala. El contenido es fáctico, basado en hechos y en estadísticas que calculan en más de 65 mil los abortos clandestinos que se hacen en Guatemala cada año. Explica que el uso del término ‘aborto’ se hace desde el ámbito médico biológico y tratados internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos. Expone que en tratados internacionales y en otros se considera un derecho y que las leyes que lo prohiben en Guatemala. Y, en la mayoría de los casos, la palabra ‘aborto’ va seguida de la frase ‘en condiciones de riesgo’.

En Guatemala, el aborto sólo es legal cuando la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo. En Costa Rica, Estados Unidos, Chile y partes de México, la ley lo permite cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el feto tiene incompatibilidad con la vida (problemas cerebrales o del corazón, por ejemplo) o cuando es producto de una violación. En la Ciudad de México, las mujeres pueden interrumpir los embarazos hasta el tercer mes de gestación, antes de que el feto sienta dolor según la asociación de ginecólogos y obstetras de Gran Bretaña o el equivalente del Colegio de Médicos de Estados Unidos.

De 132 páginas que tiene el manual, la palabra aborto aparece 21 veces en todo el contenido.

Así inicia el apartado sobre aborto en condiciones de riesgo:

“El aborto, desde el ámbito médico-biológico, consiste en interrumpir el proceso de crecimiento del embrión y extraerlo del cuerpo de la mujer, cancelando la continuidad del embarazo. Generalmente, las mujeres que acuden a este proceso lo hacen como consecuencia de un embarazo no deseado o bien porque el embarazo se encuentra en un ambiente de alto riesgo para la salud y la vida de la madre o del feto”.

AFI, y la Corte Suprema, sostienen que el manual una promoción del aborto. El anterior procurador, Jorge De León, las dos organizaciones y la diputada argumentan que es informativo sobre hechos fácticos. La CC lo va a analizar.

El actual PDH no defiende ni critica el manual

La resolución del amparo en contra de la PDH llegó cuando Jorge de León ya no era Procurador. El actual procurador, Jordán Rodas tuvo que hacerse cargo, muy a su pesar, y solicitó una ampliación y explicación del caso a la Corte Suprema. El día después de que se conociera la resolución de la CSJ, al final de la tarde, Nómada logró entrevistar a un cansado y disperso procurador Rodas. No quiso responder muchas preguntas, bajo el alegato de que no se realizó en su período y se mostró esquivo a responder sobre su postura con relación al tema del aborto.

– Es parte de mi estrategia dar a conocer mi postura respecto al aborto esperar el momento político correcto, para poder trabajar. Con respecto al manual, desarrollado en la gestión anterior, vamos a revisarlo, pero respetando la resolución de la Corte Suprema. No me he comunicado con el anterior Procurador porque este es mi período; el suyo terminó y ahora me toca a mí.

Jordán Rodas Andrade, actual Procurador de los Derechos Humanos.

El procurador Jordán Rodas, quien ha ganado capital político por sus acciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad, no anticipó si defendería o cuestionaría el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho de la institución que dirige a hablar sobre el aborto.

El anterior procurador Jorge de León defiende el manual hecho durante su gestión.

– El manual tiene el propósito de educar en sexualidad de forma integral, sobre el cuidado del cuerpo y los derechos humanos relacionados al tema. Yo revisé la versión final de ese producto, y no me parece que haga nada de lo que AFI nos acusa. Personalmente no estoy a favor del aborto ni de la pena de muerte; no es sorpresa porque nunca lo he estado. Y a mí no me parece que ese texto promueva el aborto o amenace la vida. Es simplemente una herramienta fundamentada en hechos que permite, desde la institución, educar a la población de mejor manera.

El MP no cuestionó el manual (y la posición de Thelma Aldana sobre el tema)

El Ministerio Público, consultado sobre el tema por la Corte Suprema el año pasado, tampoco consideró que el documento promoviera el aborto o amenazara la vida. De hecho, la fiscal general, Thelma Aldana, dijo en una entrevista en marzo de 2017 al medio El Faro, de El Salvador, que consideraba que era inhumana la situación de niñas violadas obligadas a seguir con los embarazos.

– Hace unas semanas vimos lo del "barco del aborto". ¿La ciudadanía en de nuestros países está preparada para un debate serio sobre lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, un aborto seguro?
– Guatemala tiene una cultura patriarcal, a partir de ahí podemos ir sacando conclusiones. La violencia contra la mujer es natural: "la mujer se lo buscó", "si está embarazada es culpa de ella", "que tenga el hijo, mira qué hace", y si es violada, se le obliga a tener al hijo, luego es olvidada por el Estado y despreciada por su familia y su comunidad, esa es la realidad de la mujer guatemalteca. Desde luego, en ese ambiente no se puede ni siquiera hablar de que una mujer que ha sido violada no debería seguir con el embarazo. En todo caso, pues habrá que respetar la ley guatemalteca que penaliza el aborto.

– ¿No está favor de ciertas causales por las cuales podrían practicarse abortos?
– Claro, yo estoy en contra de que una niña que ha sido violada sea obligada a la maternidad, me parece inhumano, me parece aberrante, y peor aun la indiferencia del Estado ante la realidad de estas niñas.

– ¿Cómo califica la actitud del Estado con el "barco del aborto" el cual fue expulsado por órdenes migratorias?
– Es que también para nuestra cultura que llegue un barco y que diga: "¡Vengan, hagan aborto!" No, no... no puede funcionar así, nuestra cultura no es para eso. Quizás en otros países, quizás en Europa o en la luna, o en cualquier otro lugar pero que a Guatemala, El Salvador, Honduras llegue el barco, noooo, no puede funcionar y nos oponemos todos. 

– ¿Le pareció excesivo?
– Claro, a mí me pareció absolutamente fuera de lugar. Y qué sé yo si llegaban 15 jóvenes y se las llevaban, o cualquier riesgo, podían morir, y creo que es incorrecto.

– Pero contra leyes extremas quizás lo que queda son acciones extremas.
– No, yo creo más en la prevención. Creo que la educación, la prevención es un mecanismo importante que en Guatemala no se trabaje adecuadamente.

¿Qué es lo que sigue?

Ante la resolución de la Corte Suprema, que ampara a AFI y prohíbe la distribución del manual, y que la Corte de Constitucionalidad aceptara conocer las apelaciones presentadas por las dos organizaciones y la diputada, no se sabe todavía el camino que pueda seguir el texto. Existe la posibilidad de crear otro manual, pero, a los ojos de Jorge de León y algunos defensores de Derechos Humanos, eso solo sería un gasto innecesario y un riesgo para las instituciones públicas, pues sentaría un precedente que prohíbe hablar sobre el aborto desde ángulos fácticos.

La palabra la tendrá la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

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