Con la iniciativa de ley de ‘Creación del procedimiento alternativo de sanción para delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas’, nueve diputados pretenden que la condena en este tipo de casos se reduzca una tercera parte. Actualmente los años de cárcel por delitos sexuales son de 5 años como mínimo y 30 como máximo. La iniciativa contempla que si el agresor confiesa, sea condenado a 3.5 años de prisión, es decir, una tercera parte menos de la sentencia mínima.
Según datos estadísticos del Ministerio Público, solo en enero del 2018, 867 personas denunciaron violencia y explotación sexual. 28 personas cada día. Más que las 20 denuncias diarias del año pasado, que sumaron 7.403 en 2017. Además, la Fiscalía investiga 1.488 embarazos en niñas menores de 14 años. Si el Congreso aprueba esta ley, los agresores de esos casos serían beneficiados con penas de cárcel reducidas si confiesan su crimen.
Actualmente las penas se aumentan por la gravedad del caso; si las violaciones o agresiones sucedieron en forma recurrente y por la edad de la persona agraviada. Esta iniciativa sigue tomando en cuenta estos agravantes y se sumarían a la condena mímina si el juez lo considera necesario.
Los responsables y su argumento
Esta iniciativa tiene más posibilidades de éxito porque está firmada en su dictamen por diputados opositores como de la alianza del Pacto de Corruptos. Fue propuesta por Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, junto a sus compañeros Nineth Montenegro y Dorian Taracena. Pero en el dictamen fue avalada por Alejandra Carrillo (MR), Delia Bac (AC), Carlos Martínez, Leonardo Camey (ex Líder), Oliverio García Rodas (independiente), Javier Hernández (FCN) y Carlos López (Todos), de la Comisión de Reformas al Sector Justicia.
Según Lira, apoyan reformar la ley las bancadas FCN, Todos, UNE y Movimiento Reformador.
El argumento de los diputados es que con esta nueva ley que cambia los procedimientos judiciales en los casos por violencia sexual, se reduciría la cantidad de expedientes que llevan años en los tribunales sin llegar juicio.
De acuerdo con el dictamen favorable, el argumento va así: Si el violador o agresor sexual se declara culpable desde el inicio, esto aceleraría el caso y lo enviaría directamente a juicio, pues con su confesión reduce el tiempo de la investigación. Y si el tratante (traficante) de personas, explotador sexual y violador declara, se evita la etapa del juicio y el juez lo puede condenar de inmediato si declara su culpabilidad.
Habría cuatro excepciones en la nueva ley. Reincidentes y habituales, cuando la víctima resulte embarazada, cuando fallezca como consecuencia del delito, o cuando el móvil sea lucro. En estos casos no podrán ser condenados a penas inferiores al mínimo de 5 años de cárcel.
Según los diputados, el proceso actual dura tanto que “causa un efecto grave en la vida de la víctima, pues no solo se encuentra traumatizada por el delito que sufrió́, sino que debe esperar años para obtener una resolución que la desvincule del sistema de justicia”.
Los diputados pretenden cambiar la ley para darles a los agresores “un incentivo” que “los invite a participar” en un procedimiento más rápido, que los beneficia con menos años de cárcel a cambio de reducir la impunidad por los casos que no llegan a condenas.
“Es necesario para que funcione el procedimiento que el sindicado vea una ventaja de optar por esta vía frente a esperar y hacer esperar a la víctima a obtener una sentencia en un debate oral y público en un procedimiento común”, dice el dictamen favorable de la iniciativa.
Hasta ahora, el MP debe llevar todos los casos de violencia sexual a investigación y debate porque es un delito de acción pública. La iniciativa de ley también llama al MP a que lleve a los juzgados “solo casos que puede sostener en un debate”, porque consideran que si presentan casos “débiles” no están incumpliendo con su deber; sin embargo, no queda claro a qué se refieren con casos débiles cuando se trata de una agresión o violación sexual.
El argumento del ponente, el diputado Lira
– ¿Por qué para reducir el tiempo que duran los procesos penales en delitos sexuales es necesario darle un incentivo al agresor y no a la víctima?
– Es que el incentivo para la víctima es que va a comenzar en un proceso más pronto toda su terapia, sanación y recuperación.
Negó que los violadores reciban un beneficio, aunque luego dijo que el beneficio para ellos es recibir una condena más rápida. La víctima no tendría que declarar más que una vez, agregó.
– Si una víctima denuncia y el violador confeso recibe una condena menor, ¿no es un desincentivo para denunciar?
– A ver, podemos proponer una ley que diga que por violación sean 50 años de una vez; el problema es qué pasa cuando la defensa empieza a interponer recursos y a entorpecer el proceso y llega un punto en el que la propia víctima desiste porque está cansada, porque ya se cansó, porque tiene miedo, porque está amenazada, por muchas cosas. Eso sucede porque los procesos son muy largos.
– ¿Se puede sustentar la propuesta sin que el agresor tenga un incentivo, es decir que los procedimientos sean más rápidos sin incentivos para el violador? ¿Alguna vez se pensó así?
– Tiene que haber también algo que al agresor le haga confesar. En las sociedades como la nuestra el estigma de una violación es para la víctima, no para el agresor (…) cuando el violador acepta la culpabilidad, la víctima se siente dignificada. Para que le demos a la víctima ese primer impulso se necesita darle algo al agresor para que acepte.
La iniciativa cuenta con una campaña onerosa de apoyo en radio y en internet, apócrifa. En redes sociales la cuenta @JusticiaPronta, creada en octubre del 2017, que impulsa una campaña para que se apruebe la ley bajo el argumento de “proteger a la niñez y adolescencia de la violencia sexual”.
Quien está detrás, explicó el diputado Lira, es la Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), una organización poco conocida en el debate nacional. Ivania Ayala, IJM, confirmó que impulsan la campaña para la aprobación de la iniciativa y que lo hacen con fondos de entidades donantes internacionales, sin especificar cuáles. Dijo que utilizan el nombre Justicia Pronta para aglutinar a las entidades que están a favor de la ley.
Juan Manuel Aquino, abogado de IJM, agregó que participaron en la elaboración de la iniciativa 5385 y citó que existen 79 mil casos por delitos sexuales y que el 48% de las víctimas llevan más de 5 años esperando justicia.
– Decir que hay un beneficio para el agresor es una afirmación exagerada porque la iniciativa establece sentencias prontas y condenas altas. (…) Estas opciones buscan acelerar el proceso buscando una sentencia más pronta el sistema jurídico reconoce la necesidad de establecer mecanismos que incentiven, pero no son beneficios.
Posiciones en contra
La semana pasada, tres organizaciones que sí son reconocidas en el debate público por su trabajo contra la violencia sexual se pronunciaron en contra. Mujeres Transformando el Mundo, Asociación Alianza y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de la iniciativa de ley porque consideran que beneficia al agresor y desprotege a la víctima, pues se justificarán las violaciones sexuales para obtener un beneficio. Además, consideran que representa un retroceso en la protección de las mujeres y niñas víctimas del violencia sexual.
– Aprobar la iniciativa significaría retroceder en la protección de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y trata de personas, expresa Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo.
En un comunicado de prensa, Fundación Sobrevivientes dijo que conocía la iniciativa, pero no aprobó ni rechazó el contenido de la misma, y llamó a los sectores sociales que trabajan con mujeres, trata de personas y niñez y adolescencia para que la lean y la discutan antes de que sea aprobada en el Congreso.
Aprobar una ley que haga que las víctimas tengan que declarar una sola vez en el proceso o no tengan que encarar a sus agresores, o reformar la ley de amparos para que las defensas de los acusados no entrampen los procesos con litigios maliciosos no ha sido discutido por los diputados. De momento, su única alternativa es reducir las condenas a los violadores que confiesen.
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