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Aborto en Colombia: más allá de las leyes

Colombia celebra 13 años de aborto legal, luego de que una demanda de inconstitucionalidad lo despenalizara en 3 causales, pero aún persisten las barreras en la implementación. Conocer las historias de los obstáculos que enfrentan las mujeres nos permite hacer la veeduría que como sociedad necesitamos para garantizar el acceso a un servicio que puede hacer la diferencia en la vida de las mujeres y de sus familias.

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Foto: Diana Rey // SEMANA

Una mujer solicitó un aborto legal pero en el hospital usaron sus antecedentes de salud mental como excusa para decir que no estaba en capacidad de tomar esa decisión y, en contra de su voluntad, fue internada en una clínica psquiátrica para evitar que abortara.

Historias como esta cobran importancia hoy cuando se cumplen 13 años desde que las mujeres colombianas dimos un paso enorme al lograr un acceso legal y seguro al aborto en tres circunstancias. Fue una decisión histórica que se produjo gracias a una lucha de tiempo atrás del movimiento de mujeres y a la Corte Constitucional que protegió la vida y la salud de las mujeres colombianas, especialmente de las más pobres. Esta decisión también abrió el camino para el movimiento social en América Latina que con el impulso de la Corte colombiana “recargó baterías” para avanzar nuevos caminos legales y judiciales y centró la discusión del aborto como una cuestión de salud, derechos humanos y justicia social.

Aunque no podemos negar los avances, tampoco podemos afirmar que las leyes sean suficientes. Las niñas y las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a un aborto legal y seguro, incluso cuando en sus países está permitido. Esta situación las sigue empujando a acudir a lugares clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida.

Hay mujeres con embarazos deseados que durante el proceso de gestación han descubierto que el feto presenta alguna incompatibilidad que hace que su vida sea inviable por fuera del útero, pero no han respetado su decisión ni les han prestado este servicio de salud. Hay otras a las que se les ha ocutado el estado de saud del feto. También hay niñas y mujeres violadas que aunque han expresado su deseo de interrumpir el embarazo, han sido sometidas a llevar a término sus embarazos.

A estas historias hay que sumarle que en América Latina estamos frente a un reto con la emergencia humanitaria que vive Venezuela y la migración que está llegando a nuestros países, un fenómeno en el que las mujeres enfrentan situaciones particulares. Por ejemplo, las mujeres venezolanas que van en busca de oportunidades a otros países y de servicios de salud sexual y reproductiva, son víctimas de violación en los pasos fronterizos y, al menos en Colombia, pueden optar por abortar, pero no se les está dando la información necesaria para que puedan tomar una decisión y, en algunos casos, se les dice que en Colombia el aborto está totalmente penalizado

Estas situaciones que han vivido mujeres en países como Argentina, Chile y Colombia, demuestran que aún son muchísimos los obstáculos que enfrentamos, incluso con legislaciones que permiten el aborto en algunas circunstancias. En Colombia, la Corte Constitucional lo ha entendido y en su última decisión ordenó no solo eliminar las barreras que enfrentan las mujeres que solicitan un aborto legal, también le dijo a las autoridades que deben imponer sanciones a quienes no cumplan con las reglas que durante 13 años han sido establecidas para la prestación del servicio.

Sin duda es importante que exijamos que los estados actúen, pues esa es su obligación, pero también debemos ir más allá de las leyes. Conocer las historias de los obstáculos que enfrentan las mujeres nos permite hacer la veeduría que como sociedad necesitamos para garantizar el acceso a un servicio que puede hacer la diferencia en la vida de las mujeres y de sus familias. Cada vez son más los movimientos liderados por mujeres jóvenes dispuestas a informar, debatir y desmitificar el aborto. Eso hay que celebrarlo e impulsarlo. Hagamos que la Marea Verde que comenzó en Argentina se extienda por toda la región, no solo para ampliar las causales sino también para que se garantice la prestación del servicio de manera legal, oportuna y libre de prejuicios sobre las mujeres.

Ana Margarita González
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Antes de unirse a Women’s Link, en Colombia, como abogada de stafff, se desempeñaba como especialista senior del Programa Inclusión para la Paz (IPA) de la Organización Internacional para las Migraciones. Ana ha sido becaria legal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigadora del área antidiscriminación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-, donde trabajó en temas relacionados con políticas para la igualdad racial y derechos colectivos de pueblos afrodescendientes. Igualmente, fue abogada de la Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo de Colombia.


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    en perspectiva /

    20/05/2019 1:25 PM

    que tanto disminuyeron o aumentaron las violaciones en colombia a raíz de la despenalización del aborto??

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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