Breve cronología de los hechos: el 3 de agosto, una joven de 17 años es subida a la fuerza a una patrulla y violada por 4 policías de la Ciudad de México, dos cuadras antes de llegar a su casa. Se abre una carpeta de investigación por los hechos, pero los datos de la joven se hacen públicos, mientras tanto, los policías permanecen en sus puestos de trabajo.
Ante esto, se organiza una manifestación afuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mientras el titular de esta última dependencia es entrevistado y refiere que “ve un clima muy radicalizado” (refiriéndose a la movilización), es rociado con brillantina morada. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificará la protesta como una “provocación”.
El viernes 16 de agosto, en diversas ciudades del país, mujeres salen a las calles a manifestarse en una “brillanteada”. La noticia de destrozos en la capital del país a instalaciones del transporte público, una estación policial y pintas a monumentos como la Victoria Alada es ampliamente difundida en medios.
Como bien hemos visto estos días, no tardaron en salir las voces de la corrección a querer llamar la atención sobre como estas “no eran las formas”. Sí, las están matando. Las violan, les quiebran la cabeza con piedras y las van a aventar al pie de la carretera o echan los pedazos de sus cuerpos en algún canal de aguas negras. Ninguna está a salvo: ni las niñas, ni las jóvenes, ni las adultas mayores. Pero no, señoritas, estas no eran maneras de inconformarse ante el funesto panorama que tienen enfrente.
Como parece que para una parte de la población el problema no lo es tanto, vale la pena una pincelada acerca del contexto de violencia estructural y sistemática en el que las niñas y mujeres mexicanas (sobre) vivimos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), el 66.1% de mujeres mayores de 15 años hemos sufrido mínimo un incidente de violencia física, sexual o emocional a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, es alarmante mirar los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) relativos al número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, que aumentan año con año: en 2016, se registraron 92, 604; en 2017, 106,765; en 2018, 172,210 y, tan sólo de enero a junio de este año, se han contabilizado 89,926 llamadas de auxilio (Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, p. 76). Además, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales en México, nueve de cada diez víctimas son mujeres; cuatro de cada diez de ellas son menores de 15 años, según cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Por su parte, Amnistía Internacional afirma que México ostenta el deshonroso título de líder en número de feminicidios en la región, tan solo en los dos primeros meses de 2019,568 mujeres fueron asesinadas: cada dos horas y media, una víctima más: “si por cada mujer asesinada, el Estado hiciera un depósito en una alcancía, tendría que estar haciéndolo cada dos horas y media”, en palabras de Marcela Villalobos, Presidenta de Amnistía Internacional México (comunicado de prensa: “La violencia de género en México debe ubicarse en el centro de la discusión y de las políticas públicas”, 8 de abril de 2019). Todo esto sucede en un contexto (y se alimenta de) una rampante impunidad.
A quienes nos atraviesa 24/7 el miedo de ser asesinadas por el sólo hecho de existir, las cifras anteriores están de más, porque conocemos bien el sentimiento de planificar a detalle, cada día, la vestimenta, los zapatos (que permitan movilidad, en caso de necesitar correr), los horarios, los rumbos, los medios de transporte. Salir cada día de casa y saber que regresar a salvo es una moneda echada al aire, saber bien que la posibilidad de ser las siguientes está a la vuelta de cada esquina. Imaginar el dolor de nuestra familia ante nuestra ausencia. Y asimilar esa idea. El hecho de ser mujer en México se ha convertido, en sí mismo, en un acto de resistencia. Ha requerido que, aún ante el macabro panorama, aprendamos a hacernos un necesario espacio para reír, para bailar, para cuidarnos unas a otras y tratar de cerrarle el paso al miedo para que no tome las riendas de nuestra vida. Nadie tendría que verse obligada a pagar un precio tan alto por intentar vivir en libertad.
Como a menudo pasa con las mujeres (y más si son jóvenes), se nos trató de explicar y de aleccionar acerca de que estas no eran las formas. No estoy de acuerdo.
Suscribo las ideas de Daniel Vázquez con respecto a que la ciudadanía puede y debe participar no solo a través de las vías institucionales, sino incluso a través del repertorio de acciones colectivas (repertorios modulares de acción, les llama Sidney Tarrow), que pueden estar colocadas unas veces dentro de lo legal, otras afuera de la legalidad, pero siempre dentro de la desobediencia civil.(1) El principal recurso político que tiene un movimiento social son estas acciones colectivas de desafío que sirven para atraer la mirada pública a una situación que ha sido ignorada por la sociedad y por el gobierno.(2)
De acuerdo a Tarrow, estas acciones son poderosas en la medida en la que el desafío a la autoridad implica la amenaza de unos costos desconocidos, estalla en formas que pueden llegar a ser ingobernables, y en la posibilidad de que más personas puedan irse adhiriendo a las mismas.(3)
Como bien se ha dicho estos días en las redes sociales, muchas de las asistentes a las manifestaciones nos dedicamos a diversas actividades de defensa y promoción de derechos de las mujeres: hay quienes litigan, hay quienes acompañan al ministerio público a mujeres víctimas de violencia; algunas integran colectivas y hacen activismo de calle. Unas realizan interlocución con autoridades, otras realizan investigación; hay quienes llevan mensajes de protesta por medio de su música o por medio del baile. De acuerdo a CIMAC, entre el 2007 y el 2017 se realizaron 124 movilizaciones feministas en la Ciudad de México. Es decir: hemos exigido dentro de “las formas” por años y bajo las más variadas maneras.
También son varias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por la situación de violencia estructural hacia las mujeres y por la violencia sexual ejercida por fuerzas militares y policiales. Desde hace años, órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos como el Comité CEDAW y el Comité de Derechos Humanos han señalado la persistencia de la situación.
Así que, ante la sordera del Estado frente a nuestras demandas, ante la indolencia y la impunidad que acompaña la violencia ejercida contra las mujeres, hubo que apostar por una escalada disruptiva en las acciones para hacernos escuchar. Dada la situación, difícilmente la digna rabia femenina hubiera podido manifestarse de manera atemperada.
Al cierre de la redacción de esta nota, primeras planas de diarios de diversos países dedicaron su espacio a la protesta; “ahora que sí nos ven”, la gobernadora de la Ciudad de México emitió una disculpa pública por haber calificado la protesta como una provocación, aseguró que no abrirá carpetas de investigación contra las manifestantes y se reunió con varias feministas (el método de elección de las compañeras y su diversidad puede discutirse, pero no es objetivo del texto) para empezar a delinear rumbos iniciales de acción. Esto está lejos de significar que podemos cantar victoria: entre otras cosas, toca estar muy alertas de que esto no se trate de meras concesiones tácticas con el fin de ir administrando la protesta.
De cualquier manera, el viernes 16 fue histórico: ver a las más jóvenes tomando el espacio público, conscientes de que no están solas, es esperanzador. Las mujeres nos reconocimos una vez más en las calles como aliadas, como manada, y sabemos que definitivamente no permitiremos una agresión más sin respuesta, porque #AMíMeCuidanMisAmigas.
(1) Vázquez, Daniel, “Democracia liberal procedimental y movimientos sociales. Temas pendientes en la democracia mexicana luego del conflicto en Oaxaca”, en Julio Aibar y Daniel Vázquez, Política y sociedad en México. Entre el desencuentro y la ruptura, FLACSO, México, 2008, p. 269.
(2) Aguirre, Santiago, “Mecanismos de exigibilidad extrainstitucionales”, en Serrano, Sandra, et.al, Mecanismos de Exigibilidad. Serie de Guías de Estudio de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, FLACSO, México, 2017, p. 46.
(3) Vázquez, Daniel, op. cit., p. 272.
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