Después de 2 años y 8 meses termina el primer juicio contra quienes habrían matado a la líder ecologista, sin embargo, queda pendiente que se investigue a los autores intelectuales. La sentencia se emitirá mañana jueves en la Sala I del Tribunal de Tegucigalpa.
Tres balazos acabaron con la vida de Berta Cáceres la noche del 2 de marzo de 2016. Para el amanecer del día siguiente comenzó la búsqueda de justicia por parte de su familia, amigos y activistas.
Berta Cáceres, ambientalista y defensora del territorio, fue asesinada en su casa ubicada en La Esperanza —a casi 200 kilómetros de la capital Tegucigalpa—. El único testigo del crimen fue Gustavo Castro, un reconocido defensor de derechos humanos mexicano, que estaba en la vivienda con la ecologista y sobrevivió al ataque de los sicarios que cumplían con una orden para acabar con sus vidas.
Berta Cáceres, era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y defensora de derechos humanos, lideraba la resistencia en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. La hipótesis de los abogados de la familia apunta a que la mataron por su oposición a ese proyecto, concesionado a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en la comunidad indígena lenca de Río Blanco. La ecologista se oponía a las violaciones de derechos humanos y las afectaciones al medioambiente derivadas de la imposición de este proyecto.
Desde Estados Unidos hasta Venezuela manifestaron su indignación por el asesinato de Berta Cáceres. Y la justicia hondureña se puso en marcha hasta el 19 de octubre de 2018, cuando inició el primer juicio oral y público en contra de los imputados por la autoría material en el asesinato. Pero el proceso ha estado lleno de obstáculos y anomalías.
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Estas son las claves para entender el caso:
1. Las personas juzgadas
Ocho personas están relacionadas con la autoría material del crimen y vinculadas a la empresa DESA, al ejército nacional de Honduras, a grupos de sicariato y a empresas de seguridad privada.
- Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA.
- Mariano Díaz Chávez, mayor activo del ejército de Honduras —al momento de su captura—, entrenador de la Policía Militar del Orden Público, vinculado a grupos de sicariato.
- Douglas Bustillo, teniente retirado del ejército de Honduras y ex jefe de seguridad de la empresa DESA.
- Henry Hernández, exmiembro del ejército nacional y trabajador de empresas de seguridad.
- Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres y Edilson Duarte Mesa, supuestos miembros de grupos de sicariato.
- Emerson Duarte Mesa, hermano de Edilson Duarte Mesa, detenido sin ninguna prueba de vinculación al crimen.
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2. Sobre los autores intelectuales
Después de 2 años de múltiples denuncias por parte del COPINH y la familia de Berta Cáceres hacia los directivos de la empresa DESA y la publicación de un informe revelador por parte del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), el 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de uno de los miembros de la junta directiva de la empresa, el gerente general, David Castillo.
El empresario no está siendo juzgado en este proceso, pero se encuentra privado de libertad. El Ministerio Público tiene en su poder prueba que identifica a otros autores intelectuales; sin embargo, no ha presentado ninguna acusación sobre ellos.
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3. Las anomalías e ilegalidades
La familia de Berta Cáceres y activistas han denunciado irregularidades y violaciones desde el inicio del proceso.
Las principales dudas tienen que ver con que el Ministerio Público ha negado al COPINH y a la familia el acceso a información sobre pruebas en su poder en más de 35 ocasiones, a pesar de que los jueces ordenaron que se entregue. Además, desde el 2016, el Ministerio Público decomisó pruebas clave como teléfonos, tabletas, computadoras, y en agosto de 2018 —a un mes de iniciar el primer juicio— se reconoció que no había analizado la mayoría de ellos.
Además, el Tribunal rechazó que se considere al COPINH como víctima del caso y limitó la publicidad del proceso, pues negó a Cáceres la autorización para que las audiencias fueran transmitidas públicamente. Además, la defensa aportó pruebas que exponían el funcionamiento de la estructura de poder que ordenó el asesinato de Berta Cáceres, así como los ataques, actos de hostigamiento y amenazas en contra del COPINH que iniciaron años antes del asesinato. Esta prueba no fue admitida.
Los abogados de la familia Cáceres insisten en que la empresa creó una estructura para destruir al COPINH y para asesinar a Berta Cáceres. En teoría, estas actuaciones implicarían la aplicación del tipo penal de asociación ilícita, pero las autoridades judiciales no admitieron esa imputación.
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4. Lo que se espera en el caso
La sentencia del caso está programada para mañana 29 de noviembre. Pero la familia, amigos y activistas temen que, aunque haya condena, no se haga justicia para los autores materiales.
El COPINH exigió que se rectifiquen las actuaciones de las autoridades hondureñas para garantizar que estas cumplan con el debido proceso; y que se garantice justicia integral
para su causa a través del juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del crimen.
Según el Consejo, se debe demostrar la responsabilidad de la empresa y el Estado para asesinar a Berta Cáceres y atacar sistemáticamente al COPINH.
Está por definirse uno de los casos más emblemáticos en el vecino país, en unos tribunales donde el 90 por ciento de los casos quedan en la impunidad.
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