Tuvieron que pasar 532 días desde el incendio para que el Estado respondiera a las necesidades de las menores de edad que sobrevivieron a la tragedia. Y conseguirlo no fue una tarea fácil.
El Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se resistió a aumentar la asistencia que entregó a solo 2 de las víctimas. Y el Congreso lo hizo a paso lento, hasta que por fin 88 diputados, de 158, votaron a favor de la Ley que declara el 8 de marzo como el Día de Nacional de la Tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción y les concede una pensión vitalicia a las sobrevivientes.
Después de que el presidente Jimmy Morales promulgue la ley, las 15 adolescentes recibirán una pensión mensual de Q5,000 durante los próximos tres años. Y en adelante recibirán cada mes un salario mínimo de actividades no agrícolas, que actualmente es de Q2,742.37.
Además, los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Trabajo deben incluir a las 15 sobrevivientes en los programas de asistencia social, como becas educativas o proyectos productivos, dijo la diputada Alejandra Carrillo, ponente de la ley.
Esta es la primera vez que se garantiza una asistencia constante para las sobrevivientes, ya que después del incendio la mayoría necesitará medicamentos y atenciones especiales para tratar sus heridas y problemas psicológicos.
Un ejemplo es el de Vanessa. Nómada expuso su caso, que es uno de los más críticos entre las adolescentes que consiguieron escapar de las llamas. Las quemaduras de tercer y cuarto grado en el rostro, extremidades y otras partes del cuerpo, le obligarán a usar prótesis para la mano y pierna izquierda, y requerirá de cirugías estéticas para la reconstrucción de su nariz.
Además, la ley también pretende mantener en la memoria colectiva la tragedia. Y cada año, el 8 de marzo, se recordará a las 41 menores que murieron en la fecha.
No todo es bueno
El juez de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, Juan Orlando Calderón, emitió el 2 de abril una sentencia sin precedentes, que ordenaba a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que formalice un requerimiento de pensión vitalicia a la Secretaría de Bienestar Social para todas las sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro.
La decisión del juez es histórica porque no solo beneficiaría a las 15 sobrevivientes del incendio, sino que además sería un primer paso para sentar jurisprudencia para aplicar en futuros casos similares. Si el Estado volviese a ser negligente en la atención a menores bajo su tutela y eso provocase una tragedia, la resolución de Calderón se podría evocar. Eso implicaría que el gobierno se haga responsable de las víctimas.
La organización La Alianza, que asiste legalmente a Vanessa y su familia, reconoce que es más importante que la pensión vitalicia sea el resultado de una resolución judicial y no de la ley aprobada por el Congreso, con el fin de crear jurisprudencia y obligar así al Estado a actuar de igual forma en caso de una tragedia similar en la que se vulneren los derechos de menores de edad.
Pero esa decisión no está en firme. La PGN se negó a cumplir con la resolución “excede los límites legales” y para eso presentó una apelación en la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y La Adolescencia. De esa instancia dependerá que la resolución del juez tenga validez o quede sin materia.
El Caso Hogar Seguro también sigue impune. El proceso contra Carlos Rodas, ex Secretario de Bienestar Social, Anahy Keller ex subdirectora de Bienestar Social y Santos Torres, el ex director del Hogar Seguro sigue estancado en tribunales.
Entre los señalados también están Brenda Chamán, que trabajó en el Hogar como jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Marroquín Carrillo, la subcomisaria que no abrió la puerta durante 9 minutos mientras se quemaban las niñas; y Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC); Gloria Castro, de la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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