Resumen diario: CIDH ordena proteger a fiscales de FECI

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Seguridad para tres fiscales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pide al Estado de Guatemala que refuerce los esquemas de seguridad para tres funcionarios de la Fiscalia Especial contra la Impunidad (FECI) y que rinda cuentas de las medidas implementadas el próximo 22 de abril. Estos fiscales investigan ejecuciones extrajudiciales en el Plan Gavilán, derivado de la fuga de reos ocurrida en 2005 en la cárcel El Infiernito.

En un comunicado de prensa la Procuraduría de Derechos Humanos, Impunity Watch, Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), informaron que la Corte otorgó medidas cautelares a favor de los tres trabajadores de la FECI, luego de reconocer la existencia de hechos extremadamente graves que atentan contra su vida e integridad y obstaculizan el desarrollo independiente de su trabajo.

“Las medidas provisionales son acciones urgentes de protección que dicta la Corte IDH tras comprobar la existencia de criterios de extrema gravedad y urgencia”, señala el comunicado de prensa.

Los aspersores de las municipalidades

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se pronunció hoy, luego de 5 días de cuestionamientos, sobre la regulación y efectividad de las instalaciones de sistemas de aspersión de sustancias químicas y las cabinas o túneles de desinfección. Estas son las que han instalado las municipalidades cerca de lugares que reúnan muchas personas como los mercados. Sobre la efectividad, el MSPAS aseguró que no existe evidencia científica que demuestre que estos ayuden a prevenir la propagación del virus.

Además afirman que no hay estudios que indiquen que estos pueden ser usados en seres humanos sin producir efectos secundarios. El uso de los túneles puede causar síntomas como irritación en la piel, ojos y mucosa. El comunicado señala que el uso excesivo de químicos podrían llevar a las personas a sufrir desde vómitos y mareos hasta cuadros bronquiales.

El uso de estos se ha visto en los municipios como Mixco, donde el alcalde Neto Bran se ha tomado videos “desinfectando” las calles con aspersores sin ningún tipo de protección. En esa comuna se han instalado túneles, por donde es obligatorio pasar si se quiere ingresar a los mercados.

Nómada consultó al vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinozo, sobre la postura ante el comunicado del MSPAS, asegura que tomarán en cuenta la disposición y que están a la espera de conocer otras medidas que sugiera el ministerio.

Discriminación y estigmatización, otro efecto del Covid-19

El rechazo y estigma contra la población migrante guatemalteca ha crecido en las últimas semanas. Esta mañana el canciller, Pedro Brolo, confirmó que ingresaron al país 43 deportados que dieron positivo en las pruebas de Covid-19. Comentarios de rechazo y desprecio hacia los connacionales han despertado la preocupación de grupos defensores de derechos humanos. En algunas comunidades, incluso han pedido que no ingresen guatemaltecos deportados y han incentivado medidas agresivas contra estos.

El procurador de derechos humanos, Jordán Rodas, manifestó su preocupación por estas acciones de estigmatización, discriminación y xenofobia ocurridas en contra de personas migrantes ante el temor que sean portadoras del virus. Llamó a la calma y recordó que están siendo monitoreadas por el Ministerio de Salud.

Diputado pide destitución del Secretario de CONAMIGUA

El diputado de WINAQ, Aldo Dávila, presentó una carta al Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, en la que pide al pleno la destitución de Carlos Narez, el Secretario Ejecutivo de CONAMIGUA.

Según Dávila se están violentando los derechos de las y los migrantes guatemaltecos retornados. Faltan protocolos de seguridad y de salud en el contexto del COVID-19, y no existen programas que benefician a la población migrante.

El diputado indica que esta situación se debe a “anomalías” en la ejecución presupuestaria y responsabiliza al Secretario de CONAMIGUA, la institución responsable de la protección de los migrantes, por incumplir con sus obligaciones.