El Acuerdo No. 32-2020 del ente investigador fue publicado este 25 de septiembre en el Diario de Centro América y acuerda declarar lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala, el contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.
La transacción se encuentra en la Escritura Pública número 336 del 11 de octubre de 2017, ampliado mediante Escritura Pública número 354 del 31 de octubre de 2017.
El documento explica que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas reveló que existieron “irregularidades antes, durante y después de la gestión de la compra del edificio ubicado en la Diagonal 14, número 21-32 de la colonia Arrivillaga, zona 5, municipio y departamento de Guatemala”.
Con plenas facultades
En el Acuerdo mencionado, se incluye el siguiente CONSIDERANDO: “La Secretaría General de la Presidencia de la República por medio del oficio No. DSGP No. 1039-2020/jm de fecha 07 de septiembre de 2020, indicó que “…no es atribución del Presidente de la República de Guatemala declarar la lesividad de los actos o resoluciones de las entidades que por mandatos constitucional son autónomas como lo es el Ministerio Público…”.
También indica que la Corte de Constitucionalidad en Sentencia de Amparo en Única Instancia, de fecha 27 de octubre de 2004, dictada dentro del expediente 383-2003, estableció “…Como puede apreciarse, el Organismo Ejecutivo no tiene facultades para declarar lesivos todos los actos o resoluciones que emanen del Organismo Ejecutivo, institución que precisamente es la que tiene las funciones administrativas de la cosa pública.
“Y por su parte, el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, indica que actuará independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado”.
Por lo anterior, también se instruye y faculta al Departamento Jurídico del MP para que promueva y ejecute todas las acciones que en derecho correspondan con la finalidad de que se declare lesivo tal contrato y se deje sin efecto.
Procesos abiertos
El 13 de septiembre de 2019, la Fiscalía de Asuntos Internos del MP solicitó al Juzgado Undécimo Penal una orden de captura en contra de Aldana por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Según el fiscal Marlon Pacheco, titular de esa unidad, la exfiscal no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones para la adquisición del edificio en mención.
Otro de los hallazgos, según Pacheco, fue que no existió justificación previa para la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía, ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.
Por este caso también fueron señaladas Miriam Salazar Duarte de Lossi y Patricia Guzmán Rivera, exdirectoras administrativas del MP; Diana Benavides Lázaro, exjefa del departamento jurídico del ente investigador; y Lourdes Leyton, de la Fundación Grandiosa Es Fusión.
Según el MP, esta entidad funcionó como “testaferro”, por lo que estas personas fueron ligadas a proceso penal por el juez José Eduardo Cojulún.
Miriam /
Debería darle pena a esa señora, tratar de retorcer las cosas para dañar a la ex fiscal Aldana, Ojalá siguiera ella porque no le temblaba la mano para aplicar la ley en forma justa y que se pudieran juzgar al expresidente y su vicepresidenta.
¿Por qué no aplica la misma constancia para fregar a la licda Thelma en hacer que los de la CC elijan cortes que sean de gente honesta? ¿por qué no mira que se mantenga el equilibrio en los tres poderes?
Juan Rodriguez /
En el caso del Edificio del MP zona 5. Afecta a la poblacion en no estar habilitado. Esta señora consuelo porras alineada da un dictamen que no le compete. Deberian promover y habilitar el edificio que hace falta para oficinas y parqueo del MP cuantos millones hay ya de perdida. No jodan.