[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]
En la mente del presidente y del Ministerio de la Defensa, Guatemala es un país con indicadores de desarrollo ideales para el gasto de casi Q380 millones en aviones y un buque para equipar al Ejército en el combate contra el narcotráfico.
En la mente del resto del país se trata de un capricho jimmysta la compra de estos vehículos cuando hay problemas mayúsculos que enfrenta la sociedad: la desnutrición en el corredor seco, el éxodo de personas en las áreas más golpeadas por la pobreza y la violencia, la atención en salud en los hospitales, la inseguridad, el desempleo y la lista continúa.
El presidente Morales desoye la crítica, incluso de funcionarios que estuvieron a su vera, como el exministro de Finanzas y excandidato presidencial Julio Héctor Estrada, quien dijo que era innecesaria la compra. Lo mismo han dicho Sandra Torres, Alejandro Giammattei, Manuel Villacorta, exministros de Gobernación y la lista continúa también.
Este jueves la Contraloría General de Cuentas —que ha estado muy calladita desde el cambio de contralor— fijó un plazo de 24 horas al Ministerio de la Defensa para que se entregue un informe sobre la compra de los dos aviones a la empresa FAdeA de Argentina.
El anuncio fue hecho por el subcontralor César Elías, quien explicó que el objetivo es verificar si el procedimiento de compra fue el adecuado y con transparencia, pues se trata de un gasto bastante elevado y se tuvo que garantizar las fuentes de financiamiento en el presupuesto.
Morales y el ministro Luis Ralda, uno en Argentina y el otro a través de un video, dijeron que se trató de un acuerdo con transparencia. Este negocio alegró a Argentina y preocupó a Guatemala.
Hasta el momento la única justificación que han dado para la compra de los aviones ha sido la del ministro Ralda, quien aseguró que la necesidad de la compra surgió porque el jefe de la Fuerza Aérea Guatemalteca dijo que carecían de equipo para darle seguimiento a las naves que ingresan de manera ilegal a Guatemala.
Luis Paraiso /
FOTO: Abrigos, guantes, bufandas, zapatos, pantalones, calcetines de lana, lo contrario de esto es el pueblo
"Nación
Fondos para combatir desnutrición no han aumentado en nueve años
Un estudio realizado por Oxfam reveló que la tasa de desnutrición crónica creció 6.9 por ciento entre 2016 y 2019, en siete municipios de Chiquimula y Baja Verapaz.
INVERSIÓN EN ALIMENTACIÓN
El Gasto Público en Seguridad Alimentaria y Nutricional (GPSAN) tuvo una tendencia decreciente a partir de 2011 hasta llegar a un 0.94 por ciento en 2016. La caída del GPSAN se revirtió en 2017, en parte, por la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar, según indicó Ricardo Barrientos, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Barrientos dijo que la medida es insuficiente porque no alcanza a los menores que están en la Ventana de los Mil Días que abarca hasta los 24 meses, que es crítica para reducir el riesgo de desnutrición crónica. Además, no toma en cuenta que existe una alto número de niños y niñas que están fuera del sistema educativo. "