En días recientes, el Fondo de Desarrollo Social (FODES) adjudicó la compra de un lote que supera los 11 millones galletas nutricionales para atender a la población infantil afectada por el COVID-19, a un costo de Q14 millones 666 mil 665.20
Ello implica que cada galleta tiene un valor de un quetzal con 32 centavos; a pesar de que otra empresa ofertó galletas que costaban 82 centavos, por un total de 9.1 millones de quetzales. Pero además, esta adquisición no fue requerida por los ministerios de Educación o Salud Pública. Tampoco por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).
“Guatemala afronta una crisis sanitaria que ha conllevado a que todas las autoridades o instituciones del país, desde el ámbito de sus competencias, tomen medidas y acciones orientadas a preservar la salud, los derechos, valores y principios que descansan en la Constitución Política de la República de Guatemala”, señalaron los congresistas a través de una misiva.
En conferencia de prensa, el diputado Carlos Barreda recalcó que “la adquisición ha generado serias dudas y cuestionamientos en el procedimiento de adjudicación, de los cuales se puede mencionar que el evento duró media hora para la presentación de oferta, y que no hay estudios que justifiquen la compra”.
“Esto es un negocio con el que se pretende malversar más de 14.6 millones de quetzales de los impuestos de los guatemaltecos", aseguró el parlamentario.
Michael Kozak: Procese a los corruptos, no a la FECI
El secretario Adjunto de Estado Interno para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, Michael Kozak, mostró este día su apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
“Estados Unidos cuenta con Guatemala como socio en la lucha contra la corrupción. La Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción a donde quiera que lleven. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción de la FECI”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
Ello ocurrió tras darse a conocer que la Fiscal General, Consuelo Porras, habría autorizado nueve procedimientos administrativos en contra de cuatro investigadores de esa unidad, incluido su jefe, Juan Francisco Sandoval.
El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, también se pronunció indicando que “los EE. UU., debe estar muy preocupado por las acciones contra la FECI y sus fiscales y por sus inevitables consecuencias para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, donde EE. UU., tiene intereses también”.
Ayer miércoles, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que enfatiza que “bajo ninguna circunstancia, se busca debilitar a la FECI”.
Y hoy jueves, la Fiscal Porras, le respondió a Kozak en los siguientes términos: “Tal como se lo manifesté en la reunión virtual que sostuve con usted el martes 29 de septiembre de 2020, como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, mi actuación siempre será ajustada a Derecho y a la ley”.
“En ese sentido, todas las denuncias, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, deben ser tramitadas en cumplimiento al mandato constitucional del Ministerio Público. En el caso en mención, se dio trámite, como cualquier denuncia, porque la ley así lo determina”
Y concluye de la siguiente forma: “Por lo que me quedo con las últimas palabras expresadas por usted en nuestra conversación al indicar que: no podemos ni vamos a influir de ninguna manera en las decisiones que ustedes puedan tomar, ese no es nuestro papel, sino es la decisión soberana del pueblo de Guatemala”.
Esfuerzos insuficientes
El Observatorio COVID19GT, a cargo del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó hoy información actualizada al 30 de septiembre sobre el gasto público destinado a responder a la pandemia COVID-19.
El investigador Jorge Lavarreda detalló que se presupuestaron Q15,33 millones hasta septiembre recién pasado de lo cual, diferentes instituciones han ejecutado el 65.9 por ciento. Pero además, explicó que de los diez programas gubernamentales que deben invertir tales recursos, solo cuatro han concluido.
Los programas Caja Saldremos Adelante, Apoyo al Comercio Popular, Subsidio a la Energía Eléctrica y el Bono de Riesgo a Personal de Salud pueden categorizarse como “finalizados”, mientras que Alimentación Escolar y Bono Familia están “avanzados” y los programas de Protección al Empleo y Crédito para Capital de Trabajo se hallan en “etapa intermedia”. Resaltan el Programa Adulto Mayor y Dotación Alimentaria como “rezagados”, pues su ejecución es casi nula.
Solicitan antejuicio
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves una solicitud de retiro de la inmunidad de Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esto, por su posible vinculación en el caso conocido como Fénix.
Obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes son los delitos por los que la FECI quiere investigar a Rojas, pues dice contar con indicios de que este colaboró con redes de corrupción y lavado de dinero.
En el comunicado divulgado hoy, se especifica que” los expedientes sobre los cuales el magistrado Rojas Cetina tuvo poder de decisión por haber ejercido el cargo de agente fiscal, tiene como común denominador al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo, lo que presume que sus acciones estuvieron dirigidas a retardar intencionalmente las acciones penales dentro del proceso en beneficio de los procesados, ya que al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de los mismos”.
Jefreey Menéndez /
Qué bueno que al fin estén despertando los funcionarios del Departamento de Estado, respecto de la tenebrosa situacion de cooptacion de la justicia en Guatemala, de parte de los grupos de mafiosos enquistados en los tres poderes de el Estado. Tal parece que hoy si se van a ir Shuco estos gánsters. Como dice el refrán, "A todo coche le llega su sábado"