Entre el 17 de enero y el 18 de febrero, se decretaron estados de Prevención en 12 municipios del departamento de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla. Estos estuvieron enfocados en desarticular grupos criminales vinculados al sicariato y a la extorsión, en particular, pandillas.
Además, desde el 5 de marzo, el Ejecutivo decretó el Estado de Calamidad Pública por el COVID-19, el cual ha sido prorrogado y ratificado por el Congreso de la República en sucesivas ocasiones hasta la fecha, coincidiendo que más estados de Excepción, que han restringido garantías constitucionales durante los últimos seis meses.
El 29 de mayo, mediante el Decreto Gubernativo 10-2020, el Ejecutivo estableció estado de Sitio durante 30 días en tres municipios de Sololá: Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán; ante la escalada de la violencia registrada en la región, debido al conflicto sobre límites territoriales que existe entre los primeros dos municipios.
El 18 de julio, el Ejecutivo ordenó el estado de Sitio durante 30 días en El Estor, Morales y Livingston en Izabal y en Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz, a causa del incremento en la conflictividad, criminalidad y el narcotráfico en la región. Sin embargo, éste no fue conocido por el Congreso, por lo que se recurrió a la figura de los estados de Prevención en esta área, del 26 de julio al 27 de agosto.
Escasos resultados
Durante el estado de Sitio en Sololá se incautaron 54 armas de fuego (incluyendo 7 fusiles, 5 subametralladoras, 7 escopetas y 22 pistolas), 36 armas artesanales, 1,837 bombas caseras, 10,480 municiones y 130 morteros artesanales. También 90 celulares, 22 radiocomunicadores, 2 drones y 4 computadoras.
Durante el estado de Prevención en municipios de Izabal y Alta Verapaz fueron detenidas 155 personas y se decomisaron 19 armas y 184 cartuchos útiles, 3 vehículos, 48,200 arbustos de coca, 21,880 dólares estadounidenses y 39 paquetes de marihuana.
La principal conclusión del CIEN es que, pese a todo lo anterior, se mantiene la actividad delictiva y del narcotráfico en la región.
Continúan los problemas
En otra información, Patricia Marroquín de Morales, esposa del expresidente Jimmy Morales, había respirado aliviada, luego de que el juez Pedro Laynez declarara falta de mérito para las acusaciones de fraude contra ella.
Sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción apeló para que se revierta esa resolución y ella sea ligada a proceso por haber obtenido un contrato en el Ministerio de Salud Pública, sin cumplirlo a cabalidad.
El ente investigador también indica que Marroquín de Morales no presentó la documentación de soporte para confirmar que estaba capacitada para ocupar ese puesto, por lo que se cree que cometió fraude por Q45 mil.
Localizan otro narcojet
Por otro lado, en las cercanías de una aldea en Chisec, Alta Verapaz, fueron localizados los restos del jet marca Hawker 800 matrícula XB-PYZ con armas, posibles ilícitos y dos cadáveres en su interior. La aeronave se estrelló cuando intentaba aterrizar en una pista clandestina.
En el transcurso del 2020, han sido descubiertas más de 20 avionetas y jets que han aterrizado en propiedades privadas ubicadas principalmente en Izabal, Petén y la costa sur, para luego ser destruidas. En la mayoría de tales aeronaves se ha localizado estupefacientes y, en algunos casos, los cuerpos de personas que murieron asesinadas o fallecieron en el accidente.
Roberto Ximenej /
No para todos estos Estados de Calamidad y de Sitio han sido sin resultados. Ya hay algunos en uniforme y alta cúpula militar que se ha vuelto millonarios, con más aterrizajes clandestinos, otros han asegurado su explotación dañinas en áreas territoriales sin que se pueda protestar y otros ya tienen terrenos más grandes que antes. Y eso es lo evidente.