Empresas deben cumplir con el pago del Bono 14
Luego de una serie de recursos interpuestos en contra del Acuerdo Ministerial 250-2020, el cual abría la posibilidad de retrasar por tiempo indefinido el pago del Bono 14, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los trabajadores. Esta mañana, la CC informó que suspendió de forma provisional el acuerdo aprobado por el Ministerio de Trabajo. La decisión de la CC obliga a que las empresas hagan efectivo el pago y cumplan con una obligación laboral para no afectar a los trabajadores.
La resolución de la CC fue una respuesta a los recursos interpuestos por el sindicalista Efrén Emigdio Sandoval Sanabria y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
CC resuelve a favor de jueza Erika Aifán
También la Corte de Constitucionalidad, esta mañana, detuvo el trámite del antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán. Los magistrados la ampararon de forma provisional y ordenaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspenda la solicitud de retiro de inmunidad que presentó Estuardo Castellanos, representante del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones.
La jueza fue señalada de autorizar investigaciones en contra de magistrados que buscan su reelección en el Congreso, sin embargo, Delia Dávila y Silvia Verónica García, quienes votaron en contra del antejuicio, cuestionaron que para sustentar esa acusación solo se presentó una fotocopia simple del informe del Ministerio Público, Comisiones Paralelas 2020.
Aifán ha sido blanco de denuncias legales y mediáticas, infiltración a su juzgado y falta de respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista en vivo con Nómada, la jueza denunció que incluso fue excluida del proceso de sanitización de su sala de audiencias de parte de la CSJ. Actualmente se encuentra a la espera de que el Estado cumpla con las medidas cautelares que ordenó a su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hospital militar tiene 300 camas vacías
El diputado Aldo Dávila, de la bancada Winaq, realizó una visita al Hospital Militar, el cual está equipado para recibir pacientes COVID-19. Este centro se puso a disposición con el ex viceministro German Schell, pero las nuevas autoridades de Salud no han dado uso a las instalaciones pese al colapso del resto de hospitales.
Dávila encontró que hay una área habilitada especialmente para estos casos, que puede ser extendida para una mayor capacidad. Actualmente hay 300 camas vacías, cuando en hospitales nacionales como Roosevelt y San Juan de Dios han recurrido a usar bancas como camillas para la atención de los pacientes.
En la visita, Dávila calificó el hospital militar como un buen espacio para estos casos debido a que tienen varios módulos, canchas donde se pueden instalar toldos, áreas de descanso para doctores y cafetería. Calificó esto como falta de coordinación y aseguró que citará al viceministro de hospitales para cuestionarlo al respecto.
Hospital Roosevelt busca pacientes recuperados de COVID-19 para donar plasma
Ayer el hospital Roosevelt informó que comenzaron a realizar transfusiones de plasma de pacientes recuperados de COVID a pacientes aún afectados por la enfermedad.
Hasta la fecha 4.453 personas se recuperaron del COVID-19. El organismo de cada persona produce anticuerpos que le generan inmunidad al paciente, explicó el jefe de patología del hospital, Luis Chávez. Aún no existe documentación sobre la duración de la inmunidad, pero el objetivo de las transfusiones es introducir anticuerpos del COVID-19 para mejorar la recuperación en pacientes infectados, especialmente los que se encuentran en estado crítico.
Luego de observar resultados positivos en los dos primeros pacientes, el hospital Roosevelt publicó una convocatoria para que personas que se hayan recuperado del COVID-19 se acerque al hospital para donar plasma. Las citas se pueden programar por teléfono 4739-1420.
Costa Rica aprueba ley contra acoso sexual callejero
Las mujeres ahora caminan las calles de Costa Rica respaldadas de una ley que les permite denunciar el acoso sexual en espacios públicos y privados de acceso público. Este martes el Congreso del país centroamericano aprobó en segunda lectura la ley que se propuso por primera vez en 2017.
La ley impone multas o cárcel de hasta 18 años, y sanciona cualquier acto de connotación sexual no consentido, verbal o no verbal, como comentarios o sonidos y gestos, igual que insinuaciones alusivas al cuerpo y a actos sexuales. Penaliza cualquier grabación de imágenes o vídeos del cuerpo de otra persona así como la distribución de este material. Además castiga actos de exhibicionismo, masturbación y la persecución de una persona.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres, 70% de las costarricenses han sufrido algún tipo de acoso sexual en espacios públicos.
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