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Revés judicial en un polémico caso. El caso de la muerte de Nahomy Lara, Juan Carlos Velásquez y Ángel de León, estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), sigue sin encontrar justicia.
La Sala de Apelaciones de Izabal anuló la condena de cinco años de prisión contra Lemuel Valle, el biólogo que dirigía la expedición para observar cocodrilos la noche del 31 de marzo de 2012 en los canales de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), en El Estor.
Los magistrados Henry Soberanis, Nicolás Cuxil y Carlos Casado consideraron que no hay evidencias de un vínculo laboral entre Lemuel Levalle y la CGN, y por eso el biólogo no tendría responsabilidad por la muerte de los jóvenes.
Con esa decisión, los magistrados también libran de responsabilidad a la minera, que debía pagar una indemnización de Q51 millones a las familias de los tres estudiantes muertos.
Después de más de siete años de impunidad, el 2019 parecía ser el año en que por fin se haría justicia en este caso lleno de mentiras, contradicciones, cabos sueltos y presiones.
Ahora las familias analizarán si impugnarán la decisión de la sala, y de hacerlo, el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia.
La venganza contra Aldana salió mal. En la torre de tribunales se realizó la audiencia de primera declaración de las cuatro señaladas de participar en la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público durante la gestión de Thelma Aldana
Y aunque la protagonista de este caso es la exfiscal Thelma Aldana, hoy los reflectores se dirigieron hacia la actual fiscal general, María Consuelo Porras, la gran aliada de Jimmy Morales.
Diana Benavides, exjefa del Departamento Jurídico del MP, declaró ante el juez y los medios de comunicación que recibió presiones y fue víctima de coacción por parte de personal de la fiscal Porras, y también por Mónica Solórzano, asesora de la bancada FCN, el partido de Jimmy Morales.
La abogada narró que el equipo de Porras hizo negociaciones para hacer pagos ilegales a proveedores “fundamentados en contratos y negocios nulos en pleno derecho”, por lo que se negó a autorizarlos. En respuesta, los asesores de la fiscal general la encerraron en una oficina y le dijeron que utilizarían todo el poder del MP en su contra si no accedía a sus exigencias.
Diana Benavides, exjefa del depto Jurídico del MP, declara por compra de edificio en la zona 5.
"La persecución es infundada y una revancha en mi contra".
Hace señalamientos a la gestión de la fiscal general, María Consuelo Porras. pic.twitter.com/4tfVE4GxQ7— Evelyn de León (@evelynndeleon) October 1, 2019
También dijo que recibió presiones Mónica Solórzano para que no denunciara a los trabajadores del MP que la presionaron y le solicitó información sobre Thelma Aldana, pero tampoco accedió a sus peticiones. Benavides dice que es víctima de una “venganza personal”.
La comisión anti-CICIG está en la mira. La Corte de Constitucionalidad admitió dos amparos contra la comisión anti-CICIG, creada el pasado 24 de septiembre de 2019 por 82 diputados de las principales bancadas del Congreso.
Los amparos fueron presentados por Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo, quienes consideran que no hay fundamento legal para investigar las actuaciones de la CICIG.
Las leyes establecen que la persecución penal es trabajo del Ministerio Público y que la administración de justicia es tarea del Organismo Judicial, por lo que los diputados no están actuando bien.
Mientras tanto, en el Congreso se empezaron a distribuir los documentos para que las “víctimas” de la CICIG puedan inscribir su participación en las audiencias públicas.
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