COVID-19: Reapertura, responsabilidad individual y la exclusividad del Hospital Militar.
Lunes: Primeros días de reapertura del país, pese a que los casos de contagios por COVID-19 aún son altos. En medio de la expectativa por el relajamiento de las medidas, el Ministerio de Salud confirmó, en una citación en el Congreso, que esperan que para marzo de 2021, el país llegue a los 1.2 millones de infectados.
Martes: Las declaraciones de la ministra de Salud, Amelia Flores, marcaron el debate en redes sociales, luego que asegurara que de acá en adelante la responsabilidad frente a la pandemia de COVID-19 era de la población.
Miércoles: El presidente del Congreso Allan Rodríguez fue internado en el Hospital Militar tras su contagio de COVID-19. Según declaraciones de su compañero de bancada, Mynor Mejía, fue llevado a dicho hospital por petición del presidente Giammattei.
Viernes: Hasta ahora el hospital militar, pese a contar con recursos y espacio disponible, solo atiende a militares, militares en retiro y familiares de estos. Los diputados se aseguraron que esto siga así pues el viernes rechazaron una enmienda que buscaba que el hospital se abriera a la población.
Denuncias, ataques y cuestionamientos contra el PDH, una magistrada, un fiscal y el Vice
Lunes: Una nueva crítica al PDH, Jordán Rodas, esta vez por parte del Arzobispado de Guatemala, que le cuestionó sus pronunciamientos públicos a favor del aborto y el matrimonio igualitario. El PDH respondió que nunca ha emitido opinión al respecto y que, si en algo coincide con los obispos, es en la necesidad de no dejarse manipular por campañas de desinformación.
Martes: La magistrada Delia Dávila, denunció una serie de ataques en su contra a través de publicaciones en redes sociales. Asegura que la Fundación Contra el Terrorismo busca vincularla a una supuesta estructura criminal para sacarla del margo. Dávila es una de las únicas dos magistradas en la CSJ que no se han plegado a los intereses de impunidad. Muestra de ello, su voto para retirarle la inmunidad a Felipe Alejos.
Viernes: A través de un comunicado de prensa, el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) asumió la misma postura y confirmó que presentó una denuncia contra Ricardo Méndez Ruíz, por las campañas de desprestigio que han dirigido en su contra y que, según el fiscal, no tienen más objetivo que separalo de la institución.
El vespertino La Hora informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a una solicitud de antejuicio contra Castillo, interpuesta por el abogado Nimrod Israel Estévez González, quien en las elecciones recientes fue candidato a diputado con el partido Bien. La votación dentro de la CSJ fue de 9 votos contra 4, según la publicación periodística que dio a conocer la noticia.
Investigaciones dormidas, desacato y una carta para pedir la intervención de EE.UU.
Lunes: Guatemaltecos destacados como Claudia Paz y Paz, Luis von Ahn, Jayro Bustamante y Marta Elena Casaús, enviaron una carta a la congresista estadounidense Nancy Pelosi, donde solicitan una “intervención más decidida del Departamento del Estado” ante la captura del sistema de justicia del país.
Miércoles: Queda claro que hay dos fuerzas distintas en el Ministerio Público. La primera, dirigida por Consuelo Porras, fiscal general, avanza a paso lento con las investigaciones. Por ejemplo, aún no hay avances en la investigación un mes después del desacato de los diputados a la orden de la Corte de Constitucionalidad. La contraparte es Juan Francisco Sandoval y la Fiscalía Contra la Impunidad, que el miércoles solicitó el retiro de la inmunidad contra tres jueces que mantuvieron reuniones con Gustavo Alejos.
Jueves: El Ministerio Público emitió un comunicado donde informa que interpuso un amparo contra Nadia de León Torres, presidenta del Parlacen e hija de Sandra Torres. Esto, para que ella no juramente a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares como diputados suplentes del Parlacen. Según El MP hay una “amenaza cierta, real e inminente” que ambos sean nombrados y así evadir su extradición a Estados Unidos.
Viernes: Continúa el pulso entre la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. A través de un comunicado de prensa la CSJ anunció que no obedecerá la resolución de la CC que ordena volver a integrar el pleno de magistrados para conocer el antejuicio en contra de Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana.
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