Resumen semanal: ¿Hasta cuándo tendremos nuevas Cortes de justicia?

Cortes y justicia

Lunes. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó su apoyo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad contra quienes el Ministerio Público pidió el inicio del proceso de antejuicio derivado de una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo.

Representantes de las Alcaldías Indígenas de la Región Ixil, en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, señalaron: "Nos preocupa la desobediencia que han mantenido a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad".

Martes. En un comunicado la PDH señaló que la crisis político-jurídica que enfrenta el país repercutirá negativamente en las capacidades del Estado y de la propia sociedad para atender la ingente emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.

Jueves. La jueza Erika Aifán acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar que se realice una investigación por los intentos de obstaculizar su trabajo y con ello atacar su independencia judicial.

Organizaciones y colectivos sociales se pronunciaron en contra de lo que llaman un “golpe técnico para tomar el Estado con fines de corrupción e impunidad”. Este pronunciamiento responde a las acciones recientes del Organismo Legislativo, Ministerio Público y Organismo Judicial, que han sido catalogadas como un intento por atacar el orden constitucional. Llamaron a la población a salir a manifestar este sábado 15 de agosto.

Viernes. Después de 10 meses sin la renovación de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, 53 diputados de los bloques UNE, URNG, WINAQ, VICTORIA, BIEN, y Semilla —opositores a la alianza oficialista— enviaron una carta a la Junta Directiva del Congreso para exigir que la elección de magistrados se incluya en la agenda de sesiones.

En una carta abierta a los tres poderes del Estado, las Autoridades Indígenas Ancestrales de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna señalaron que los antejuicios presentados en contra de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad tiene como fin proteger a políticos, diputados y operadores vinculados a corrupción y crimen organizado.

COVID-19

Lunes. El presidente Alejandro Giammatte fue denunciado por Acción Ciudadana y JusticiaYa, por el delito de incumplimiento de deberes ante sus acciones y omisiones durante la atención de la pandemia por COVID-19. Las organizaciones le reclaman sus declaraciones del pasado jueves 6 de agosto, cuando trasladó la responsabilidad de la atención de la pandemia a la población.

Martes. Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 (Coprecovid), realizó una conferencia de prensa donde explicó la situación actual en el país frente a la crisis sanitaria. Aseguró que prevé que la segunda ola de contagios en el país podría iniciar en septiembre de este año.

Jueves. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó una propuesta para mantener y ampliar el bono familiar en 2021. Proponen darle prioridad a las personas más vulnerables. Esto mediante la transformación del Bono Familia en un ingreso garantizado de Q574.50 mensuales. Se estima que el costo total podría ser de Q12 mil millones (el 1.9% del PIB).

Viernes. Giammattei se presentó al acto protocolario para la entrega de 60 mil escritorios del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Educación. Fue cuestionado por la denuncia puesta por Acción Ciudadana por incumplimiento de deberes. Aseguró que “Respecto a la demanda, cuando la reciba le diré porque ni siquiera la he recibido; no hemos sido notificados. Yo tengo una obligación y es gobernar”, concluyó.

Criminalidad

Jueves. Tras la noticia de la muerte de Benoît María, ciudadano francés de aproximadamente 60 años, surgieron muestras de consternación y peticiones de justicia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el suceso de "cobarde". Benoît Maria trabajó en Guatemala en proyectos agrícolas para comunidades indígenas. Era director para Guatemala de la organización Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras en Guatemala.