Biden: "La Cicig debe de seguir si alguien espera que EEUU se comprometa con billones"

Sólo había que seguir las pistas: en enero, Biden escribió en el New York Times que los méritos de Guatemala contra la corrupción y el tráfico de personas eran de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG); la apoyó públicamente en su discurso del lunes en el Palacio de la Cultura en Ciudad de Guatemala, incluso sugirió replicarla en Honduras y El Salvador; y se lo dijo personalmente al comisionado Iván Velásquez el martes, en una reunión que no estaba en la agenda mediática.

Pero todo iba quedando a la libre interpretación hasta que Biden piso el municipio de Villa Nueva. Durante una visita a un programa contra la violencia, Biden fue rotundo: “Es una decisión soberana, pero la CICIG debe de ser prorrogada si alguien espera que el congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares”.

La CICIG es la comisión que crearon la sociedad civil, tres gobiernos distintos y las Naciones Unidas para desarticular mafias que operan al amparo del Estado. Está conformada por investigadores latinoamericanos y europeos, que llevan casos junto a fiscales guatemaltecos en tribunales guatemaltecos. Fue propuesta en 2002, empezó a trabajar en 2007 y es financiada con cooperación internacional.

El mandato de la CICIG termina en septiembre y su renovación depende de una decisión del presidente Otto Pérez Molina. Pero Biden metió presión y el 16 de marzo presentará el plan Alianza para la Prosperidad al congreso estadounidense, dominado por la oposición conservadora, al que Barack Obama ya pidió mil millones de dólares para Centroamérica a partir de octubre. En marzo será la tercera visita en nueve meses de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador a Washington. Y la primera en la que el presidente Otto Pérez Molina contará con una exigente recomendación pública de Biden.

Para detener la migración de niños, el mismo modelo de siempre

El modelo de desarrollo de Estados Unidos para Centroamérica no es muy distinto de la de los últimos 35 años: libre comercio y lucha contra el narcotráfico y la violencia. Y son prioridades compartidas por las élites empresariales y los gobiernos centroamericanos. La Alianza para la Prosperidad se resume en un empresariado organizado como ejecutor de grandes proyectos de infraestructura y obras públicas que generen empleos y atraigan a inversionistas estadounidenses. Los proyectos serán en carreteras, energía eléctrica y gas natural, y así esperan mejorar la imagen de la región más violenta de Latinoamérica, que va de los 31 muertos por cada 1oo,000 habitantes en Guatemala a los 90 en Honduras.

Esta Alianza surgió como propuesta de Centroamérica para responder a la llegada masiva de niños migrantes centroamericanos a EEUU en la primavera de 2014. Aunque se vende como un plan novedoso para el desarrollo social, el foco es generar espacios propicios para grandes negocios. En Guatemala, el plan está enfocado en los 51 municipios que el Gobierno considera los más pobres, pero entre los proyectos más destacados del plan están los corredores que conectan puertos y un oleoducto.

Aunque el plan, pensado a cinco años, será mayormente financiado por los países centroamericanos (aún no han dicho cuánto pondrán), la llegada de inversionistas y nuevos proyectos está supeditada a la generación de confianza en la región más amenazada por las mafias en Latinoamérica. El brazo ejecutor en Guatemala de la Alianza por la Prosperidad será Fundesa (Fundación Para el Desarrollo), que es la asociación respaldada por seis de las siete empresas más grandes del país: Cervecería Gallo, Pepsi-Brahva, MultiInversiones, Cementos Progreso, el ingenio Pantaleón y el Banco Industrial. El director del proyecto será Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial para la Competitividad durante los últimos tres gobiernos.

A diferencia del Plan Colombia, el Plan Mérida de México y el CARSI para combatir el narcotráfico en Mesoamérica, la gran novedad es la inversión: el CARSI (Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica), que se ejecuta hace siete años, ha desembolsado hasta la fecha US$642 millones. Con el plan Prosperidad, sólo en 2015-2016, buscan $1,000 millones del presupuesto estadounidense. El CARSI se enfocaba en luchar contra la inseguridad y el narcotráfico; el Plan Prosperidad requiere que los gobiernos demuestren avances a ojos de los inversionistas.

Fotografía: Presidencia de la República, 2015.

¿Por qué la CICIG es indispensable para Biden?

Por lo que representa. En un país con un cuestionado sistema de justicia, el ya largo currículo de la CICIG ha demostrado que la impunidad puede tener castigo. En mayo de 2010, durante el gobierno de la UNE (2008-2011), el presidente Álvaro Colom propuso, con apoyo de EEUU, que el modelo de la CICIG se replicara en esos países. Fue lo mismo que Biden sugirió el lunes, ante el silencio de los hoy presidentes centroamericanos.

La Comisión en Guatemala, cuyo mandato se ha renovado cada dos años, contó desde 2004 con el hoy presidente Otto Pérez Molina entre sus principales apoyos, pero su continuidad es una interrogante.

La CICIG se ha convertido en un asunto espinoso para el Partido Patriota (PP) después de que propiciara el encarcelamiento de altos cargos del Sistema Penitenciario por estar implicados en una red de traslado de reos liderada por el militar preso con más poder en Guatemala, Byron Lima. Lima, hicieron público la CICIG y el Ministerio Público, sugirió la mitad de los nombramientos en las cárceles al ministro de Gobernación y amigo del presidente, Mauricio López Bonilla. Lima imprimió parte de la propaganda electoral del PP desde la cárcel y recibió en fiestas en prisión a diputados oficialistas. La CICIG, además, investigó e intentó procesar al expresidente legislativo y amigo del presidente, Gudy Rivera, por manipulación de jueces un caso contra la vicepresidente Roxana Baldetti. En los últimos dos años, las investigaciones de la CICIG ha llegado muy cerca del círculo del Presidente.

Para el Gobierno y los empresarios, la clave para convencer al congreso estadounidense nunca involucró a la CICIG. “Necesitamos fortalecer la confianza de que podremos ejecutar los fondos en el primer año para los siguientes”, dijo ayer a Nómada Juan Carlos Paiz, comisionado de Competitividad. “No tanto en cuestión de transparencia, si no en que tenemos capacidad de terminar los proyectos”, dijo sobre un portafolio de obras iniciadas de infraestructura, energía y gas natural, que supera los US$20,000 millones de dólares.

El presidente Pérez Molina no mencionó a la CICIG en sus discursos, salvo en la conferencia de prensa que dio con el presidente de Honduras en el hotel Camino Real, mientras Biden hablaba en Villanueva. Sólo cinco preguntas accedió a responder. Y sólo indicó que el proceso de consulta sobre el futuro de la Comisión continúa. La instancia debe de entregar su recomendación en abril.

Biden y la Casa Blanca no tienen duda sobre su prioridad en política exterior con Guatemala. Dijo que era una decisión soberana la prórroga de la CICIG, pero qu recomienda prorrogarla para poder convencer a los diputados estadounidenses. Ellos querrán ver hechos, compromisos, a cambio de una partida millonaria. “La impunidad es un problema gigantesco y punto”.

¿Y los niños migrantes? El plan que nació para frenar la migración masiva de menores de edad sólo contempla la contención de la migración como efecto de sí mismo: si hay más trabajo, la gente no se va. “El plan más que para la migración infantil, está enfocado en la migración en general”, dice el comisionado Paiz. ¿Se va a dar empleo a los migrantes deportados? “No, no contempla dar trabajo a los migrantes retornados, el plan de trabajo no es para ellos”.