Cómo bloquear 10 millones de minutos de llamadas del crimen organizado

La negociación iba bien hasta que la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Edgar Camargo. El 3 de septiembre de este año, la captura y posterior encarcelamiento, del que era director del Sistema Penitenciario de Guatemala por su presunta participación en una red de corrupción de traslado de reos liderada por el preso Byron Lima, tuvo un doble efecto. Puso en evidencia que en los presidios entraban alegremente celulares porque la red fue desestructurada a través de pinchazos a celulares de reos y directivos. Y colateralmente paralizó el proceso que obligaba a los operadores telefónicos a bloquear la señal en las prisiones.

Este proyecto surgió de un punto de un cuestionado decreto. El 12-2014 fue aprobado por urgencia nacional en el Congreso el 8 de abril y entró en vigor el 25 del mismo mes. Según ese punto, los operadores telefónicos de Guatemala (Tigo, Claro y Movistar) tenían ocho meses para buscar soluciones tecnológicas para impedir las llamadas entrantes y salientes de celular desde las 22 prisiones, los 13 cárceles públicas en sede de la PNC y los cuatro centros de menores de Guatemala a partir del 24 de diciembre.

En el país, la extorsión como fenómeno empezó a percibirse masivamente en 2008, año en el que solo la Policía recibió 2,196 denuncias (20 veces más que las 168 que en 1991). De enero a septiembre de 2014, hubo 5,006. Hoy, el crimen organizado tiene uno de sus grandes activos para financiarse en la extorsión desde prisiones: escaso riesgo, máximo beneficio.

Hasta el 22 de agosto hubo al menos cinco reuniones técnicas. También algunas de alto nivel, entre el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Bienestar Social, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Presidios y operadoras. Aunque por ley el 9 de noviembre se vencía el plazo para que las telefónicas presentaran sus propuestas tecnológicas ante la SIT,tras las visitas a los centros, la detención de Camargo paralizó casi todo: visitas, reuniones y la entrega del documento el día 9. Por más de tres meses.

Las llamadas para extorsionar desde centros carcelarios representan actualmente alrededor de 10 millones de minutos de llamadas mensuales que implican un ingreso de Q2.5 millones al mes para las telefónicas, según estimaciones del Ministerio de Gobernación. Solo entre enero y noviembre fueron decomisados 2,267 teléfonos en las cárceles, según el Sistema Penitenciario. Un celular por cada 9 reclusos. Hay 18,460 personas que hay encarceladas, de las que 1,669 son mujeres.

Las telefónicas niegan que la extorsión en centros privativos de libertad les suponga una gran ganancia. Una fuente que participa en las negociaciones advierte que la pérdida de tráfico no va a ser significativa, en un país en el que el Gobierno pretende recaudar Q1,300 millones solo en impuestos. “Cortar llamadas se ve muy mal en la industria mundial de telecomunicaciones. Pero el bloqueo es porque la autoridad lo pide, y aunque ninguna telefónica lo ha impugnado, hay una clara inconstitucionalidad”, dice una fuente gubernamental, que participa en el proceso negociador.

Tres cartas enviaron Tigo, Claro y Movistar al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, entre agosto y noviembre. Pedían seguridad y energía para los equipos y sistemas; instalación de sistemas de control de ingreso de objetos y sustancias prohibidas, que nombrara un enlace oficial para la entrada en los centros y seguridad para el personal técnico que realizara las pruebas y tareas de instalación, indica Karen Cabrera, gerente jurídico de Claro.

Continuaron trabajando las soluciones tecnológicas, pero sin entrar a las prisiones, e informaron extraoficialmente a las instituciones qué sistemas iban a instalar: bloqueadores e inhibidores, confirman en Gobernación. Como respuesta a estas cartas, y ya en noviembre, hubo una del ministro en la que aceptó la conexión al sistema eléctrico de prisiones.

Más de 4 millones de dólares

El 2 de diciembre se produjo la primera reunión en tres meses. Un día antes fue nombrado el nuevo director de Presidios y, a continuación, dos interlocutores de Gobierno para acelerar el proceso con las telefónicas. “El problema ocurrido con el capitán Byron Lima provocó atrasos”, admite Ricardo Sagastume, presidente del Consejo de Telecomunicaciones.

La solución, que debería entrar en vigor el 24 de diciembre, será mixta y costara US$3.7 millones a las operadoras (Q28 millones), divididos en partes iguales.

Para el bloqueo, las telefónicas redireccionarán las antenas aledañas a los centros de privación de libertad e inhibirán la potencia de las radio bases que alimentan las áreas donde están las prisiones. Aparte, las compañías instalarán algunos equipos inhibidores de señal en los 22 centros carcelarios. ¿Y las poblaciones que estén cerca de de prisiones? Sí, habrá problemas con la señal, afirman todos los consultados.

A los Q28 millones habrá que sumar un añadido con el que las telefónicas no contaban: las instalaciones de sistemas de cableado para adherirse al sistema eléctrico de las prisiones. El consumo, les dijo el ministro López Bonilla el día 2 de diciembre, durante su primera reunión en tres meses, sí correrá a cuenta de Gobernación.

El papel del Gobierno será el monitoreo, afirma Juan Carlos Argueta, viceministro de Tecnología. Cada 15 días desde el 24 de diciembre, Gobernación realizará revisiones para verificar los resultados del bloqueo. ¿Pero cuál es el porcentaje máximo de éxito del 1 al 100? “La Ley no tiene la claridad que debería, hay ambigüedades”, responde el funcionario.

“En estas discusiones sobre los equipos existe sangre”, dice Argueta refiriéndose al sentido humano de un problema como la extorsión dentro de una norma muy técnica. Las telefónicas confían en que el Estado proteja los sistemas con vigilancia 24 horas. También esperan que exclusivamente entre equipo técnico a las áreas de bloqueo, ni siquiera personal de limpieza, para que ni empleados ni reos puedan atentar contra los equipos. Pero Argueta ya lo advierte: “El Gobierno no puede dar mantenimiento a equipos que no van a ser nuestros”.

Según una fuente experta en telecomunicaciones que también forma parte del proceso, las operadoras necesitan infraestructura, pero como Presidios no tiene presupuesto, la manera más fácil es apagar las antenas el día 24.

El bloqueo y bajada de intensidad de la señal no va ser 100% efectiva. Lo dicen todos: gobierno y empresas. “Pero si no es infalible, le permite un control al SP de los agujeros en los que sí hay señal. Y habrá que hacer una labor de comunicación con las poblaciones aledañas”, dice Acisclo Valladares, presidente de la Gremial de las Telecomunicaciones y jefe de Asuntos Corporativos en Tigo, que también rechaza el beneficio económico para las telefónicas de la señal en las cárceles: “Se cursa tráfico, sí, pero no hay interés en tenerlos abastecidos”.

El decreto a la carta para las telefónicas

El 25 de abril de 2014, entró en vigencia el decreto 12-2014, una norma de larguísimo nombre (Ley de Control de las Telecomunicaciones móviles en Centros Privativos de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos). La Ley de 21 palabras fue muy polémica porque trataba temas completamente distintos. Su aprobación en el Congreso, el 8 de abril, fue considerada de urgencia nacional en base a un punto de la ley que representa la primera mitad de su título, para frenar las llamadas extorsivas del crimen organizado desde prisión. Pero la segunda parte de la Ley favorecía la instalación de antenas, cables y postes en Guatemala para aquellas empresas que dispusiesen de, al menos, 6,000 kilómetros de banda ancha o más de 100,000 líneas. Es decir, las tres operadoras.

La decena de impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad que recibió la normativa, entre las que se incluyó una acción de inconstitucionalidad de la Cámara de Industria (en nombre de las tres operadoras) en contra de tres artículos, no afectó a la mínima parte de la Ley vinculada a la reducción de la extorsión del crimen organizado. Dicen las telefónicas que la Ley venía a poner orden al método de pago para instalar antenas, postes y cables en las municipalidades, porque los municipios abusaban históricamente en los cobros, hasta en un 87%, según la gremial de las Telecomunicaciones y el Consejo de Telecomunicaciones (en el que no está representado Movistar). La Asociación Nacional de Municipalidades, junto con otras cinco entidades, presentó cinco acciones de inconstitucionalidad. Tres fueron desestimadas.

Con la nueva ley, los operadores telefónicos pueden solicitar la autorización para instalar antenas o bien a las municipalidades o ahora también a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero ninguna ha recurrido a la SIT, según fuentes de las tres empresas. En la práctica, “se favoreció la transparencia y [las municipalidades] ya no pueden sacarse un cobro de la manga”, dice una fuente de una telefónica.

Una revisión profunda del Sistema Penitenciario para establecer una política nacional. Por ahí se debería empezar, según el director del Consejo de Telecomunicaciones, Ricardo Sagastume. “Es una Ley que regula una parte técnica y luego habla de temas de seguridad y que se aprobó sin haber hablado antes con las telefónicas. El problema es creer que esta Ley acabará con la extorsión”, opina.

¿Otra medida que fracasará?

La Ley de Régimen Penitenciario, vigente desde 2007, marcó la prohibición de tener teléfonos celulares en la cárcel. Pero no estableció sanción si el reo tiene un cel. Ese mismo año, el Sistema Penitenciario compró equipos de bloqueadores para 11 centros carcelarios, empezando por el Infiernito, en Escuintla. Pero en todos los centros pasó igual: había zonas donde sí había señal, la corrupción de funcionarios permitía la entrada de celulares y los reos sabotearon los equipos. Eso y un pleito con la empresa que los instaló, en el que el gobierno de Óscar Berger la acusaba de no bloquear totalmente la señal y la empresa de que no le habían pagado lo que les debía, definió la funcionalidad de las medidas: ninguna. Los bloqueadores operan como mucho al 70%, excepto en Fraijanes y el preventivo de zona 18, donde alcanzan el 100% porque funcionan con inhibidores de señal, que fueron instalados a finales del gobierno de Álvaro Colom.

En 2013, el Congreso aprobó la Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas. Era una primera medida para obligar a la gente a registrar sus teléfonos y así tener un registro de teléfonos robados y hurtados (aunque incluye extraviados y bloqueados). Sólo en octubre se acumularon 23,660 celulares robados. La Ley también penalizaría la entrada y el uso de celulares en prisión. Eleonora Muralles, desde el Movimiento Pro Justicia, cabildeó intensamente para que el registro saliera adelante, pero es poco crédula respecto al decreto 12-2014. “El extorsionador gana un montón de dinero sin gastar un centavo porque obliga al extorsionado a comprar el chip y a las telefónicas no les interesa que se acabe ese negocio”, opina. El decreto 12-2014, oLey de 21 palabras, es el segundo y cuestionado intento para reducir la extorsión. “Pero si persiste la corrupción, da igual la solución tecnológica”, cuestiona Corinne Dedik, investigadora del Centro de Estudios Económicos Nacionales.

Esta norma está inspirada en una similar que se impuso en Honduras. Allí la experiencia fue que había muchos fallos: los reos, ante el bloqueo y la inhibición, empezaron a meter teléfonos satelitales.