Después de un 2016 de retrasos que llevaron a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, a protestar públicamente en diciembre, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia empezó 2017 con la diligencia de 2015, cuando hubo mayor presión de la CICIG y el MP y la opinión pública para investigar a diputados y funcionarios acusados de corrupción. Estas son sus primeras decisiones del año, en cinco puntos.
1. Camino cuesta arriba: antejuicios a diputados
La CSJ admitió las solicitudes de antejuicio (de mayo de 2016) contra los diputados Arístides Crespo (MR), Manuel García Chutá (MR), Carlos Enrique López Girón (Todos) y César Fajardo (UNE), que ocuparon cargos en la Junta Directiva del Congreso en 2015 y ahí, según el MP y la CICIG, avalaron la contratación ilegal de 180 trabajadores en el Congreso.
También recordaron que habían quitado la inmunidad al presidente legislativo de 2015, Luis Rabbé (se la quitaron en agosto, justo un día después de que se fugara a Nicaragua).
Este es solo un primer paso para que se haga justicia. Un juez pesquisidor aún debe analizar el caso y en un plazo de 60 días tiene que rendir un informe para definir si los diputados deben perder o no la inmunidad. Solo si pierden ese privilegio puede empezar una causa penal en su contra, pero con amparos u otras tácticas legales la defensa de los diputados podría retrasar más los procedimientos. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que tiene expectativas positivas “pese a las presiones, ataques y ofensiva contra el Ministerio Público y la CICIG”.
La propuesta de reforma constitucional del MP, la CICIG y la PDH, busca que se cambie la Constitución para que los funcionarios no tengan este derecho a inmunidad, pero la mayoría de diputados, encabezados por FCN, se negó a aprobarla el 28 de noviembre de 2016; la discusión en el pleno se retomará en enero.
2. Ovalle: Un año de impunidad
Hace un mes, el 9 de diciembre de 2016, el jefe de la CICG, Iván Velásquez, cuestionaba por qué el antejuicio contra el diputado Edgar Ovalle, de FCN-Nación, presentado desde el 7 de enero de 2016, todavía se había resuelto. El MP acusa al diputado Ovalle, mano derecha de Jimmy Morales, de ser uno de los responsables de masacres en las Verapaces en los años 80 durante la guerra.
El comisionado ponía en tela de duda la efectividad del sistema de justicia que atrasaba la causa contra el legislador señalado de participar en el caso conocido como CREOMPAZ. Hoy, la magistrada Vitalina Orellana, presidenta de la Cámara en la que se tramitan los antejuicios, echó la culpa a la Corte de Constitucionalidad por un retraso de casi 6 meses. Los otros 6 meses, argumenta, fue que una jueza, Benicia Contreras, se había excusado de conocer el caso y luego había tomado vacaciones. Y protestó porque se le cuestionara por este retraso de 1 año. Será el próximo 9 de enero cuando la jueza Benicia Contreras retome el caso.
3. Diputado Amílcar Pop, libre de culpa
Al diputado de Winaq, Amílcar Pop, antes de la Asociación de Abogados Mayas, el MP lo acusaba de haber protegido durante las manifestaciones de 2015 a dos acusados de asesinatos en San Juan Sacatepéquez que estaban manifestando en el parque central de Ciudad de Guatemala. Según la Corte, el diputado Pop no fue el responsable de que la Policía no pudiera capturar Andrés Parzán Locón y Raxón Boror, sospechosos de participar la muerte de 6 personas en San Juan Sacatepéquez. La noche del 13 de junio del 2015, en realidad había sido una mediación de la PDH, activistas y el diptuado Pop para evitar que la Policía detuviera a un bus de manifestantes de San Juan Sacatepéquez contra el gobierno de Pérez Molina. Supuestamente ahí se encontraban los dos sospechosos. Según la CSJ, fue el Director de la Policía el responsable de que no se concretaran las capturas esa noche.
4. ¿Freno a las mega-hidroeléctricas?
La Corte Suprema de Justicia acaba de mover el tablero en la producción de energía del país y la conflictividad que ha provocado.
La población de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, debe ser consultada para saber si está de acuerdo o no con los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que utilizan el río Cahabón. Esa es la decisión de la Corte Suprema, que resolvió en definitiva un amparo presentado por Bernardo Caal, que forma parte de la organización comunitaria en ese localidad. Los pobladores deben dar su consentimiento para que el proyecto de generación de energía siga su curso, o de lo contrario, el grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC) podría perder la licencias de concesión sobre el caudal. Las comunidades dicen que se debe respetar su opinión como lo establece el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el río Cahabón funcionan también las hidroeléctricas RENACE, del grupo empresarial Corporación Multi Inversiones.
5. La justicia avanza hacia el Gobierno de Jimmy
Por primera vez, la Corte resolvió dar trámite a una solicitud de antejuicio contra un miembro del gabinete del presidente Jimmy Morales. Se trata de la ministra de Trabajo, Aura Teleguario, por no dar cumplimiento a una orden de la Corte de Constitucionalidad, ya que la funcionaria supuestamente debía reinstalar en sus puestos a un grupo de trabajadores que fueron separados de su cargo. Sobre este caso no ofrecieron más información. Tampoco sobre otro caso del gabinete de Jimmy Morales, que muestra los efectos de los retrasos de la Corte.
Antes de que resolvieran si quitaban la inmunidad al secretario privado de la Presidencia, Rodrigo Colmeres, este presentó su renuncia en diciembre por otros motivos.
Roberto M. Barreto /
Aprovechando la tormenta política desatada en las cortes, hay un grupo de corruptos liderados por Jose Moreno y Chepe Rodriguez Wer que se dedican a seguir con la corrupción del PP de la Exvicepresidente Baldetti y su secretario Monzón. Por un lado elperiodico reporta que Mides adjudica a última hora Q4.7 millones a única empresa cuyo giro comercial no esta autorizado. Las compras se realizaron a proveedor que desde 2004 se dedicaba a actividades eléctricas. José Moreno dirige el Mides una de las carteras señaladas de baja ejecución el año pasado y la cual tiene a su cargo los programas sociales. cinco de diciembre la entidad adjudicó juegos de ollas, colchonetas, machetes, azadones, piochas, molinos de nixtamal y palas con la Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, Sociedad Anónima (Dimps).
De acuerdo al portal de Guatecompras el nuevo proveedor del ministerio, se los siete eventos únicamente se presentó una inconformidad en la que hace mención que existió una mala calificación por parte de la junta quien adjudicó contratos a una empresa que no acredita como experiencia la entrega de productos agrícolas.
Desde 2004 a 2015, el máximo comprador de Dimps ha sido el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a quienes ha vendido más de Q450 millones. Por otro lado Prensa Libre en su edicion de hoy denuncia que Programas sociales continúan sin control, haciendo eco de la sindicacion de la Contraloría que encontró corrupción en transferencias por Q505.3 millones. El Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pagó Q505 millones 340 mil para cumplir con el Programa de Transferencias Condicionadas, y aunque reporta que benefició a 657 mil 799 familias, utilizó el padrón que elaboró el Partido Patriota (PP) en el 2012. El ministro de Desarrollo, José Moreno, admitió que se utiliza un padrón que se tiene desde el 2012. El padrón que se elaboró durante el gobierno del PP fue criticado en ese tiempo porque se denunció su uso con fines políticos, pues beneficiaba a los allegados o afiliados al partido, al punto de que sus candidatos aprovechaban electoralmente las entregas de dinero.La Contraloría General de Cuentas (CGC) detectó los ilicitos en el programa de transferencias condicionadas a través de una auditoría especial que se encuentra en proceso en este momento. Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creado en 2012 como el ente rector de los programas sociales destinados a la población más necesitada, es la entidad de Gobierno con la más baja ejecución en lo que va del año, de solo Q53.2 millones, o sea un 5.2% del total asignado, de Q1,025.50. Y de este presupuesto el 90% se ha ido en el salario del Ministro Moreno y su Viceministro Rodriguez Wer asi como una rosca de asesores. A finales de 2016 entidades de la sociedad civil pidieron que se cerrara ese antro de corrupción. Que por cierto una investigación de Siglo 21 destaca que las empresas contratadas estan ligadas a Monzón y su jefa expresidente Baldetti. Para muestras un botón de un discurso que se quedo en palabras: Cero tolerancia a la corrupción y No soy corrupto ni ladrón.
Jorge Hernandez /
Me parece que la cosa se puso "caliente " para el presidente incluso ya que uno de sus mas cercanos consejeros y operadores políticos esta por caer... y se trata de nada menos que el famoso "rey del Tenis" que se comenta en las redes sociales es ahora el "rey de los sapos" porque anda de cantante en la CICIG para ver como se quita las investigaciones... pero parece que no le han dado resultados por la noticia de esta mañana de que Roberto López Villatoro, apodado el Rey del Tenis, habría sobornado al magistrado Eddy Orellana para favorecer a candidatos en comisiones de postulación. (Prensa Libre: Hemeroteca PL) La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), tiene evidencia de que el abogado Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, convenció al magistrado para apoyar a candidatos cercanos a él (está relacionada la magistrada Vitalina Orellana, que según el Comisionado tiene relación de “confianza” con abogados del referido bufete.). El magistrado sindicado de corrupción Orellana conoció el expediente de ocho de los 26 candidatos que pasaron en la terna que llegó al Congreso, entre ellos estaba la actual presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés. “Este es un caso realmente lamentable, no es para la alegría, es para la decepción”, refirió el Comisionado de Cicig, Iván Velásquez Gómez. Segun la historia "Para motivar a Orellana Donis a colaborar con López Villatoro, en los últimos meses del 2013 unos abogados le entregaron las llaves de un apartamento en un sector exclusivo de la zona 14. El magistrado se mudó a esa vivienda junto a su esposa, sin saber que había sido despojada a los propietarios originales.
De acuerdo con la Cicig, la estructura relacionada a López Villatoro ha recaudado 300 millones para beneficiar a la estructura de las mafias y la impunidad. El Rey de los Sapos negocia informacion con la embajada amearicana para evitar que lo metan a la carcel, y algo de cierto hay ya que en otros casos los sindicados han sido detenidos, pero misteriosamente al Rey sapo NO.
David Pineda /
La situación de la justicia en Guatemala es deplorable, pero armoniosa con la situación general; nuestro subdesarrollo es generalizado. Lastimosamente los peores son quienes ocupan los puestos importantes y críticos. Desde un presidente que no tiene ni idea de cómo hacer avanzar al país, pasando por magistrados de la CC y de la CSJ que no saben ni escribir. A todo esto se suma un muy buen comisionado de CICIG. Que es excelente en su trabajo, pero que no tiene la madurez (por decirlo de alguna forma) de aceptar que también es deshonesto juzgar a corruptos con jueces corruptos, que le dicen sí a todo porque los motiva el miedo y no la ley.
Todos juegan a la política (mala) en Guatemala, incluida la Fiscal General. Tienen visión de intereses propios y no de país. La FG por ejemplo prefiere ganar un caso y ser aplaudida, a fortalecer el sistema jurídico porque eso implicaría perder el caso.